Materia Pendiente

"La supervivencia de la especie humana depende de un cambio civilizatorio"

2011-10-30T17:53:00.000-07:00

Comprometido con los Derechos Humanos y con posturas definidas frente al sistema y la moralidad, Zaffaroni nos cuenta su visión de un mundo en crisis. El ministro de la Corte Suprema habla de la relación entre la ciencia, la Justicia y el medio ambiente; de la salud en una sociedad “medicalizada” y de la invisibilización de los pueblos originarios.

Producción: Florencia Yanniello, Juan Manuel Mannarino
Textos: Florencia Yanniello

El doctor Zaffaroni, especialista en derecho penal, Doctor Honoris Causa en más de diez universidades argentinas e internacionales y pionero en la explicación a partir de la teoría criminológica del genocidio cometido por la última dictadura militar, asegura que vivimos en una sociedad en riesgo, en la que el acceso a la Justicia es desigual.
Señala que Argentina está atrasada en legislación ambiental, que la medicina está reservada para una elite y que la Justicia puede resolver cuestiones provisorias, pero que los verdaderos cambios deben darse en el sistema. Un recorrido por los principales temas que estuvieron en debate durante sus ocho años como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Justicia y medio ambiente

• ¿Qué rol cree que tiene hoy la Justicia dentro de los conflictos ambientales?

Obviamente nos movemos a veces entre intereses contrapuestos, entre la preservación del medio ambiente y la supervivencia poblacional, porque la gente tiene que vivir de algo y toda actividad humana es contaminante en alguna medida. Pero el gran problema es determinar hasta qué punto esa contaminación humana es tolerable. El ser humano ha contaminado todo el planeta, ha mezclado especies, transferido enfermedades. Hay un
gravísimo riesgo de que éste sea uno de los últimos siglos de supervivencia de la especie en la Tierra.
La Justicia puede tratar de frenar las manifestaciones más nocivas que pueda tener esta explotación depredatoria, pero no es ella la que va a resolver la cuestión; acá hay un problema de sistema. Lo que podemos hacer es provisorio, podemos ir “parando cositas”, pero hemos pasado el límite. En el último siglo hemos destruido más el planeta que en todos los milenios anteriores y no es la Justicia la que puede cambiar un sistema. Eso de que vamos a penalizar y que a través del derecho penal y punitivo vamos a salvar el Amazonas es mentira, por esa vía no vamos a poder. Acá lo que se requiere es un cambio civilizatorio, mientras ese cambio no se haga, lo que podemos hacer son paliativas. Se pueden hacer cosas importantes localmente, regionalmente, pero seguimos contaminando, quemando petróleo a rolete y ese es el grave problema. Hay novedades en el ámbito jurídico, del neoconstitucionalismo latinoamericano. El reconocimiento de la personería jurídica de la naturaleza en la Constitución de Bolivia y en la de Ecuador son cosas importantes, pero insisto, la supervivencia
de la especie humana depende de un cambio civilizatorio, no es con instrumentitos jurídicos que vamos a resolver el problema.

• ¿Cómo evalúa la legislación argentina en materia ambiental con respecto a la de otros países?

Estamos bastante atrás todavía, tenemos que hacer leyes más precisas y siempre vamos a tener el problema de la supervivencia, la fuente de trabajo y el medio ambiente. Insisto, no es la ley penal la que nos va a salvar, no porque agarremos a un cazador de nutrias vamos a salvar el medio ambiente, sin perjuicio de que es bueno conservar las nutrias, ese es otro problema, pero lo que está pasando es planetario y es bastante serio.

• Usted habló sobre el derecho ambiental vinculado a otros tipos de derecho, ¿cómo es esa relación?

Sí, el derecho ambiental plantea algunas novedades que son sumamente interesantes. En principio, históricamente nuestra tradición más o menos kantiana, o hegeliana, señala como titulares del derecho solamente a los seres humanos. Hay derechos que no son humanos, lo cual en la tradición jurídica suena muy raro. Hablar de derechos de la naturaleza o de los animales y de seres que no existen, -que son las generaciones futuras-, suena a discursos autoritarios, porque fueron los fascismos los que siempre hablaron de las generaciones pasadas, presentes y futuras, e hicieron del Estado una imagen antropomórfica.
Por otro lado, hablar de derechos no humanos llevó en alguna medida, en la historia jurídica, a hablar de ídolos, que se han ido inventando en todos los autoritarismos. Sin embargo hay un replanteo de todo esto en el derecho ambiental, que va por otro lado. Los animales tienen derecho a la existencia aunque sea como especie, la naturaleza tiene una existencia y las generaciones futuras también son un objeto de protección, lo cual le mueve todos los esquemas al jurista tradicional.

• En ese sentido, ¿le parece que la Justicia hoy contempla a las generaciones venideras?

En realidad a las generaciones venideras no las estamos tutelando si no es a través de un cambio de sistema. Las cosas que dice Leonardo Boff son ciertas, no las podemos discutir. No sabemos si el ser humano va a seguir sobre el planeta o los pulpos cefalópodos del fondo del mar van a desarrollarse dentro de diez millones de años y van a decir que hubo unos gigantes medio estúpidos que se agotaron por creer en el sistema penal, en el sistema punitivo. Éste es un siglo interesante, las cosas que están pasando no han pasado nunca.
Que Estados Unidos esté al borde de una crisis; que China sea la que tenga la mayor cantidad de bonos y papeles de los Estados Unidos; que Europa se esté debatiendo acerca de qué diablos hace con el euro; que las finanzas internacionales se hayan sincretizado con las finanzas ilícitas en forma tal que contribuyen a esta catástrofe; que tengamos un hemisferio al que se le ocurre hacer un organismo internacional para mantener el monopolio del lavado de dinero, -la distribución internacional del trabajo en la venta de tóxicos entre México y Estados Unidos, en donde México se queda con los muertos y Estados Unidos con la renta-; son cosas absolutamente insólitas.
Frente a la cosmovisión que podíamos tener hace 30 o 40 años de un mundo bipolar, esto es otro mundo en el cual se nos mueven todos los esquemas, incluso dentro del plano jurídico. Es un sistema que entra en crisis, esto es global. En América del Sur estamos medianamente protegidos, en América Central y América del Norte, no tanto.

• ¿Cuáles fueron los temas centrales en relación al medio ambiente que se debatieron en la Corte durante sus ocho años como miembro?
Lo más importante fue lo que hemos impulsado con respecto al Riachuelo. Ha habido medidas cautelares frenando algunas explotaciones, pero creo que eso es lo central. Insisto en que éstas son paliativas, hay que mirarlo desde otro ángulo. La hipótesis Gaia parece real, este planeta va a estornudar y nos va a sacar de encima en algún momento.

• En este cambio civilizatorio que usted señala, ¿dónde pondría el eje, en la política, en la educación…?

Fundamentalmente en la economía. Hay que empezar a pensar que no podemos propulsar sociedades que consumen cosas innecesarias, mientras tenemos continentes olvidados con 40 o 42 años de promedio de vida. Somos una especie muy agresiva, en el siglo pasado hemos destruido por acción de los estados, fuera de los conflictos bélicos, entre 100 y 150 millones de personas.

• ¿Cuál cree que debería ser el rol de la ciencia y su relación con la Justicia en los conflictos ambientales?

El rol de la ciencia es importantísimo, nosotros tenemos que tener una idea para resolver esos conflictos. No somos técnicos, necesitamos de su auxilio, que nos digan cuál es el impacto y cuál es la realidad. Hay un impacto local de cada emprendimiento, pero hay una cuestión que es global y no la resolveremos remediando en forma puntual. Hay algo que nos está superando, hay un sistema que tiene un objetivo de acumulación de poder, de dinero, completamente depredatorio; nos estamos acomodando en el mejor camarote del Titanic. Ese es el drama de la época y del siglo,
antes podíamos decir que cualquier cosa que pasaba mataba unos cuantos millones de personas. Ahora vamos a desaparecer todos. No me pongo apocalíptico, puede haber mil razones que interfieran en esta dirección hacia el futuro, pero hay que impulsarlas.

Salud: medicamentos y aborto

• Se acaba de sancionar la nueva Ley (26.688/2011) de Producción Pública de Medicamentos (ver páginas 18 a 25) ¿cuál cree que es su mayor aporte?

No nos olvidemos que lo que precipita la caída de Arturo Illia en 1966 y la asunción de Juan Carlos Onganía es una ley de medicamentos menor que ésta. Hay intereses de grandes corporaciones internacionales por vender medicamentos cuyos envases tienen un costo superior al de sus contenidos. La fabricación nacional es lo que permite abaratar la medicación en una medicina que se va haciendo cada vez más compleja, por ende, cada vez más cara y sofisticada, y el Estado tiene que intervenir para que, pese a la sofisticación, pueda llegar a la gente. No debemos tener una medicina
reservada para una elite a la que se le prolonga la vida hasta más allá de lo que debería prolongársela y otros a los que se los deja morir antes de lo que tendrían que morirse.

• ¿Cuál cree que es en este caso la función que debe cumplir la investigación científica?

La ciencia -o el saber- tiene un problema y es que no está del todo alejada del poder. La investigación científica se orienta hacia determinados objetivos que no son pura especulación, no es pura curiosidad. Si se estudian ciertas cosas es porque se pone dinero, entonces la ciencia nunca es neutral. Hay un impacto político sobre el saber humano. Normalmente en nuestra civilización, el mismo se orienta a la dominación. Es un saber de señores, si como sujeto me dirijo a un objeto es porque quiero dominarlo, si le pregunto a la vaca no es por curiosidad sobre ella, sino para sacarle más leche. La vaca me contesta con toda su vaquidad: muge, y no estamos
preparados para recibir la respuesta con toda la entidad, porque es un saber dominante, no es un saber dialogal. No dialogo con la vaca o con la piedra, y cuando el objeto de conocimiento es otro ser humano, también lo pongo abajo. Es un saber de dominación, ese es el problema, pero esa es nuestra base civilizatoria, que nos lleva a un conocimiento, a un saber tecnocrático que provoca este efecto depredatorio general. Por eso no es tan fácil el cambio, porque tiene que darse en el sistema. Y no sé si se dará antes de una catástrofe, -espero que sí-, pero esto es parte de la esencia de nuestra civilización; una civilización acumulativa de poder.

• ¿Cómo ve el autoconsumo de medicamentos y a la “medicalización” de la sociedad?

Hay un uso tóxico de los medicamentos. Vivimos en una sociedad en donde hay un abuso de fármacos de toda naturaleza y sobre todo de psicofármacos, hay un reparto a la marchanta que es impresionante, hay dependencia, y eso atraviesa todas las franjas etarias. La Ley de Producción Pública de Medicamentos tiene límites. Creo que puede influir en la conciencia de la categoría médica, que no puede repartir psicofármacos a todo el mundo. Si estoy nervioso me tomo tal cosa… En realidad, si está nervioso, bánquesela, vaya a nadar, corra, cuélguese de la lámpara un rato. Pero como uno va al médico y le dan pastillas, se va conforme.
La ley y la Justicia tienen límites. Hay que tener mucho cuidado con las prohibiciones, que muchas veces hacen que cualquier porquería se convierta en oro. Si uno no reduce la demanda de algo y lo prohíbe, lo convierte en oro, es alquimia. Pasa con todo lo tóxico, lo prohíben, pero lo tiran en medio de una sociedad estratificada, y genera una violencia terrible.

• ¿La despenalización del consumo de marihuana y el aborto tienen una misma mirada jurídica o un denominador común?

Sí, tienen una mirada jurídica, más bien criminológica, similar. Sin embargo, no es la despenalización de la marihuana la cuestión; despenalizar es otra cosa, es dejar la venta libre, no es ese el asunto, porque además no lo podríamos hacer. La cuestión es reconocer que cada uno puede hacer de su cuerpo lo que quiera. Si puedo cortarme un dedo, puedo fumarme un cigarro de marihuana. Que es bueno que no me corte el dedo, es otra cosa, pero no es un delito, estaré enfermo. Es la esencia del artículo 19 de
la Constitución Nacional, que es el eje central de nuestro sistema jurídico, distinguir entre lo que es la moral individual y lo que es el derecho, el
pecado y el delito.
Lo que hay en común es que hay manifestaciones de criminalidad de mercado en los dos casos. En cuanto a los tóxicos prohibidos, porque genera una plusvalía totalmente desproporcionada con lo que se prohíbe y como resultado de eso se genera una organización de producción, distribución, etc.
En el caso del aborto pasa algo parecido. Si nos preguntamos por qué su prohibición no causa más protestas en nuestra sociedad, la respuesta es: porque aborta en ondiciones de seguridad, y este servicio lo practican
los aborteros. Eso es una forma de criminalidad de mercado. Obviamente la prohibición penal no sirve para nada, porque hay un sector que no se preocupa, ya que aborta tranquilo, y el sector más bajo de la escala social es el que paga las consecuencias. Desde una clase media baja en adelante se aborta en condiciones de seguridad. Entonces no seamos hipócritas, lo que hay que bajar es el número de fetos, sentémonos a pensar cómo. La realidad es esa, quien está afectada es la mujer que tiene que ir al hospital, la de mayor carencia.
¿Cuántos abortos han pasado por mi mano en 35 años de juez?, creo que me sobran las dos manos. ¿Cuántos casos de punición por aborto me han llegado a la Corte en ocho años?, uno. Esa es la realidad sobre el aborto.

Los pueblos originarios y el sistema judicial

• ¿Cree que los pueblos originarios hoy tienen acceso a la Justicia?

No, no lo tienen, son invisibilizados, en general se dice “no tenemos indios”, se ignora su situación. Obviamente no somos Ecuador, Perú o Bolivia, y los pueblos originarios sobrevivientes de los genocidios que se practicaron están aislados en nuestro territorio. Si estuvieran concentrados, si hubiera un único pueblo originario, tendría un rédito político, serían diputados, etc. Como no es así, están dispersos en nuestro territorio, entonces no son negocio político. No es el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo.
El problema está, en primer lugar, en el no tener una representación política de grupos que interese numéricamente y cuya estructura, toma de decisiones y cultura es un poco difícil de compatibilizar con la democracia participativa. Creo que hay que buscar una forma práctica de que tengan representatividad de alguna manera. En segundo lugar, el inconveniente es el de que en todo proceso de esta naturaleza están los pseudo caciques. Muchas veces no se sabe con quién se está hablando, si realmente es alguien que representa o no. Creo que habría que reforzar el apoyo jurídico a los
abogados que trabajan con ellos, eso es muy importante.
Desde las universidades deberíamos darles apoyatura, se plantean muchos problemas jurídicos serios, de propiedad, de tierras, administrativos, de carencias no atendidas, de discriminación. Creo que una de las funciones más interesantes que podría tener nuestra universidad es apoyar a los que están en el terreno en todas estas materias. No sustituirlos, sino brindarles la apoyatura técnica.

• ¿Qué piensa de los sectores de los pueblos originarios que no reconocen al Estado argentino?

Bueno, muchos motivos para reconocerlo no tienen, habrá que paulatinamente darles motivos para que lo reconozcan.

• ¿Considera que la Ley de Relevamiento Territorial (26.160/2006) contribuye a la inclusión de los pueblos originarios?

Sí, claro y también para parar la deforestación, que es uno de los más grandes problemas que tenemos en nuestras provincias, y ahí se mezcla la cuestión de medio ambiente con la supervivencia de pueblos originarios. El bosque natural es el supermercado del pueblo originario. Si matamos el bosque, matamos a las culturas físicamente.

• La implementación de la Ley está costando en algunas provincias, ¿cree que el escenario es complicado porque la ley es transformadora?

Claro, no nos olvidemos que algunas provincias tienen algunas características algo feudales, donde hay intereses muy concretos. Uno a nivel nacional puede decir muchas cosas, pero después el Estado se manifiesta en conflictividades locales.

Salió Materia Pendiente Nº13

2011-10-30T17:34:00.000-07:00

INFORME CENTRAL

Medicar con la ley

¿Qué cambia en el país con la nueva Ley de Producción Pública de Medicamentos? ¿Podrá asegurarse el acceso a las poblaciones más necesitadas? ¿Cómo será el rol de las universidades? ¿Qué ocurrirá con los laboratorios del Estado? Un recorrido local y regional en torno a la investigación, la producción y el consumo de los remedios.

Encuentros

Entrevista con el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni

El juez habla de la relación de la ciencia y el medio ambiente con la Justicia; el aborto, las drogas; la salud en una sociedad “medicalizada”; y la situación de los pueblos originarios ante el sistema judicial.

Además:

MEDIO AMBIENTE

Sacar el cuero

A través de los casos del Riachuelo, el Río Luján y la Cuenca San Francisco-Las Piedras, en Quilmes, conocemos de qué manera la industria de las curtiembres influye en la contaminación de nuestros ríos.

DEMANDAS

Tierras en disputaas en disputa

Un análisis del conflicto generado a partir de la cesión del predio de la UNLP -ubicado en Villa Argüello- a miembros de ATULP para construir un complejo de viviendas. Las diversas discusiones que involucran además a vecinos, docentes y estudiantes.

POLÍTICA ACADÉMICA

Un buen Consejo

Nos acercamos a la experiencia del Consejo Social, el nuevo espacio de la UNLP que surge para profundizar los vínculos entre diferentes sectores de la comunidad y la Universidad.

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Debates sobre el cambio climático. En busca de las respuestas para enfrentar los problemas del futuro.

2011-10-30T16:47:00.000-07:00

La crisis del clima alerta a la humanidad; mientras los principales países causantes de los gases de efecto invernadero se niegan a modificar sus pautas de consumo energético, diversos sectores denuncian el sistema de producción y consumo y buscan alternativas. Un recorrido por las estrategias gubernamentales, las iniciativas científicas y los aportes de los movimientos campesinos e indígenas frente a un fenómeno que se hace cada vez más visible.

Por Florencia Yanniello

Si bien en un primer momento la ciencia dudaba acerca de las causas del cambio climático, hoy existe consenso en la comunidad científica en que está vinculado con la actividad humana. Los procesos que causan este cambio en el clima están relacionados con la presencia atmosférica de los denominados “gases de efecto invernadero”, tales como el dióxido de carbono y el metano, sustancias que retienen la radiación solar y aumentan la temperatura del aire que se distribuye luego a nivel global por la circulación atmosférica. El “efecto invernadero” es necesario para que exista la vida en la tierra, sin embargo, hoy está desequilibrado ya que se llevó, en pocos años, a niveles notablemente altos.
Vicente Barros, director de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), señala en su libro El Cambio Climático Global, que “el calentamiento global amenaza con la extinción de especies más devastadora de los últimos millones de años y, de persistir por mucho tiempo, haría de la superficie de la Tierra algo muy distinto de lo que es actualmente. Estos cambios vendrían acompañados de catástrofes y conflictos, algunos de los cuales ya se pueden vislumbrar”.
Otra de las consecuencias del calentamiento global es su efecto sobre los glaciares; el aumento de la temperatura regional y el ascenso de la línea de nieves permanentes, disminuyen el potencial de alimentación de los glaciares con nieve nueva, y aumentan el derretimiento de las porciones de los glaciares expuestas al contacto con la atmósfera.
Jorge Rabassa, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro Austral de Investigaciones Científicas CADIC) de Ushuaia, advierte que la desaparición de los glaciares podría ser un desastre planetario. “El retroceso de los glaciares debido al calentamiento global provocará finalmente la desaparición de los pequeños glaciares de montaña, con impacto sobre los recursos hídricos en las cuencas, la pérdida de recursos de interés turístico y de parte de nuestro patrimonio natural”.
Rabassa asegura además que “lo más importante del retroceso de los glaciares es que ellos nos están advirtiendo acerca de la magnitud y alcances del calentamiento global, el cual tiene múltiples impactos en la vida humana, tales comoen la salud, la disponibilidad de agua, la biodiversidad, el ascenso del nivel del mar, problemas en la agricultura y ganadería, deterioro de los bosques, etc.”.
Si bien existe una Ley de Glaciares que los preserva del impacto de la minería,
esta legislación es irrelevante para protegerlos del calentamiento global. En este sentido, Rabassa afirma: “Los glaciares son vulnerables al aumento de temperatura y a nivel internacional, han sido considerados indirectamente por los tratados de cambio climático, el protocolo de Kyoto y otros acuerdos internacionales, pero dado que estos acuerdos no se cumplen, la protección es inexistente”.

Lo que se debería hacer

Los científicos discuten si es posible frenar este fenómeno; el mayor interrogante es cómo se puede llegar a un punto de quiebre en el proceso del calentamiento global. En este sentido, Vicente Barros, en su libro El Cambio Climático Global, señala que ese quiebre podría darse a través de un proceso consciente y ordenado a partir de decisiones políticas globales, o simplemente a través de un cambio impuesto por la catástrofe ambiental.
“En el mejor de los casos la negociación internacional trata trabajosamente de controlar las emisiones. Esto estabilizaría las concentraciones pero no en el siglo XXI. Debido al prolongado tiempo de vida de los gases de efecto Invernadero en la atmósfera, para lograr el equilibrio en sus concentraciones atmosféricas es necesaria no una estabilidad en las emisiones, sino una sustancial reducción”.
Para esto, se deberían reducir las emisiones necesarias hasta lograr la estabilidad de las concentraciones con respecto a los niveles de 1990 en pocas décadas. Según Barros, la reducción requerida de combustión de hidrocarburos no podría alcanzarse en menos de 20 años “por un cúmulo de razones políticas, económicas y culturales.”
Con respecto a las posibles acciones a llevar adelante frente al cambio climático, Jorge Rabassa sostiene: “La solución a largo plazo es la disminución del contenido de dióxido de carbono y metano atmosférico, sea por modificación de las pautas de consumo energético de los países desarrollados -especialmente EEUU, Unión Europea y Japón- y los países muy densamente poblados, como China e India, o reemplazando gradualmente los combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, por fuentes de energía no contaminantes” (Ver La alternativa energética, Materia Pendiende Nº11).
Rabassa indica que las modificaciones en la matriz energética “deberían ser acompañadas por cambios en los hábitos consumistas de los países desarrollados, y por el ‘secuestro’ del dióxido de carbono atmosférico, por medios mecánicos, químicos y bioquímicos, en particular protegiendo los bosques existentes, los arbustales y los humedales, y expandiendo en gran escala la forestación”.
El investigador del Centro Austral de Investigaciones Científicas explica que los árboles retienen el dióxido de carbono por la fotosíntesis y fijan este gas en forma de celulosa y otras sustancias vegetales en sus troncos y ramas. “Lamentablemente no hay consenso sobre las técnicas a utilizar para alcanzar estos objetivos, pues los intereses de las empresas petroleras y ciertos sectores industriales de los países desarrollados y emergentes conspiran contra la posibilidad que dicho acuerdo pueda ser alcanzado”, señala.
Otras acciones que podrían contribuir a solucionar el problema son la reducción de la ganadería a nivel global para reducir el volumen de metano arrojado a la atmósfera, y la habilitación masiva de medios aptos para cocinar y calefaccionarse en la China e India, de modo de evitar el uso de combustibles poco apropiados como la leña o el estiércol, de alto poder contaminante por su mala combustión, que forman las llamadas “nubes negras de carbón” que aumentan la absorción de la radiación solar. “Los Estados deben asumir sus responsabilidades y aprobar y poner en efectiva vigencia tratados internacionales que permitan limitar eficientemente las emisiones de gases de invernadero, reduciendo el consumo de combustibles fósiles, desarrollando las fuentes de energía forestación masiva en todo el planeta”, agrega Rabassa.
Las soluciones tecnológicas podrán posponer la crisis del clima, sin embargo la cuestión de fondo es el crecimiento demográfico, el aumento del consumo y las pautas de comportamiento arraigadas en la sociedad. “La principal causa del cambio climático sin lugar a dudas es un modelo de desarrollo y de sociedad que está centrado básicamente en la quema de combustibles fósiles en un altísimo nivel para la satisfacción de las necesidades humanas”, explica Carlos Vicente, miembro de GRAIN, -una organización internacional sin fines de lucro que trabaja apoyando a campesinos y agricultores en pequeña escala-, y de Acción por la Biodiversidad, una asociación
ecologista de Argentina.
“Nosotros hemos estudiado que el modelo de agricultura industrial es uno de los responsables más importantes del cambio climático. Hemos hecho estudios que hablan de que la energía que se gasta para la agricultura industrial, la producción de agroquímicos, el transporte de alimento y la ganadería industrial produce casi el 45 o 57 % de los gases de efecto invernadero. Entonces denunciamos específicamente este modelo”, advierte Carlos Vicente.

Lo que se está haciendo

A nivel internacional existe una estrategia para enfrentar el cambio climático; en 1992 se acordó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) con el objetivo de que todos los países del mundo se comprometan a llevar adelante acciones que contribuyan a revertir los efectos del calentamiento global.
Dentro de la Convención se implementaron diferentes instrumentos, tales como el estudio de las causas y posibles soluciones a través del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), compuesto por más de mil científicos de diversos países del mundo, incluyendo a la Argentina, y acuerdos internacionales, como el Protocolo de Kyoto, que establece compromisos de reducción y limitación de emisiones de gases de efecto invernadero para los países desarrollados en el período que va de 2008 a 2012 (Ver Panorama tormentoso, Materia Pendiende Nº6).
“La opinión de los científicos que integran el IPCC es coincidente en el sentido de asignar el calentamiento global al aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera y no desviar la atención, como hacen algunas empresas petroleras, que atribuyen todo el efecto del calentamiento a variaciones en la emisión de radiación solar, dejando de lado toda injerencia humana, así también como los combustibles fósiles”, explica Rabassa.
El principal compromiso adquirido por los países que forman parte de la Convención Marco es el de formular y aplicar programas nacionales orientados a mitigar y facilitar la adaptación al cambio climático. Argentina, ratificó en 1993 la Convención y comenzó a instrumentar políticas y acciones con el objetivo de hacer frente de manera coordinada y eficiente a los desafíos que implica la problemática, tales como la Estrategia Nacional en Cambio Climático, cuya autoridad de aplicación es la Dirección de Cambio Climático, bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
“Es una demanda que venía desde hace tiempo, era necesario que Argentina tuviera una Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como la tiene en otras cuestiones ambientales. El tema es que implica un trabajo arduo y necesita de la participación de muchos actores que no son fáciles de convocar”, explica Nazareno Castillo, Director Nacional de Cambio Climático.
Los dos grandes lineamientos de la Estrategia son, por un lado, trabajar para la mitigación, es decir, lograr reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y por el otro, facilitar los procesos de adaptación a los impactos del cambio climático con el objeto de minimizar los negativos y aprovechar las oportunidades de los positivos.
“Esos son los dos grandes objetivos, de cada uno se desprenden objetivos específicos, como promover la eficiencia energética, las energías renovables, la eficiencia en la producción de alimentos, y otras cuestiones que tienen que ver con mejorar los sistemas de monitoreo ambiental e incorporar sistemas de alerta temprana”, indica Castillo.
Para elaborar la Estrategia Nacional se creó un Comité Gubernamental en Cambio Climático integrado por organismos gubernamentales de las diferentes áreas del gobierno nacional que ya lleva quince reuniones y articula con el sector privado, organizaciones de trabajadores, la sociedad civil y el sector científico académico.
“Hubo un primer documento que fue ratificado el año pasado por las máximas autoridades de los organismos que integran hoy el Comité. Después se siguió trabajando con otro un poco más específico que se presentó recientemente a todos los actores, porque hasta el momento era una estrategia elaborada únicamente por integrantes del Estado Nacional y Provincial a través del Consejo Federal del Ambiente (COFEMA), que también está representado en el Comité Gubernamental”, explica Castillo.
El Director de Cambio Climático sostiene que una estrategia estatal requiere de los aportes de muchos sectores y para eso se lanzó un proceso de consulta, mediante el cual se pretende recopilar opiniones. “Lo que vamos armando tiene aporte de todos los sectores, el proceso va a tener que ser de ida y vuelta. Esperamos tener un primer borrador de propuesta, sujeto a comentarios, para tener un segundo borrador e irlo
consolidando”, agrega.
Además, la Estrategia Nacional tiene una parte centrada en la capacitación, la sensibilización y concientización de los impactos de los estilos de vida. “Lo hemos trabajado desde la Secretaría de Ambiente, hemos hecho un calculador de carbono e intentamos que fuera utilizado por colegios, por la gente, para poder ver cómo el uso del automóvil, la generación de residuos o el uso de electrodomésticos impacta sobre el cambio climático”, manifiesta Castillo.
Sin lugar a dudas, el calentamiento global, que era tan sólo motivo de discusión académica a partir de la década de 1970, pasó a ser un tema impostergable de la agenda política, ya que, como señala Rabassa, “si el aumento de la temperatura supera la barrera de los 2º C, las consecuencias pueden ser de magnitud
catastrófica en algunas regiones del mundo y significativas en el resto del planeta”.
En este sentido, Castillo expresa: “El rol de la ciencia es fundamental, tenemos incertidumbre con respecto a las proyecciones climáticas y eso lo resuelven científicos trabajando con mayor cantidad de modelos, teniendo los recursos y el acceso a la información necesaria para generarlos. Toda actividad científica vinculada al cambio climático es fundamental para que desde la gestión podamos implementar acciones”.

Cambio climático y movimientos campesinos

Además de los gobiernos, también se involucran en la problemática del cambio climático las organizaciones y movimientos sociales, porque sostienen que las acciones a nivel gubernamental no alcanzan: “Hay un enorme abismo, nosotros denunciamos que el responsable de toda esta crisis climática es el modelo capitalista de producción y de consumo y más allá de los discursos, todavía en todos nuestros países, los gobiernos no están a la altura de las necesidades y no están escuchando a las comunidades locales como hace falta”, advierte Carlos Vicente, de GRAIN y Acción por la Biodiversidad.
Con respecto a las Conferencias de las Partes de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas (COPs) y las cumbres que se están desarrollando a nivel gubernamental, Carlos Vicente opina: “Lo que están planteán dose es cómo hacer negocios con los problemas ambientales. En el tema de cambio climático, se han creado distintos nichos de negocios: el mecanismo de desarrollo limpio, los bonos de carbono, el mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
de Bosques), que permiten que las corporaciones sigan contaminando y haciendo nuevos negocios ‘verdes’ que profundizan la crisis”.
Desde GRAIN y Acción por la Biodiversidad trabajan junto a Vía Campesina, un movimiento internacional que agrupa a pequeños y medianos productores, pueblos originarios y trabajadores agrícolas a pequeña escala. “Nosotros básicamente hacemos investigación para apoyar a los movimientos sociales, haciendo capacitación, dando talleres y distintos eventos en escuelas y demás actividades para abordar la problemática del cambio climático y por otro lado, hacemos un trabajo político a nivel internacional”.
Desde 1996, cuando la Vía Campesina participó de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Agricultura y la Alimentación en Roma, Italia, con su propuesta de soberanía alimentaria en lugar de seguridad alimentaria, la organización se convirtió en uno de los movimientos sociales más potentes en cuestionar este modelo. “La agricultura campesina es una alternativa frente al cambio climático y desde hace años venimos diciendo esto. Hemos llevado estas propuestas a las COPs de
Copenhague y de Cancún y lo que uno encuentra desde los gobiernos es absoluta indiferencia a los problemas reales que estamos enfrentando”, señala Vicente.

El clima y la Madre Tierra

En abril de 2010 se llevó adelante en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Madre Tierra. Convocado por el presidente Evo Morales, el encuentro fue propuesto como una alternativa para profundizar los debates inconclusos de la COP 15, en Copenhague, Dinamarca, en el año 2009, que para amplios sectores resultó un fracaso rotundo.
La diferencia de la Conferencia con las COPs es que éstas son un ámbito dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los cuales los gobiernos realizan negociaciones multilaterales, y en Cochabamba se convocó a movimientos y organizaciones sociales para que debatieran sobre cambio climático. El título de la convocatoria, marcó un cambio de eje en la discusión: por primera vez se incluyó a la Madre Tierra.
Carlos Vicente, quien participó de la Conferencia, sostiene que se trató de “uno de los grandes hallazgos y hechos políticos de la última década porque por primera vez se planteó que en la solución de los problemas que atraviesan a toda la humanidad, no sólo deben participar los gobiernos, sino que los protagonistas deben ser los pueblos”.
Del encuentro participaron más de 35 mil personas de 140 países de todo el mundo, entre organizaciones sociales, comunidades indígenas y campesinas, universidades, instituciones científicas, artistas, activistas y gobiernos, entre otros. El objetivo fue el de posicionar a los pueblos y no a los intereses económicos en el centro de las negociaciones sobre el clima. Además se planteó por primera vez que los pueblos originarios ocuparan un lugar en el debate. En la cumbre, la Vía Campesina propuso
al Gobierno de Bolivia que incluyera un grupo de trabajo sobre agricultura y cambio climático, que no estaba contenido en la propuesta inicial. “Trabajamos muy intensamente y se elaboró un documento que realmente es esclarecedor en donde se denuncia la responsabilidad de la agricultura industrial y se plantea la necesidad de terminar con este modelo extractivista que está destruyendo al planeta”, expresa Carlos Vicente.
El Documento final de la Conferencia de Cochabamba propone que “una visión compartida para la acción cooperativa a largo plazo no debe reducirse,en la negociación de cambio climático, a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción,
consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza”.
El encuentro en Cochabamba logró reunir a miles de personas con voluntad de hacer un acuerdo global que permita detener el desastre climático, incluyendo otras cosmovisiones y realidades que enriquecieron el debate. En este sentido, Carlos Vicente expresa: “Es muy claro que para enfrentar los problemas del futuro tenemos que primero poder acercarnos a otras formas de conocimientos y de ciencia. Estamos viviendo una crisis terrible y necesitamos volver a las fuentes de un conocimiento científico más integral, más humanizado y más respetuoso de la diversidad para poder encontrar las respuestas que hacen falta” .

"La solidaridad tecnológica es transferirle al otro el saber cómo y darle independencia"

2011-10-30T16:22:00.000-07:00

En el marco de la presentación de los Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología orientados a la Resolución de Problemáticas Sociales (PI-RPS), realizada el pasado 5 de mayo, Materia Pendiente dialogó con Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El involucramiento de la ciencia en las problemáticas sociales y la apropiación colectiva del conocimiento, son algunos de los temas abordados en esta entrevista.

Producción: Florencia Yanniello, Josefina Oliva
Textos: Florencia Yanniello

El ingeniero Enrique Martínez ha tenido a su cargo una difícil tarea: convertir al INTI en un organismo de ciencia y técnica que aborde problemas sociales. Desde hace nueve años, el Instituto dio un importante giro y dejó de trabajar sólo como un prestador de servicios a la actividad privada, para comenzar a resolver necesidades comunitarias. Hoy, fomenta la creación de cooperativas, trabaja con pueblos originarios y expande su intervención por todo el territorio nacional. En este sentido, la visita de Martínez a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP fue significativa y alentadora para la comunidad académica.

• ¿Qué opinión tiene acerca de los Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología orientados a la Resolución de Problemáticas Sociales?

Realmente que inviten al INTI a poner la mirada sobre lo que significa que un organismo de ciencias exactas se involucre en la resolución de problemas sociales, es una distinción.
Nosotros nos hemos ocupado del tema desde hace algunos años y hemos generado algunos modelos de intervención, así que, realmente nos interesa mucho aportar.
Quienes hemos recorrido muchos años tratando de hacer nuestro aporte para tener una sociedad más justa, hemos aprendido que el cambio profundo, permanente y confiable definitivamente viene desde abajo o no viene. Tener el orgullo y el honor de que nuestra institución sea invitada a participar de un acto donde se lanza una convocatoria absolutamente heterodoxa, en un ámbito de ciencias duras, poniendo como
condición que los problemas que se estudien y las soluciones que se apronten intenten resolver problemas sociales, es una señal de un cambio profundo que ojalá podamos consolidar y hacer permanente.

• ¿Qué otros lazos tiene el INTI con la UNLP?

Tenemos un convenio para ocuparnos de la actividad aeronáutica, nuestro Centro de Investigación en Tecnología Aeronáutica Espacial, que es muy reciente y muy pequeño. En rigor funciona con un convenio base con la UNLP y tenemos numerosos vínculos horizontales, como el Centro de Química y el Centro de Ambiente. La gente de metalmecánica también tiene vínculos con la UNLP. En general tenemos mucha vinculación con universidades en el país, pero la UNLP es en algunos casos, para la tarea que nosotros hacemos, el referente más importante del país, aún más que la Universidad de Buenos Aires (UBA).

• En una entrevista, hace algunos años, dijo que para fomentar el desarrollo local era importante el desarrollo de la investigación,
¿qué rol le parece que deben tener las universidades en
este sentido?

Hay un fenómeno interactivo, las universidades tienen como rol central formar capacidades y para que las mismas luego tengan una posibilidad de relacionarse con lo social y transferir conocimiento, tienen que poder establecer vínculos con quienes no conocen, con quienes no tienen la misma formación, y eso es habitualmente uno de los puntos más difíciles. Generalmente, lo que sucede en el ambiente universitario, es que el conocimiento se dispara y se aísla. Ese desafío es el que hay que resolver, por eso creo es de lo más valioso que la gente que está en disciplinas exactas o duras se plantee cómo obtener resultados sociales.

• ¿Eso es porque no se marcan líneas prioritarias y los científicos hacen las investigaciones, de alguna forma, “a su antojo”?

En los claustros, lo que se llama la libertad académica se considera una especie de elemento a idolatrar y efectivamente al científico le cuesta mucho encuadrarse en líneas impuestas desde afuera. Me parece que una tendencia a definir ideas fuerza es mejor que trabajar con disciplinas y programas muy rígidos.

Ciencia y problemáticas sociales

• ¿Cómo le parece que puede incorporarse la ciencia básica a este tipo de investigaciones y a un organismo como el INTI?

No es difícil, basta con identificar cuál es el problema que se quiere resolver. En realidad el punto más complicado es cómo se identifica un problema. Una vez identificado, la secuencia que va desde lo básico a lo aplicado y la solución del
problema, no diría que se hace natural ni espontánea, pero se hace mucho más visible.
Nosotros hemos logrado entender que hay que trabajar en función del destinatario, que puede ser un problema público, -y por lo tanto hay que atender a un organismo del Estado-, una empresa o una actividad del mercado, o un problema social, en cuyo caso el tratamiento tiene que ser totalmente distinto y hay que encontrar la manera no sólo de identificar el problema y la solución, sino además ayudar a los actores sociales posteriores, los que están involucrados en el tema, a que participen de
la solución activamente, que no sean sujetos pasivos.
En ese sentido, lo primero que hay que plantearse es ¿qué es un problema social? Podemos decir que es aquello que tiene un denominador común, un problema que genere situaciones de pobreza, de desempleo, de contaminación, de discriminación, etc. Hay que tener mucha precaución en este avance, para no violar un principio que los científicos respetan muchísimo, que es el rigor de la relación causa-efecto. Si
hay algún prejuicio en el camino es probable que la metodología se resienta y en consecuencia es muy importante, bajar todos los prejuicios, objetivar todo lo que se pueda.
Mi propuesta es que si se quiere encarar un problema social, se recurra a dos etapas: primero se debe caracterizar el escenario del problema, investigarlo y en ese escenario aparecerán los actores: discriminados, pobres o desocupados; o problemáticas como la contaminación. A partir de allí debemos hacer un diagnóstico del problema y preguntarnos cuál es la causa de esa situación que caracterizamos de problemática en términos sociales. Recién en ese momento estamos en condiciones
de plantearnos un trabajo de investigación y desarrollo.
Porque sólo a partir de tener una buena caracterización y un buen diagnóstico, podemos encarar la investigación de esa problemática para hallar una solución.

• Por ejemplo con el Programa de Asistencia Técnica al Estado(PATE), ¿se identifican los problemas y se trabaja en pos de eso?

Ese programa no es el central en cuanto a las iniciativas del INTI, allí trabajamos por demanda de diversas cosas, de control de calidad, de metrología, algunos temas ambientales. Pero donde nosotros tomamos la iniciativa en relación al ámbito público es en aquellas cuestiones que claramente son responsabilidades del Estado y que no sabe a veces resolver por no tener fortaleza técnica. Por ejemplo, los problemas
ambientales, los de infraestructura energética o los de de organización de la gestión administrativa del Estado. Normalmente hay un aporte de afuera, que queda a cargo de un consultor que no tiene el mismo interés que presenta un organismo como el nuestro.

• ¿Cómo fue esta transición mediante la cual el INTI comenzó a trabajar en proyectos con un anclaje social, a fomentar la creación de cooperativas y hasta trabajar con pueblos originarios?

No fue nada fácil, porque cuando empezamos esta tarea, que ya lleva casi nueve años, nuestra gente creía que naturalmente su interlocutor era el empresario, que trabajábamos como una empresa de servicios para la actividad privada. Cuando empezamos a insistir en que debíamos resolver necesidades, se produjeron
algunos conflictos conceptuales. La primera pregunta que surgió fue ¿de dónde íbamos a sacar el dinero?; la segunda ¿cómo íbamos a transmitirle conocimiento a quién no sabía ni siquiera interpretarlo? Sin embargo, al recorrer un camino, quedó claro que buena parte de esos elementos eran prejuicios y que en todo caso, si el interlocutor no está preparado para recibir la tecnología tal como uno necesita transferirla, hay que ayudarlo en su formación para que entienda cómo manejar su medio y en función de eso, cómo la tecnología encuadra en él.
Efectivamente ha sido todo un proceso, pero hoy la verdad estamos orgullosos de estar trabajando con gente de la puna jujeña, de la meseta patagónica y de tantos lugares de la Argentina, que identifican en el INTI a alguien que es parte de su solución.

Solidaridad tecnológica y apropiación colectiva

• ¿Se trabaja siempre con el concepto de solidaridad tecnológica?

La solidaridad tecnológica al interior y el exterior de Argentina es un concepto central. A través de esta idea entendemos que la solidaridad no pasa solamente por lo tradicional, es decir, en materia de salud o de educación elemental, por el contrario, la solidaridad tecnológica es transferir al otro el saber cómo y darle independencia a través de ello. No es poco y lo hemos intentado instalar. Claramente si se trata de un problema social, la solución tiene que ser de apropiación colectiva. No podemos resolver una problemática a través de un mecanismo que implique que una empresa pase a tener la llave de la solución, generando así una subordinación al mercado en el medio, ya que se genera dinero con esa solución. La apropiación colectiva es un concepto que costó entender pero que hoy es sagrado. Si nosotros hacemos una transferencia que beneficia al conjunto es colectiva, aún cuando en ese conjunto haya emprendedores. En ese caso, si generamos un beneficio para un sector industrial, como nosotros, por ejemplo, que diseñamos colectores solares, no vamos
a licenciar ese colector haciendo que uno se quede con el beneficio, sino que se lo vamos a dar a todos los fabricantes y que compitan por otra cosa: por el tamaño del tanque, por la capacidad. La mejora de la ciencia consiste en que ese beneficio lo consigan todos y eso nos parece un concepto sano.

• ¿Cómo se piensan esos conceptos a nivel nacional? ¿Se pueden desarrollar?

La dirigencia política debe ir asumiendo estos conceptos, porque un organismo técnico no puede superar el problema a escala nacional. En este momento estamos apretando el ritmo, instalando unidades productivas en el norte del país, con la idea de que sirvan de modelo para que luego se desarrollen solos. Eso nos cuesta un enorme esfuerzo, porque no lo sabemos a hacer. Por ejemplo, tenemos que aprender a construir
un matadero, luego a gestionarlo, a explicarle a la comunidad local cómo eso le cambia su dieta, a organizar su abastecimiento y la transformación de los subproductos. Son todas tareas que parcialmente las sabemos hacer y hemos brindado
mucha asistencia técnica, pero todo en un sólo paquete es un esfuerzo muy grande para un organismo de ciencia y técnica. De todas formas, creemos que es la única manera de romper el molde. Una vez que eso funciona y que supera lo anterior, puede inducir a buena parte de la dirigencia política y social a anotarse en ese proceso.

• ¿Cómo ve el desarrollo local en estos últimos años?

Ha habido iniciativas, pero muchas más generadas desde nosotros, o vinculadas a algunos espacios de cooperación internacional con Venezuela, que las que hubiéramos esperado recibir de responsables políticos locales. Yo creo que todavía buena parte de la dirigencia política argentina interpreta al desarrollo local como algo que se puede alcanzar consiguiendo un inversor extranjero que emplee a la gente. También se
piensa que el éxito de esa gente consiste en estar empleada por otro que ni siquiera vive en el país y que probablemente no quiera vivir nunca aquí, lo cual no me parece un horizonte demasiado elogiable.

• Recientemente presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires su libro “Nuevos Cimientos”, ¿qué temáticas aborda esta publicación?

El libro incluye los Debates del Bicentenario. No fue una idea mía personalmente, sino de un grupo de compañeros del INTI, que decidieron pedir colaboraciones adicionales para cada tema. Entonces están todas las presentaciones de los Debates
del Bicentenario, las colaboraciones en cada capítulo, más las conclusiones de los foros virtuales que se generaron, con lo cual es un material denso, por la cantidad de aporte, pero no difícil de leer. Hay casi 70 personas que han colaborado en ese
material y algunos compañeros dicen que se empieza a convertir en un manual y en un elemento de referencia, y eso nos da mucho orgullo .

Salió el Nº12 de Materia Pendiente

2011-07-04T20:44:00.000-07:00

INFORME CENTRAL

Pronóstico reservado

El cambio climático se hace cada vez más visible y alerta a la humanidad. Los organismos estatales piensan en estrategias de mitigación y adaptación; los científicos buscan nuevas respuestas; y los movimientos campesinos e indígenas luchan por agregar a la discusión la presencia de la Madre Tierra. Aquí algunos aportes para hacer frente a esta problemática desde la construcción colectiva.

Encuentros

Una charla con el presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), Enrique Martínez

En su visita a la Facultad de Ciencias Exactas habló acerca de los procesos industriales en el país y el nuevo rol de la ciencia y la tecnología con relación a las problemáticas sociales.

Además:

Salud

Materia Pendiente dijo presente en el Primer Congreso Latinoamericano de Salud, que se desarrolló en la ciudad de Maldonado, Uruguay, entre los días 13 y 15 de mayo. Cómo mejorar el acceso a la salud y la necesidad de que ésta sea vista como un derecho y no como una mercancía, entre los principales puntos del encuentro.

Justicia y derechos humanos

Conocemos la historia de Pascual Pichún, un joven mapuche estudiante de Periodismo que fue condenado en Chile por defender su territorio.

Y más…

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Educación superior: una mirada regional

2011-07-04T20:07:00.000-07:00

El periodo de los `90 las enfrentó a un proceso que, aunque con matices, dispuso la mercantilización de la formación académica, un gran aumento de la oferta y la demanda y un crecimiento general de las instituciones. Tomando los casos particulares de Chile, México, Uruguay, Brasil y Argentina, aparecen similitudes y diferencias en cuanto al acceso, el financiamiento, la autonomía, y el rol que cumplen las universidades en cada sociedad. ¿Cómo se manifiesta en esos estados lo público y lo privado? Aquí un recorrido y un análisis.

Producción: Luciana Cáceres, Josefina Oliva
Textos: Josefina Oliva

En la actualidad asistimos a una fuerte expansión de los sistemas nacionales de educación superior que se viene registrando desde las últimas décadas. En el informe Educación Superior en Iberoamérica elaborado por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) en el año 2007, se anuncia que en Iberoamérica, el número de instituciones, apenas 75 universidades a mediados del siglo pasado, aumentó notablemente, contabilizándose -para la fecha del informe- alrededor de 10 mil instituciones de educación superior, de las cuales un tercio son universidades y el resto instituciones no universitarias. En América Latina esto se desata ante un proceso de mercantilización de la educación superior que presenta diferencias según el contexto de cada Estado, aunque a su vez, y para algunos especialistas, también coincidencias.
Según Germán Soprano, director de la Maestría en Políticas de Planificación y Evaluación de la Educación Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en principio, las políticas de los ’90 fueron alentadas por los organismos multilaterales de crédito y formaron parte de los paquetes de reformas del Estado y de las políticas económicas neoliberales impulsadas en el período. Ahora bien, como consecuencia de esas políticas, “de los ’90 para acá, en América Latina, se ha visto un proceso de expansión de la oferta privada de educación superior y la diversificación y el aumento cualitativo de los niveles universitario y terciario. Se trata de un sistema que no supone necesariamente la privatización en términos de c creación de más universidades privadas, sino la incorporación de lógicas competitivas privadas dentro del sistema público”.
Esas tendencias, amplía Soprano, “también confluyeron con los procesos de internacionalización, que se han dado como consecuencia de la `americanización´ de la educación superior europea, conocida como el Proceso de Bologna” (Ver Integrar, ¿de qué forma?).
Desde México, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge González, afirma que “desde el 82 hasta la fecha vivimos unos regímenes de neoliberalismo muy graves. Y resulta que hay una tendencia fuerte a privatizar, a instrumentalizar y mercantilizar la educación superior. Lo cual significa bajar la cantidad de personas que aspiran a trabajar sobre el conocimiento. `Yo sólo estudio para tener dinero, viajar, tener un carro, una casa y aventarme viernes, sábado y domingo`, que me parece muy bien. Pero eso ha ido alejando cada vez más a los estudiantes y a los profesores de la formación. Las universidades empiezan a ser más capacitadoras que formadoras”.
Desde otro punto de vista el coordinador del observatorio Sindical de Políticas Universitarias de la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios), Claudio Suasnábar, hace hincapié en las diferentes historias y conformaciones que tienen los países de América Latina. En ese sentido aclara que es distinto “lo que aconteció en Argentina o Uruguay por ejemplo, que tienen una tradición de educación pública universitaria; al caso de Brasil o Colombia, en los cuales históricamente el sistema de educación superior se conformó en dos circuitos: público y privado. Entonces en aquellos países de hegemonía pública la emergencia de un sector privado se da con distintas características; y en el caso de aquellos que tienen una conformación dual, hay una profundización”.
Por ejemplo, en países como Brasil y Chile entre el 50 y el 75 % de la matrícula
se encuentra en el sector privado. Mientras que en México entre el 50 y el 75 % asiste al sector público; diferente a lo que ocurre en Uruguay y Argentina, en los cuales entre un 75 y un 100 % concurre al sector público.
Claro está que la división entre lo público y lo privado no es tan tajante, ya que esto se condice con las tradiciones que suponen los diferentes países ante estos conceptos y que condicionan las variadas dimensiones que los determinan, como la organización y el control de las instituciones; sus fuentes principales de ingreso; los tipos y alcances de los apoyos ofrecidos a los estudiantes; las modalidades que asume la intervención del Estado y las formas de gobierno que adoptan las diferentes instituciones.
“En nuestra tradición lo público está asociado a que sea estatal, gratuito y casi diría al ingreso irrestricto”, explica Suasnábar, quien se desempeña como profesor de Política y Legislación de la Educación, e Historia y Política del Sistema Educativo en la UNLP. En cambio en Chile y en Colombia hay universidades públicas que cobran.
En el caso de Brasil las públicas no cobran pero tienen examen de ingreso y las católicas son llamadas comunitarias, no se las asocia como privadas. Menos Uruguay, Argentina, y parte de Bolivia, que tienen ingreso irrestricto, en todos los otros países tienen vestibular. Tanto en Brasil como en México tienen lo que se llama “la prepa”: los dos últimos años del secundario son preparatorios a la universidad.
A pesar de que Brasil se vio impactado por las políticas de los ’90 el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no sólo estimuló la creación de nuevas universidades federales, estaduales, y municipales, sino también las privadas. “¿Esto por qué?”, se pregunta Soprano: “Porque en Brasil el acceso a las universidades públicas es muy restringido”, contesta el investigador del CONICET y explica: “sobre todo en las universidades federales, hay una población estudiantil de clase media y media alta. Cuando los sectores sociales de clase media baja acceden es por programas de becas o
políticas compensatorias, como hacen los negros o los indígenas en ese país. Las universidades privadas vinieron a garantizar las posibilidades de acceso a sectores
de clase media baja que jamás hubieran podido acceder a la universidad pública”. Mientras que, desde Uruguay, el pro rector de Extensión de la Universidad de la República, Humberto Tomassino, destaca que en su país el acceso sigue siendo libre. “La lucha constante es por ampliar la matrícula, e incluye y hace inherente la pelea por mejorar las condiciones de estudio y el nivel académico. Se debe seguir trabajando por una de las características más caras de la universidad latinoamericana, que junto con la gratuidad, la autonomía y el co-gobierno, son los pilares de nuestra concepción de universidad”.

Autonomía y financiamiento

Como se dijo anteriormente lo público y lo privado varían en cuanto al contexto de cada país. En Argentina la mayoría del gasto en educación superior proviene de fuentes públicas. Los últimos incrementos en el Producto Bruto Interno (PBI) para la educación en general fueron de un 4,5 % a un 6 por ciento. Según apunta Claudio
Suasnábar, desde el año 2003 el presupuesto universitario se ha incrementado un 230 %, sin embargo en nuestro país “no han cambiado sustantivamente las universidades. El Estado debe planificar en el marco de la autonomía pero tiene que fijar líneas prioritarias y articular esas agencias. Por ejemplo, si el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) da becas para estudios posdoctorales y la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)evalúa, hay un problema muy complejo, porque en realidad el organismo otorga las becas a los individuos pero lo financia el posgrado. Éste se financia con el esfuerzo de la dedicación exclusiva de los profesores”.
Soprano acuerda en esta cuestión: CONICET paga sueldos a los investigadores pero el resto del financiamiento se realiza a través de las universidades. En ese sentido, plantea, “la existencia de institutos de investigación dentro de las universidades restringe, en buena medida, los márgenes de la autonomía universitaria”.
A partir de la Ley de Educación Superior de 1995 la autonomía universitaria en nuestro país ha sido un punto controvertido por la flexibilidad con que las universidades empezaron a poder contar con recursos externos, como los servicios a terceros. Aunque “en realidad eso siempre estuvo”, advierte Suasnábar, “lo que cambió es la magnitud y el uso de los recursos. Un dato a tener en cuenta: en el Observatorio de la Conadu una de las líneas de trabajo era tratar de conocer cuál es el volumen y las características de los recursos que generan las universidades. No pudimos conseguir ni un solo dato, ni siquiera de la UNLP. La universidad si es pública tiene que decir cuánto es lo que se saca, es muy importante”.
En cuanto a los recursos reservados para las universidades denominadas públicas en cada país, según el informe del CINDA, México destina un 94,9% del gasto público a esas instituciones; un 88,1% destina Brasil y un 100% Uruguay. Mientras que, en el caso de Argentina un 96,2% se dedica a las instituciones públicas y un 3,4% a las
instituciones privadas. Y, en el caso de Chile, tan sólo un 37,2% a las públicas y un 33,3% a las privadas.
En el caso chileno “se trata de una autonomía de mercado”, analiza Suasnábar. “Es decir, allí no van a existir los condicionamientos pero sí va a influir la lógica
de la competencia. Una de las consecuencias es que un sistema muy mercantilizado
despolitiza a los académicos: para qué van a ser decanos si se pierden de hacer un paper que les puede dar más dinero. Esa es la consecuencia: se vuelven académicos emprendedores”.
“El financiamiento siempre supone una forma de heteronomía, de restricción de la autonomía. No importa que venga de una empresa, o del Estado, o de la sociedad científica más bella y espiritual, el dinero abre posibilidades y restringe siempre”,
sentencia Germán Soprano desde la UNQ. Y advierte: “Yo no tengo temor a que una empresa financie proyectos de investigación, pero sí a que Monsanto los financie para demostrar que el glifosato es una belleza de producto químico. Sin dudas defiendo el financiamiento estatal de la universidad pública”.

Cuestión de roles

Al hablar de universidades y países diferentes nos encontramos, al mismo tiempo, ante situaciones disímiles en cuanto al rol que viene a ocupar cada universidad en una sociedad determinada. Así lo define Claudio Suasnábar: “Según la conformación histórica, las universidades en América Latina cumplieron diferentes roles y funciones a lo largo de su existencia. Lo que tienen en común es que en los orígenes del Estado nacional cumplieron un papel muy fuerte en la formación de las elites. Con
los años tuvieron también otros roles; en muchos países fueron reducto de los sectores más conservadores, más elitistas y en otros la avanzada de las vanguardias
estéticas políticas y culturales, sobre todo en los años ’60”.
El sistema actual de la educación superior en Brasil por ejemplo “es hijo de la dictadura militar del 64”, explica quien fuera director de la carrera de Ciencias de la Educación de la UNLP hasta el año pasado, “que definió un modelo universitario centrado en el posgrado: para que una institución sea universitaria debe contar con posgrado de investigación, si no no es una universidad”. A diferencia de muchas de
nuestras casas de estudios, que no han caído dentro de esa categoría. Los roles de las universidades varían además según “la relación que han tenido los intelectuales universitarios con el Estado. En un extremo estaría Argentina, en el cual la intelectualidad universitaria ha sido bastante crítica al Estado y los partidos políticos han sido algo desconfiados de los intelectuales. Por eso es una institución que a pesar de las situaciones conflictivas ha mantenido una actitud. Esto ha sido distinto en Brasil o en Chile, países en los cuales los intelectuales todavía tienen un nivel orgánico con los partidos y eso ha permitido en cierta manera una mayor interlocución entre la Universidad y el Estado”.
Desde México, Jorge González manifiesta las coincidencias que nota sobre todo entre las universidades de su país, Brasil y la Argentina: “son elitistas, aunque varía el color de las elites”. Y destaca que actualmente en Brasil hay una política de inclusión forzada de indios y negros a partir de las políticas del gobierno de Lula. Al mismo tiempo, quien se desempeña como coordinador general del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Investigación Compleja de la UNAM señala como otra coincidencia, que se da además a nivel mundial, que las universidades están siendo “instrumentalizadas”, “desarrollando otras cosas que no son las prioritarias, sino las que quiere Bayer, innovaciones tecnológicas para Telefunken, o investigación especial militar”. Mientras que, en cuanto a las diferencias marca que “hay muchas, debido a su composición social, los compromisos, los rectorados”.
En el caso de Chile “la universidad cumple un rol diferente y por esa razón durante el gobierno de Pinochet se da una reforma estructural de la universidad”, apunta Suasnábar. “Hay un proceso brutal de privatización de la educación superior, de desmembramiento de universidades y la restricción del financiamiento. Hay un cambio en la función más pegado a las necesidades del mercado, con un criterio de universidades emprendedoras, que se manejan con criterios empresariales, ligadas a una cuestión económica, que se dedican a investigar por ejemplo cómo criar truchas”.
En tanto que en Uruguay, como expresa Tomassino, la Universidad se ha constituido en uno de los centros mas importantes de creación de conocimiento a nivel nacional. "Además hemos profundizado vínculos con varias organizaciones sociales de trabajadores, cooperativistas y sujetos colectivos y con las políticas públicas más trascendentes que se han implementado en la ultima década. En todos los casos se ha mantenido una postura de autonomía conectada, posición que implica una gran capacidad
de escucha a las propuestas pero, una toma de decisiones que está enteramente enmarcada por el co-gobierno universitario”.

Hacia un bloque regional

La educación superior en América Latina presenta similitudes y diferencias que abren la posibilidad de pensar en solidificar las herramientas para la creación de un bloque regional. Al respecto el coordinador del Observatorio de la CONADU, Claudio Suasnábar dice que el aspecto que está más avanzado es la cooperación a nivel de posgrado e investigación. Sin embargo lo más complicado serían las políticas de
integración de las carreras.
En el mismo sentido, González señala que “pasamos por un estado de desconexión muy fuerte en la Universidad. Fuimos diseñados de manera muy desconectada como país y como continente, pero gracias a los gringos nos conectamos en Texas. Para saber más de Argentina o de alguna provincia hay que ir a Texas. Para saber de México también”, dice en forma irónica. “Ellos sí desarrollan cultura de información altísima, nos estudian, nos informan y cuando tenemos una pequeñísima casta de científicos, quince mil de todas las áreas, que no son todos los que hacen investigación, sino los que están reconocidos, es pobre; entonces qué queda, pues nos vamos para las ventas, a formar para ser buenos vendedores de algo”.
Para Germán Soprano “son muy interesantes los programas de intercambio que hay entre los estudiantes de las ingenierías, las medicinas, las ingenierías agronómicas, y el proceso que se ha dado para discutir las equivalencias en los títulos, en las formaciones de posgrado; aunque estamos muy lejos de lo que ha sido el proceso de Bologna en Europa”. De todas formas resalta “la Universidad no puede ser ajena a los procesos de integración y recuperación regional que se dan en otros planos de la vida política a nivel del Mercosur o de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)” .

La Alternativa Energética

2011-07-04T19:50:00.000-07:00

El nuevo escenario mundial plantea la necesidad de comenzar a sustituir el uso de combustibles fósiles por fuentes de energía renovables, reconocidas como la opción más viable para solucionar los problemas asociados a la creciente demanda de energía, la necesidad de proteger el medio ambiente y el requerimiento de una mejor calidad de vida. Científicos e investigadores buscan las claves para lo que se viene: una nueva matriz energética basada en energías alternativas.

Por Florencia Yanniello

En la actualidad, la mayor parte de la energía que se consume proviene de combustibles fósiles y es de público conocimiento que se trata de reservas limitadas que tardaron millones de años en formarse y se están agotando. De esta manera, la plantilla energética actual dejará de ser viable en un futuro no muy lejano, debido a la escasez de estos recursos, que además son causantes de los gases de efecto invernadero y por lo tanto contribuyen al calentamiento global.
Ante esta realidad, se plantea la necesidad de introducir nuevas tecnologías basadas en energías renovables, que reemplacen a las fuentes fósiles. “Cuando se habla de un cambio en la matriz energética se hace referencia al paso de un paradigma convencional fundamentalmente basado en fósiles, en energía nuclear y en centrales hidráulicas de gran porte, a una matriz nueva, basada en energías alternativas”, explica Roque Pedace, Magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Lo que tenemos ahora, es una matriz energética en donde más del 90 % de la energía es de origen fósil, y de ese porcentaje, el 50 % es gas, hay muy pococarbón y el resto es esencialmente petróleo. Dentro de las no fósiles en electricidad, tiene un rol importante la energía nuclear, aunque está en retroceso. En este momento el 6 % de la electricidad en Argentina es de origen nuclear y un 30 % de origen hidráulico. El resto es producto de la combustión de la biomasa y en mucha menor medida de energía eólica y solar”, sintetiza Pedace, quien trabaja en el área de prospectiva tecnológica dentro del Grupo Energía y Ambiente (GEA) de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
En este aspecto se desarrollaron una serie de procedimientos para las llamadas energías primarias renovables, es decir las que están disponibles en la naturaleza: solar, eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica. En Argentina existe un gran desarrollo de la energía eólica a través de dos grandes empresas: IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.&.F) e INVAP (Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado), que han construido generadores de alta potencia. La pregunta que muchos se hacen es si esta matriz energética, que depende de fuentes convencionales y en particular de fuentes fósiles, puede ser sustituida o reemplazada por las no convencionales. En este sentido, Pedace argumenta: “Sin lugar a dudas antes del 2050 Argentina podría ser 100% renovable. La gran discusión no es si se puede, sino cómo y quién lo va a pagar, porque en este país los costos de la energía han sido históricamente determinados por decisiones políticas”.
En la Argentina ya se pusieron en marcha programas para comenzar a introducir energías alternativas, tales como el PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales) y el GENREN (Generación por Energías Renovables). Este último surgió a partir de la Ley de Generación por Fuentes Renovables y prevé que hacia el 2016 el 8% de la generación de electricidad tiene que ser de estas fuentes. Sin embargo, dentro de la Estrategia Energética Argentina, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, también se plantea la generación de electricidad aumentando
la producción de energía nuclear, con la entrada de la central Atucha II, además de algunas hidráulicas importantes.
“En este momento estamos en un porcentaje bajísimo, no se llega ni a un 1% de energía eólica y la solar prácticamente no existe integrada a la red, pero gracias al GENREN, cuyo eje esta en ENARSA (Energía Argentina S.A), en los próximos años van a entrar entre 1000 y 1500 megavatios de origen eólico, solar y de biomasa”, explica Pedace.
El Dr. Walter Triaca, profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP e investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y del INIFTA (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas), asegura que el cambio hacia una nueva matriz energética va a ser gradual, ya que se trata de “una etapa de transición que va a llevar más de 30 años. Ahora estamos en un momento de crisis energética, entonces realmente no hay otra alternativa que introducir centrales nucleares, aunque nosotros no somos partidarios”, aclara. (Ver La energía nuclear...).
Triaca afirma que la plantilla energética actual está “muy descompensada” y que el pasaje de fósiles a renovables no va a ser de un día para el otro. “Tenemos que estar preparados para adaptarnos a estas nuevas tecnologías y saber que en el país están las condiciones ideales. Hay que pensar ya en producir energía a gran escala basada en fuentes primarias renovables, fundamentalmente eólica en el sur, y solar en el norte para introducirlas de forma masiva”, agrega.

La transición

La energía eólica, obtenida del viento, creció notablemente en los últimos años y es la que tiene menor impacto ambiental y resistencia de la población. El programa GENREN, que tiene como propósito el desarrollo de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, cuenta con la licitación de 500 megavatios de energía eólica, dentro de los mil megavatios que se licitarán para fuentes renovables. “La energía eólica está creciendo con mucha fuerza en Argentina y esperamos que se mantenga así. Desgraciadamente en la planificación eso no está claro. Aparentemente una vez que se cumpla la Ley de Generación por Fuentes Renovables, no habría una certeza de continuidad”, explica Roque Pedace.
El GENREN incluye también planes de energía solar y proyectos para cambiar la normativa en las grandes ciudades, con el objetivo de que se pueda integrar la generación descentralizada, por ejemplo fotovoltaica, en edificios, ya que hoy en día
si una persona quiere vender la energía que produce a la red, no puede. “Hay un plan dentro del GENREN de 20 megavatios de energía solar que está en proceso en San Juan. parece poco pero para una planta fotovoltaica es bastante”, señala Pedace y agrega: “El Estado tiene que optar, todavía no lo ha hecho. Está invirtiendo en todo, en fósiles no convencionales, gas por métodos de fractura, en las renovables del GENREN y al mismo tiempo el programa nuclear. Habrá que ver si eso se puede sostener, a mi criterio eso es imposible porque no hay plata para todo”. Con respecto al desarrollo regional, Pedace indica: “En Buenos Aires el recurso eólico es muy abundante sobre
todo en la costa, además hay una provisión de residuos agrícolas importantes y existe la posibilidad de utilizar residuos forestales en el Delta del Paraná y en otros lugares, para biomasa. Habría que ver cómo puede hacerse una explotación que sea socialmente justa y ambientalmente razonable”.

Hidrógeno:el combustible del futuro

Si bien se puede imaginar un escenario futuro en donde las fuentes renovables, principalmente las energías eólica y solar, ocupen un lugar predominante en la matriz energética sustituyendo a los combustibles fósiles, existen algunos problemas relacionados con el almacenamiento y el transporte de la energía. Del consumo energético final sólo el 25 % de la energía se usa como electricidad y el 75 % restante como combustible. “La energía eólica y la solar van a reemplazar a las fuentes fósiles en la producción masiva de electricidad, es decir en las usinas térmicas.
Pero ¿con qué se van a mover los vehículos y ciertas fábricas que trabajan con
combustibles? Los combustibles fósiles líquidos y gaseosos son fácilmente transportables; , lo cual no se puede hacer con la energía solar o eólica. Ahí surge el hidrógeno como combustible del futuro para reemplazar a los fósiles fluidos, ya
que es un almacenador y transportador de energía, esto es, un intermediario entre la fuente primaria de energía y el consumidor”, explica Walter Triaca, quien trabaja desde el INIFTA en proyectos de producción, almacenamiento y combustión electroquímica del hidrógeno.
Según las investigaciones de este Instituto, se trata del combustible sintético ideal. Se puede obtener fácilmente mediante la electrólisis del agua, es decir, de la disociación de la molécula de agua a partir de la energía de fuentes renovables. Además, es la sustancia química que permite almacenar la mayor cantidad de energía por unidad de peso y su combustión no emite óxidos de carbono ni de nitrógeno, como
sí ocurre cuando se queman combustibles fósiles, que contribuyen al calentamiento global.
El hidrógeno es una fuente de energía secundaria, es decir no se encuentra libre en la naturaleza, es por eso que todo el desarrollo tecnológico está orientado a la producción, al almacenamiento y al uso eficiente de esta fuente de energía. En este último caso, hay dos opciones para conseguirlo, una es mediante la combustión térmica, aunque de esta manera se desperdicia un gran porcentaje de energía; y la otra es mediante una forma electroquímica, en donde se aprovecha entre un 70 y un 80 % de la energía química del hidrógeno.
“La mejor manera de utilizar el hidrógeno no es mediante su combustión térmica, sino a través de las llamadas celdas de combustible, en donde se realiza la electrólisis. Así se aprovecha toda la energía química del hidrógeno, que se transforma en electricidad. Es el combustible ideal para un vehículo eléctrico; se trata de una energía limpia, porque su oxidación, produce sólo agua y energía, no hay emisión de contaminantes”, explica Triaca.
Los autos a hidrógeno van a tener celdas de combustible, conectadas directamente a dos motores eléctricos, y alimentadas con hidrógeno proveniente de un tanque de almacenamiento. No tendrán transmisiones mecánicas, por lo que la vida útil de los motores será aún mayor. Las más importantes compañías que manejan el negocio del petróleo a nivel mundial son las que más invierten en investigaciones para celdas de combustible. Además, las empresas de automóviles están desarrollando vehículos eléctricos prototipo basados en esta nueva tecnología.
El problema del almacenamiento del hidrógeno es motivo de diversas investigaciones. Puede ser almacenado como gas comprimido a presión alta, como líquido a muy bajas temperaturas, o bajo la forma de hidruro metálico, un compuesto sólido que se puede transportar fácilmente. “En INIFTA trabajamos en el almacenamiento de hidrógeno como
hidruro, es una estructura sólida como una pastilla en la que el hidrógeno queda retenido dentro de la aleación. Debe ser reversible, para que el hidrógeno pueda liberarse de manera fácil. En eso estamos trabajando, para producir aleaciones en las que el hidrógeno se pueda almacenar y también sacar rápidamente.”, agrega Triaca.
Teniendo en cuenta los costos actuales de producción, la utilización de hidrógeno como combustible es viable, sin embargo, aún no se cuenta con la infraestructura necesaria para su uso a gran escala. “El problema es la inversión, ya se mostró la factibilidad tecnológica y comercial, pero tiene que haber una red servicial en donde se puedan abastecer los vehículos de hidrógeno”, señala Triaca. Hábitat sustentable
Otro de los ejes importantes para el cambio a una matriz alternativa tiene que ver con la eficiencia energética de las viviendas, ya que entre el 25 y el 30 % de la energía son consumidos por el hábitat. Esto justifica cualquier tipo de investigación y desarrollo que tenga que ver con buscar maneras de hacer un hábitat que por un lado, sea energéticamente eficiente, y por el otro, que incorpore las energías renovables a nivel doméstico.
Desde el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP se promueven proyectos para incorporar a las viviendas paneles de energía solar fotovoltaica y otros tipos de energías alternativas. Se trabaja en el desarrollo de viviendas de interés social renovables,
en la planificación energética de las ciudades y en arquitectura solar y bioclimática vinculada a escuelas, hospitales, viviendas familiares y transporte. El doctor Jorge Daniel Czajkowski, director del Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable e integrante de ASADES (Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente), asegura que es necesaria una relación entre arquitectura y hábitat, pensando en
edificios y viviendas que puedan utilizar el mínimo gasto posible de energía. “Es importante la incumbencia del arquitecto en la construcción del hábitat y el rol de las energías renovables. Se trata de un desafío para ver qué podemos aportar desde nuestra disciplina”, señala.
En referencia a la transición de una matriz tradicional a una basada en energías alternativas, Czajkowski explica: “La transición es viable y necesaria, Argentina ya no cuenta con recursos energéticos convencionales para poder enfrentar los nuevos desafíos del presente. Todo lo que se necesita está, sólo falta una fuerte decisión política que va más allá de lo declarativo, no sólo promulgando leyes y decretos, sino exigiendo su cumplimiento”.

El aporte de la ciencia

Con respecto al rol que debe tener la comunidad científica en esta etapa de transición, Roque Pedace expresa: “Debemos proveer a la población de la información adecuada. Todavía no hay claridad en la opinión pública en el mundo acerca de cuánto tiempo disponemos, se está hablando de mantener los fósiles por muchos años y en realidad no disponemos de un periodo tan largo. Por eso hablamos de escenarios de transición de una matriz que en el mundo es del 80 %, basada en fósiles, a una que sea de cero fósiles en 40 años”.
Pedace manifiesta que el rol que debe cumplir la comunidad científica y tecnológica es el de “romper barreras y formar grupos de trabajo” para abordar las distintas dimensiones del problema del cambio climático y su relación con la energía. “La integración de las políticas nacionales es todavía una materia pendiente”, concluye.

“Acumular conocimiento y no transferirlo es como arar y no sembrar”

2011-07-04T19:32:00.000-07:00

Los debates en torno a la Ley de Educación Superior, la autonomía universitaria, los servicios a terceros, son algunos de los temas abordados en la charla que el rector de nuestra Universidad concedió a Materia Pendiente.

Por Darío Andrinolo y Josefina Oliva

El comienzo de su gestión se ha sucedido en un año en el que la educación superior estuvo en el centro de la escena y en un contexto en el que emerge nuevamente en la agenda universitaria la posibilidad de reformar la Ley de Educación Superior, un punto que, según considera el actual rector de la UNLP, Fernando Tauber, es un tema que “está pendiente”.
· El año pasado se reunió con la diputada Puiggrós y en ese marco hablaron de los cambios de la Ley de Educación Superior. ¿Qué opinión tiene sobre su proyecto?

Nosotros empezamos a debatir sobre la base de un rechazo a la Ley (Nro. 24.521) vigente casi desde el mismo año en que se promulgó. Las universidades entendimos y nos sentimos avasalladas por esta ley de la década del ’90, en nuestra autonomía, en nuestra capacidad de decidir. De hecho uno de los debates inconclusos es el ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas que vemos coartado de saldar y terminarlo aún en la Justicia como efecto del famoso artículo 50 de la Ley. En esto se han expedido tanto la Federación Universitaria Argentina (FUA) como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que han sostenido este debate durante una década y media, y han ya expresado mediante documentos muy concretos cuál es su posición sobre una nueva ley de educación superior. Esa es la primera condición, una nueva ley y no una reforma de la Ley. En este sentido, los primeros borradores que emite el gobierno nacional como el proyecto de ley de Puiggrós, y otros que conviven en la Cámara, tienen un tronco común, con el cual acordamos las universidades públicas, que es el respeto de la autonomía universitaria, como condición inicial.
Después tienen particularidades. Nosotros siempre vamos a ser refractarios a la injerencia de la Legislatura en decisiones que tienen que tomar las universidades de acuerdo a sus propias realidades.

· En el marco de una nueva ley ¿cómo entra en juego la CONEAU?

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria fue una institución que arrancó en forma muy controvertida, con fuerte rechazo de las universidades, sobre todo porque en ese momento lo que había era una sospecha de que esto obedecía a una política que incluso trascendía al país. La CONEAU maduró por su lado y nosotros tomamos nuestra propia experiencia en el contexto latinoamericano.
La evaluación externa de calidad es un tema insoslayable para el sistema niversitario. Hoy la Universidad no debate ni resiste los evaluadores externos. En cambio sí analiza la composición de esa evaluación externa, que es lo que se tiene en cuenta a la hora de observar los proyectos de ley de educación superior. A mí no me interesa un organismo de evaluación externa que tenga mayoría de representantes designados por los partidos políticos de la Cámara de Diputados y Senadores, sino una
composición que tenga una mayoría de pares evaluadores y en la que el propio sistema universitario tenga una presencia determinante para las propias evaluaciones.

· Con relación a la autonomía universitaria en la UNLP, hay otros factores que la afectan, como las políticas de CONICET sobre investigación, que manejan un gran volumen de financiamiento y dirigen las políticas en ese ámbito. ¿Cómo evalúa la injerencia del CONICET teniendo en cuenta que este organismo plantea que no debe haber becarios o graduados dentro la dirección de los institutos?

Las políticas del CONICET no son las de la Universidad. Tengo que referirme a las políticas de la UNLP, no a otros sectores del Estado. En ese sentido no siento que avancen en la autonomía de nuestra Universidad. Tenemos 155 institutos y 18 son compartidos con el CONICET, con lo cual nuestro desarrollo científico no está condicionado por ese organismo. Y si son compartidos es porque hemos establecido acuerdos entre dos instituciones, cuyas reglas respetamos. Si el CONICET establece esas condiciones y el instituto las acompaña es porque forman parte de la misma política y dan la discusión dentro de esas normativas. Las condiciones del resto del sistema científico de la UNLP están administradas por la propia Universidad.

· ¿Pero a veces no se ve afectada la autonomía por trabajar con fuentes externas?

Habrá que discutir cada caso particular.

· El 90 % del presupuesto ¿sigue siendo para sueldos?

Sí. El 90 % del presupuesto va en sueldos. (Para datos más detallados sobre el presupuesto ver Cuestión de fondos, p. 12).

· Entonces ¿cómo se garantiza que crezca la investigación, teniendo en cuenta que se recurre a fuentes externas? ¿Eso no puede poner en riesgo la autonomía?

No. Primero, lo que garantiza la investigación son esos sueldos. Lo que nosotros tenemos que conseguir es ir avanzando en una proporción de mayor disponibilidad de gastos, que este año se van a incrementar en un 50 por ciento. Este es un aumento que no se ha producido al menos desde que yo estoy y me parece que en todo el proceso democrático. Ahora, una cosa no quita la otra. La Universidad tiene sus políticas y no hace acuerdos con terceros en la búsqueda de recursos que no tiene. Trabaja con terceros prestando servicios que tenemos que prestar porque nos interesa hacerlo. En el sistema universitario la transferencia tiene un rol fundamental. Acumular conocimiento y no transferirlo es como arar y no sembrar. Estamos para transferir. Las condiciones en las que lo hacemos son parte del debate. Ninguna de las políticas universitarias se han podido hacer gracias a recursos que entraron por terceros, sino que se establecen en función de nuestros propios recursos y en ese sentido va el esfuerzo permanente para crecer en gastos de funcionamiento y en mayores dedicaciones. Hoy el 36 % de nuestros docentes tiene dedicación exclusiva o semi-dedicación. Teníamos el 18 % hace siete años. Esa condición es la que nos da
autonomía: que un docente tiene un ingreso de dedicación exclusiva o semi dedicación pero lo dedica a la investigación y es él quien define qué línea desarrollará y aporta así una mayor producción de conocimiento. No un tercero. No tenemos el perfil anglosajón donde el privado realiza el aporte para que la Universidad investigue y de esa forma delimita sobre qué se va a investigar. No sólo sucede en La Plata. En América latina el conocimiento se produce en las universidades públicas.

Transferencias

· En lo que respecta a trabajos a terceros, muchas veces estos se realizan sin un control general y los fondos que se obtienen no contribuyen al presupuesto universitario sino sólo (o en gran medida) al grupo que hace la transferencia… ¿eso
no puede distorsionar la función universitaria?

Todo procedimiento que no tenga un control puede generar distorsiones. Los sistemas de servicios a terceros sí tienen un control institucional y las facultades que son las responsables de regular estos temas establecen qué significa un servicio a tercero, cómo lo direccionan y cómo se distribuye el recurso que ingresa más allá de la prestación del servicio. No concibo que la condición de transferencia sea la gratuidad. Sí, la direccionalidad racional del tema y el control responsable por parte de la institución. La Universidad pública tiene que cumplir ese rol y además por ejemplo, ahora se están desarrollando los proyectos de los acueductos para llevar agua potable del Río Paraná al noroeste de la Provincia de Buenos Aires. ¿No es un tema en el que tiene que estar la Universidad? ¿Qué es lo que vamos a discutir, si tiene que estar o no la Universidad o cuánto van a cobrar los profesores que hacen la consultoría del tema? Discutamos cuánto cobrarán los consultores y cuánto le queda a la Universidad y cómo direcciona esos recursos para otras políticas que no tienen financiamiento, porque éstas lo tienen y hay otras que queremos hacer que no lo tienen.
No me quiero perder la participación de la Universidad pública en este tema porque si no la contratan, lo hacen a través de una licitación internacional, en una consultoría donde vienen los holandeses -como ya nos pasó- a decirnos cómo resolver las inundaciones del Salado.

· Pero al parecer hay una diferencia de criterios en las diferentes facultades.

Es probable.

· ¿Qué se hace con los recursos que ingresan de las transferencias?

Existe una ordenanza establecida a través del Consejo Superior. Se distribuye en la propia unidad académica y unidad ejecutora un recurso que no se debe llevar como ganancia sino que se tiene que volcar en el desarrollo de la Facultad y de la unidad. Bueno, lo que tenemos que controlar es que eso efectivamente se cumpla. Facultades con tradición de transferencia como la de Ingeniería, tienen un fuerte control de su Consejo Profesional. Cada tanto tenemos una rispidez en el tema porque el Consejo dice: “No, esto es de los profesionales”. Y ¿si tiene razón? Es de los profesionales. Bueno, estas son las condiciones de control que tenemos que establecer con nuestros
graduados para que lo que haga la Universidad sea lo que tiene que hacer en ransferencia. Yo no lo saco del capítulo, al contrario, en la última reforma del Estatuto uno de los temas que se incorporó fue la transferencia.

· En Exactas pasa, por ejemplo, que se acerca el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y pide hacer un monitoreo en el Río de La Plata y lo que viene a pedir como trabajo a tercero es la medición de una toxina o de clorofila, como si la Facultad fuese un laboratorio privado. Al tratarse del propio Estado, más que ese tipo de transferencia, ¿no deberían desarrollarse planes conjuntos del estudio del ambiente?

Bueno, pero es una posición de la Facultad. Uno puede tener una visión crítica como ciudadano pero el Estado define cuáles son sus propias políticas y la Facultad tiene capacidad como institución de decirle al Estado que acompañe o no en este tema. La Facultad tiene una serie de oportunidades en esto, de aportar a los procesos de desarrollo ambiental, social y económico, que, si no lo hace la Universidad pública lo hace un privado. Me parece que es fundamental defenderlo. Por ejemplo con el tema de las pasteras es la UNLP a través del Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica (LAQAB) la que hace el control permanente de la contaminación y es desde el propio instituto donde la contraparte técnica argentina fija cuáles son los estándares de control del Río Uruguay. ¿Quién lo va a hacer si no es la Universidad pública? ¿Vamos a poner dos políticos o dos privados? No. Yo quiero que sean parte de una organización pública. ¿Y es un servicio a terceros? Sí, es un servicio a terceros. Yo caminé tanto los institutos de Exactas como los del resto de las facultades. Además de hacerse investigación básica e investigación aplicada se hace mucha transferencia y es muy importante que se haga. No es una cuestión de decir “¡Ajá! Estás haciendo transferencia”. ¡No! Es el derrame de la producción de conocimiento que el sistema tiene que tener. El tema es con qué conciencia se establece esa transferencia y con qué condiciones. No quiero confundir. El eje de la discusión no es resistir a la transferencia sino enfocarnos en cómo lo hacemos .

TIERRAS

- ¿Qué pasará finalmente con el conflicto de las tierras guaraníes?

Es un tema que está en juicio y es más que complejo. Nuestra posición es devolver las tierras, resolver el conflicto definitivamente porque nos parece que la Universidad no necesita ser propietaria para poder hacer sus investigaciones en el predio. No es tan lineal el tema porque los pueblos originarios que ocupan la tierra tienen sus diferencias.
Nosotros lo hemos manifestado ante al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ante el gobierno de la Provincia de Misiones, y ante el gobierno nacional. La UNLP no le ve un valor venal a esas tierras, sino un valor científico. Nunca las vamos a vender, ni a ocupar. Tenemos una distancia de 1200 km. Ni siquiera las ocuparíamos para actividades académicas. La idea es devolverlas. El tema es a quién y cómo. Si se
las tenemos que dar al INAI, si se las tenemos que dar a los pueblos, si se las tenemos que dar a la Nación Guaraní, a la Provincia…

Materia Pendiente 11 en la calle!

2011-06-01T14:04:00.000-07:00

INFORME CENTRAL

Viaje Universitario

La Universidad en Latinoamérica, un recorrido por Chile, México, Uruguay, Brasil y Argentina, para entender qué tienen en común y cuáles son las diferencias que existen en la educación superior. ¿Cómo influye allí el proceso de mercantilización? ¿Y el de Bologna? Con las respuestas anticipamos la necesidad y qué posibilidades existen de crear un bloque regional.

MEDIO AMBIENTE

Cambio de Matriz

¿Cuáles son las posibilidades de comenzar a sustituir el uso de combustibles fósiles por fuentes de energía renovables? El debate sobre el escenario que viene en materia energética para los próximos años.

SALUD

Un recorrido por el Instituto Biológico de La Plata

POLÍTICA ACADÉMICA

Presupuesto

Los números de la UNLP para 2011

ENCUENTROS

Una charla con el Rector de la UNLP

Fernando Tauber responde acerca de la Ley de Educación Superior y por qué habría que reformarla; la autonomía universitaria y los servicios a terceros.

MIRADAS AL PASADO

Con la bolsa de dormir

Acampamos en la historia de la lucha de los estudiantes por la restitución de la democracia en la Universidad.

LABURATORIOS

¿Todos a terapia?

El rol de los psicólogos en La Plata. Desde la formación académica a la salida profesional. Entre el consultorio privado y la necesidad de orientar la práctica hacia ámbitos sociocomunitarios.

ARTE EN PARTE

Ilustrar el detalle

A través de la experiencia de dos ilustradoras científicas conocemos los secretos de una profesión necesaria para conectar la creatividad entre dos mundos: los de la ciencia y el arte.

¡A LA PIPETA!

Sin media sombra

Aprendemos a cocinar con los rayos del sol a través de cocinas solares, con pocos elementos y sin agotar los recursos naturales.

Esos peligrosos condimentos...

2011-06-01T13:49:00.000-07:00

Un recorrido por nuestra zona hortícola muestra el cotidiano uso de productos tóxicos
en los cultivos. Expertos en la cuestión admiten la necesidad de más controles,
advierten sobre los peligros que traen aparejados para la salud y el ambiente, y
discuten posibles alternativas.

Por Juan Manuel Mannarino

“La utilización de los agrotóxicos se da en todas las actividades agrícolas. La Plata, como parte del área metropolitana hortícola de Buenos Aires, es una zona de riesgo permanente”, explica el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinador
regional de RAPAL, (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina). Desde diferentes sectores, -vecinos, campesinos, médicos rurales y algunos
científicos- luchan por demostrar el perjuicio ambiental y humano que estas sustancias provocan y sostienen que “el uso de los agrotóxicos en el país merece ser una cuestión de Estado”. Incluso la Justicia comenzó a emitir fallos que reconocieron el peligro de los herbicidas y plaguicidas, denominados agroquímicos por aquellos que niegan y exigen pruebas acerca de su toxicidad.
En la producción agrícola los que más se emplean son herbicidas como el 2,4D y el Paraquat, e insecticidas como el Bromuro de metilo; el Endosulfán, -prohibido en más de 60 países- y el Carbofuran. (Ver página 8). Estos tres últimos también son de uso frecuente en el Gran La Plata, sumado al Dicarzol,el Clorpirifos y la Cipermetrina.
Marcada por la pobreza, nuestra zona hortícola se nutre de quinteros, en mayor parte migrantes ilegales, que sufren a flor de piel la precariedad laboral y el riesgo ambiental, con consecuencias negativas para su salud. Por miedo a perder lo poco que tienen eligen no hablar de ello y ante esta situación los científicos alzan la voz crítica hacia el uso de los agrotóxicos.
Leda Giannuzzi, profesora de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas, asegura que en el cinturón hortícola de la ciudad hay un alto uso de agrotóxicos tanto en la plantación del tomate como en otras hortalizas. “Desde la facultad, con el Taller de Aguas fuimos convocados por la gente de Cambio Rural, del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Hicimos una muestra del agua en la zona de la Ruta 36 y comprobamos que los productores utilizan agrotóxicos en invernaderos sin ningún tipo de protección. Ahí vimos que trabajan con pesticidas
como el Bromuro de metilo, un gas que se usa para matar parásitos de las plantas. La muestra, tanto a nivel microbiológico como físico-químico, probó que el agua está contaminada, con un alto contenido en nitrato. Nuestra hipótesis es que esto se debe a los fertilizantes nitrogenados que se usan en el suelo y por la injerencia de a productos organoclorados como el Endosulfán”, afirma Giannuzzi.
Al mismo tiempo, Alicia Ronco, titular del CIMA (Centro de Investigaciones del Medio Ambiente), dependiente del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, explica que desde 2004 el instituto ha detectado el uso de plaguicidas
“altamente contaminantes” en el arroyo El Pescado, situado en los alrededores de la 36. “Hicimos estudios en campo y laboratorio en cultivos transgénicos. Las pruebas demostraron un alto impacto de insecticidas como el Endosulfán, el Clorpirifos y la Cipermetrina. Son químicos peligrosos, que se usan indiscriminadamente sobre el ambiente y están causando la destrucción de la biota acuática de la zona, con una alta mortandad de peces y anfibios”, expone Ronco.
En un nivel más amplio la legislación argentina relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es “incompleta, permisiva y obsoleta”, dice el ingeniero Souza Casadinho. Al respecto Materia Pendiente pudo comprobar que en algunas producciones hortícolas de Arana, donde se cultiva el alcaucil, los químicos se usan sin ningún tipo de prevención y que la mayoría de los quinteros, muchos de ellos de nacionalidad boliviana, están expuestos a los efectos de los plaguicidas de forma permanente.
Uno de ellos, Augusto, admitió que tanto en su chacra como en otras vecinas, se usa el Bromuro de metilo para combatir las enfermedades de las plantas. Se trata de un gas sintético que se utiliza como insecticida y que según el INTA “provoca serias repercusiones sobre el ambiente debido a que, después de su aplicación, pasa a las capas superiores de la atmósfera y daña la capa de ozono, -la que bloquea la trayectoria de los rayos ultravioleta (UV), impidiéndoles la llegada a la superficie de la tierra”.

Controles insuficientes

Desde 1998, el INTA, junto a la Oficina del Programa Ozono de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con apoyo de organismos de las Naciones Unidas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y La Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial), están llevando adelante dos proyectos demostrativos de alternativas al uso de Bromuro de metilo en cultivos de hortalizas, frutilla, flores de corte, y tabaco. El programa se aplica en todo el país, aunque hay zonas, como las de Arana, donde todavía no llegó a implementarse. Mientras tanto, desde febrero de 2009 funciona en la ciudad un plan de siembra “no contaminante”, fruto de un convenio entre la Municipalidad de La Plata y la Asociación de productores Hortícolas (APH). El Plan consiste en la reconversión de los métodos de protección de la siembra para evitar la utilización de agroquímicos contaminantes.
“No es que no haya controles por parte del Estado, sino que no alcanza con lo que se está haciendo. La del mundo hortícola es una realidad compleja: hay mercados concentrados, productores desesperados y un modelo hegemónico de producción que es el de las semillas híbridas. Es decir, la industrialización de la agricultura demanda el uso de los agroquímicos sintéticos”, explica Juan José Garat, ingeniero agrónomo y miembro del Curso de Extensión Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNLP). “Antes se utilizaban químicos más caseros, con menos toxicidad, -como el Caldo bordelés (sulfato de cobre y cal)-, que eran producidos por los propios productores. Pero en los últimos tiempos, con la intensificación de la producción, se usan químicos fertilizantes para que la tierra pueda rendir más; y luego se fumiga con los insecticidas de síntesis para controlar los hongos y las bacterias en los cultivos”, amplía el ingeniero.
Los insecticidas de síntesis son los que se entienden como agrotóxicos y “son altamente dañinos para la salud, pero los quinteros los usan porque son mucho más baratos que otros productos más sanos, que son importados y valen el doble. Algunos se utilizan específicamente sobre una plaga, como el de las moscas blancas. Es un negocio enorme”, informa Garat. Sin embargo manifiesta que “ese modelo de producción ocasiona un desastre social. Nosotros, los que trabajamos en las áreas rurales de La Plata, vemos todo el tiempo a productores con manchas en la piel y ellos mismos nos cuentan que tienen familiares con problemas respiratorios o vecinos que mueren porque se les revienta un riñón”.

Verdes soluciones

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia (el último censo hortiflorícola fue en 2005), La Plata es el principal productor hortícola de la Provincia. Con tres mil hectáreas dedicadas a la producción, que se extienden desde Villa Elvira hasta Etcheverry, cinco mil familias viven de la cosecha, lo que equivale a unas 40 mil personas trabajando en la actividad. En este esquema, el Mercado Regional La Plata representa una pieza clave. Con un movimiento de 10 millones de kilos mensuales de frutas y verduras, genera negocios por 6 millones de pesos por mes y da trabajo a más de mil personas.
Para Tony Maidana, agrónomo que trabajó con productores de Colonia Urquiza y Romero, el Mercado de La Plata no tiene un sistema sanitario eficiente para el control de las verduras. “Los fiscales sólo controlan a los productores que venden en lo que se conoce como playa libre, es decir, los puestos que no son permanentes. No sabemos si las verduras que comemos tienen veneno. El SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) lanzó un programa, pero no es suficiente si se considera que son miles de kilos de verduras. Hoy cualquiera puede poner un galpón y producir sin problemas, porque los mercados están desregulados y el Estado no los controla. Y todos sabemos que el uso de los agroquímicos es altísimo en la región”, asegura Maidana.
Al respecto, Dardo Selis, subdirector de la Dirección de Sanidad Vegetal, aclara que desde el gobierno se está implementando el Programa BIA (Bajo Impacto Ambiental), un plan voluntario que otorga una variedad de productos con baja toxicidad. “Creemos que sin agroquímicos no puede haber producción. Existen cuarenta especies de hortalizas,
tenemos una variedad de plagas inmensa y necesariamente hay que controlarlas con una batería de productos químicos. Buscamos un manejo eficiente y racional de los plaguicidas y no su eliminación”, analiza Selis.
Para Leda Giannuzzi, es el paradigma de la Revolución Verde el que defiendeel uso obligatorio de los agrotóxicos, cuando hay experiencias de agroecología que piensan lo contrario. “La Revolución Verde es el modelo agroindustrial hegemónico desde el menemismo, un paquete tecnológico que piensa la producción como una mercancía”, sostiene.
En la misma dirección Leonardo Davies, técnico del INTA que trabaja en el cinturón hortícola de la ciudad, indica que “los productores usan agrotóxicos porque la primera información que les llega es la de las empresas. Son productos eficientes y más baratos pero destruyen el ambiente. Nosotros defendemos la agroecología. Queremos eliminar los agrotóxicos.Planteamos como prioridad el acceso y la conservación de la tierra desde una mirada de la soberanía alimentaria, para que las familias puedan vivir dignamente de lo que producen y no se intoxiquen”.
Por su parte, Maidana remarca que el paquete tecnológico de la Revolución Verde fomenta el uso de los insecticidas de síntesis para sostener los sistemas de riego y la producción en invernaderos, y ejemplifica: “para que un tomate dure más y permanezca más tiempo en las góndolas, se lo altera químicamente.
Antes que el sabor natural u otros atributos orgánicos importa su conservación”.
Los productores no aplican bien “el tiempo de carencia”, afirma Davies. Es decir que, en vez de echar el pesticida treinta o sesenta días antes de la cosecha, por desinformación de las empresas, lo hacen una semana antes de comenzar la producción. “Es grave la situación de salud de muchos productores, pero lo peor es que aún no están identificadas las patologías que producen los agrotóxicos. El Hospital Doctor
Alejandro Korn, de Melchor Romero, por ejemplo, no tiene un servicio de toxicología y no hay historias clínicas sobre la patología de la intoxicación, quizás porque la mayoría de la población es pobre y está sin seguro social”, dice el técnico del INTA.
Según Gustavo Tito, biólogo y director del IPAF-Pampeano (Instituto Para la Agricultura Familiar), los pequeños productores están desprotegidos: no usan las máscaras ni los trajes que deberían usar porque la mayoría de ellos está en situación de precariedad laboral. Durante el verano, cuando las plagas acechan con mayor intensidad, los productores suelen echar los insecticidas con el torso descubierto, descalzos y sin barbijos. “El productor se va intoxicando de a poco porque los químicos se absorben lentamente. Los agrotóxicos no se degradan, se acumulan. Por eso pensamos que el agricultor familiar necesita una tecnología que no lo contamine, porque él vive donde produce”, explica el biólogo.
De esta forma Gustavo Tito defiende el enfoque agroecológico y dice que “no es nuevo: es volver a los saberes de hace cincuenta años, a la energía renovable, como por ejemplo enterrar repollos, los cuales liberan unos gases que esterilizan el suelo y generan el mismo efecto que el Bromuro de metilo. Los productores, cuando ven que estas tecnologías alternativas optimizan los recursos y son menos costosas, construyen otro nivel de conciencia ambiental” .

Cada Cual Atiende su Juego

2011-06-01T13:29:00.000-07:00

En nuestro país las Obras Sociales presentan distintos mecanismos de administración y control. Los afiliados, además del aporte –voluntario u obligatorio- que realizan para acceder a ellas, abonan montos extras en consultas, estudios y farmacias. Así y todo, ante la inconformidad con la atención que reciben, optan muchas veces por el sistema público, que no puede negar la asistencia. Este libre juego actúa en detrimento de las posibilidades de brindar salud por parte del Estado. Aquí un aporte
para poder armar este gran rompecabezas.

Por Josefina Oliva

“Lo primero que hay que definir es que las Obras Sociales forman parte del sistema solidario. Ni las prepagas, ni aquellas que tienen como objetivo el lucro son Obras Sociales. En segundo lugar, la definición del sistema de seguridad social y las Obras Sociales en la Argentina tienen que ver con el tema de la solidaridad. Ésta se expresa en tres vectores: el que más gana aporta por el que menos gana, el más joven aporta por el más viejo, y el más sano aporta por el más enfermo. Esas tres patas de la solidaridad se expresan tanto en la seguridad social previsional como en las Obras Sociales”, define el director médico de Ospida (Obra Social Personal de Imprentas,
Diarios y Afines), Jorge Rachid.
Sin embargo el vasto mapa de las Obras Sociales (OS) existentes en la Argentina se presenta como un rompecabezas, en el que se encuentran gran diversidad de marcos regulatorios y de control. Este sistema, lejos de motivar un camino que contribuya a la solidificación de una política de salud estatal, interpone circuitos paralelos que encarecen al “sistema solidario”.
Para el año 2008 el Indec indicaba un total de 283 OS de las cuales 206 son sindicales con 12.459.359 afiliados; 27 de personal de dirección con 1.038.416 afiliados; el PAMI con 3.503.292, y otras 49, con 1.230.114. En el informe “Inequidad en el acceso a la salud en la Argentina”*, del economista especializado en temáticas de salud, Daniel Maceira, se especifica que el 56% de la población cuenta con algún mecanismo de seguro social, ya sea obra social sindical, provincial o PAMI; mientras que el 10% de los individuos cuenta con una cobertura prepaga de seguro individual y un 34 % aproximadamente de la población no cuenta con seguros formales y recurre
al sistema público (hospitales y centros de Atención Primaria de Salud).
En “Inequidad…”, su autor, quien es también investigador del CONICET, indica que “la Argentina posee un sistema de salud segmentado. Esto implica la inexistencia de un fondo único que permita asegurar y ofrecer un paquete homogéneo de servicios a toda la población. Así, la amplitud de los servicios ofrecidos se encuentra relacionada con la capacidad de pago, ya sea voluntaria (pago de bolsillo) o compulsiva (retenciones salariales), de los aportantes y sus familias. Un esquema de aseguramiento social diseñado para toda la población permitiría reducir los desembolsos individuales y, de esta forma, otorgar el derecho a toda persona de acceder a un paquete de servicios relativamente homogéneo”. “Estos subsistemas se comunican e incluso se financian mutuamente negativamente, es decir, se dan subsidios cruzados, del sector privado al sector público y viceversa, y eso hace más ineficiente aún el sistema”, destaca la ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña.
Para ella el mayor problema del sistema en la Argentina es el “federalismo”. “Si la salud es federal es muy difícil que podamos tener una misma matriz de atención, porque cada provincia ha resguardado para sí esa competencia”.
A través de la ley 23.360 se estableció en 1988 que tanto las OS nacionales, las de personal de dirección y las prepagas son reguladas y deben ser controladas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de la Nación.
En este sentido se destaca el PMO (Programa Médico Obligatorio), mediante el cual se establecen las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar todas las OS que se rigen por ese organismo .No ocurre lo mismo con las provinciales, que quedan por fuera de esa legislación. Desde la SSS indican que el hecho de que no estén incluidas, no quiere decir que no estén “invitadas a participar del sistema”.
En el rompecabezas de las OS cada cual atiende su propio juego. Las provinciales no tienen un organismo común de control “ni tienen incentivos de tenerlo”, aclara Maceira. Lo único que las unifica hasta ahora es la COSSPRA (Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina), “una institución que se está reorganizando y permite cierta relación entre OS, pero todavía no avanzó en una estructura que tenga, por ejemplo, un paquete de servicios propios”. La regulación queda así a merced de cada provincia, lo que determina la gran diversidad del sistema. “Como las OS dependen del empleador,- que es el gobierno provincial-, está sujeto a los vaivenes de los gobiernos y de la capacidad fiscal de cada provincia”, explica el investigador. Materia Pendiente consultó a la COSSPRA por este asunto, pero no hubo respuesta desde el organismo.
Con la plata de los trabajadores Según se establece en el artículo 16 de la ley 23.360, para las obras sociales sindicales el aporte que realizan los trabajadores en relación de dependencia es “equivalente al tres por ciento (3%) de su remuneración. Asimismo, por cada beneficiario a cargo del afiliado titular, (…) aportará el uno y medio por ciento (1.5%) de su remuneración”. A esto se suma la contribución a cargo del empleador que es “equivalente al cinco por ciento (5 %) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia”.
Por su parte, en el PAMI el aporte de los beneficiarios es de un 3 %. En tanto que en las Obras Sociales provinciales varía. En el caso de la Provincia de Buenos Aires IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) retiene el 4,8 % al afiliado y otro 4,8 aporta el Estado provincial haciendo un total del 9,6 por ciento. Pero a esas cifras también es preciso sumarle los descuentos por los coseguros, los cuales muchas veces son voluntarios, pero otras tantas obligatorios.
Es el caso, por ejemplo de los trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, que además del descuento del IOMA tienen el de la Dirección de Servicios Sociales (DSS) -un 6% del sueldo básico. Entre uno y otro la quita suma alrededor del 10,8 por ciento. Además de los descuentos, el afiliado paga el bono de consulta –cuyo valor
varía en las OS según la “categorización” del profesional. Y, dependiendo de la obra social de que se trate, una vez en el consultorio, muchas veces los pacientes deben abonar un monto efectivo extra.
En el caso particular del IOMA, al acceder a su página web existe un ícono que destaca “el cobro indebido es una enfermedad que se previene”. Sin embargo esos mecanismos ilegales continúan.
Además, las OS autorizan a ciertos profesionales a trabajar dentro del sistema pero cobrando honorarios libres que llegan a los 300 pesos la consulta. En el caso de IOMA paralelamente se faculta a ese profesional a prescribir -tanto recetas como estudios- por la obra social. Si no fuera así “tal vez sería un freno” para que tal lógica siguiera, manifiesta el doctor Luis Gambarotta, ex médico auditor de Pediatría del IOMA. “Alguien diría: ‘yo iría a ver a tal pero aparte de lo que me cobra tengo que abonar lo que me indica. ¿Cómo hago?’”.
Así, fuera ya del consultorio y una vez en la farmacia el afiliado debe abonar los medicamentos, que tienen diferentes costos según el caso. La mayoría de las OS presentan una cobertura del 100% para ciertas situaciones específicas (maternidad, primer año, pacientes oncológicos, diabéticos, enfermedades sanguíneas, etc.); y si se guían por el PMO, el 70% de la droga de marca registrada más económica para enfermedades crónicas y un 40% para un listado más abarcativo de productos. Aunque
en el caso de IOMA, como en el de cualquier obra social estatal provincial, varían
porque la cobertura es por monodrogas (Ver Porcentajes y montos).
El pago de la obra social, el bono, el extra de alguna consulta, el copago de los medicamentos… “Realmente al afiliado se le saca mucho dinero extra a la cuota, y es que el sobre abuso del sistema y el distanciamiento entre lo aportado en función de los sueldos básicos y el costo actual de los procedimientos de la salud -sin escartar la pululación de ‘intermediarios’- imposibilita el sostén de las OS”, opina Gambarotta. Además “lo obtenido por las mismas está dirigido casi íntegramente a lo privado y mínimamente a lo estatal”, afirma.
Más allá de de las diferentes formas de regulación, los mecanismos de financiamiento de la mayoría de las coberturas no tienen prestadores propios “así que subcontratan, ‘tercerizan’, explica Maceira. “Y eso lo hacen fundamentalmente en el sector privado y en algunos casos en los hospitales públicos. En las provincias normalmente la negociación se realiza con las asociaciones de clínicas y sanatorios de cada una. Esto es importante porque son dos actores locales -que tienen una trayectoria de relación que se mantiene eternamente, entonces tienen más incentivos a negociar, intentar acordar, protegerse, no transferir ni absorber salvajemente el riesgo- a diferencia de las obras sociales nacionales o del PAMI que son actores nacionales
que operan en cada provincia”.

Caros negocios

En el informe de Maceira, “Inequidad…”, se puede ver cómo los porcentajes de beneficiarios por tipo de obra social varían según el tipo de ingreso. Mientras que el 35% de la población del rango más pobre posee cobertura de la seguridad social, estos valores se elevan a 68% y 65% para los dos rangos más ricos. Paralelamente,
el sistema privado cubre aproximadamente el 4% de la población más pobre del país, mientras que el 23% del sector más rico posee un seguro privado de salud. En el extremo opuesto, el sistema público otorga cobertura a más de 61% de la población más desprotegida, valor que se reduce hasta llegar a 12% en los grupos más ricos (ver Cuadro 1).
Sin embargo “la primera fuente de atención utilizada por los individuos no necesariamente está relacionada con el mecanismo formal de aseguramiento que posee”, advierte el investigador, ocasionándose así cruzamientos entre los diferentes sistemas. De esta forma aclara a Materia Pendiente que “en la medida que haya pacientes que contribuyen a una obra social provincial, nacional, de personal de dirección, y se atienden en un hospital público con el cual no hay convenio o uno que no recibe un pago de la obra social, -no del paciente, porque el paciente ya pagó-, se encuentra un subsidio cruzado de una obra social hacia el hospital público, que es la institución con menor financiamiento, y eso afecta la equidad y la eficiencia del sistema”.
Por diferentes razones, -los montos que se deben pagar además del aporte por la cobertura, o simplemente para evitar hacer colas y trámites-, las prestaciones que podrían y deberían ser aprovechadas por los sectores de menos recursos son utilizados por aquellos que sí disponen de una cobertura. Uso y abuso
Las complejidades que se presentan en el sistema de obras sociales son muchas. “Lo único que se puede intentar es frenar el abuso de la utilización. No puede ser que vaya una señora por cuarta vez en un mes a hacerse una ecografía porque le duele el abdomen. No puede ser pero nadie lo frena”, dice el doctor Gambarotta criticando así el “hiperconsumo” de las consultas. “En distintos países de Europa, por ejemplo, no
existe el derecho a ir directamente a un pediatra por el costo que tiene el specialista, sino que antes tiene que pasar por un médico generalista. Eso tiene que ver con que acá el sistema es muy libre para una cuestión cuyos costos se han ido a
las nubes. Y esto nadie lo controla, y no hay forma de sostenerlo si no está el Estado atrás tapando el agujero. Porque no sólo el afiliado debió pagar la consulta al pediatra, como un médico especializado, sino que a la misma obra social esa consulta también le sale más cara”.
“Las razones por las cuales el 40% de la población atendida en el sector público cuenta con un mecanismo de cobertura formal son variadas”, explica Maceira. Puede atribuirse a las prestaciones de emergencia por accidentes en la vía pública, que dirigen la internación de urgencia a la institución pública más próxima; a la existencia de mecanismos de aseguramiento social cuya prestación es de muy baja calidad; o por las buenas referencias que se identifican en algunos servicios. Lo que permite ver por un lado, cómo los diferentes recursos de los trabajadores activos presentan ante los sistemas de cobertura diferentes circuitos; y cómo al mismo tiempo el financiamiento del Estado en salud muchas veces sale y pocas vuelve. En este punto el director médico de Ospida, Jorge Rachid es contundente: “Las Obras Sociales tienen que reformular su sistema de atención. Hay una frase que para mí es un lema: ‘Las OS no pueden estar sometidas a la libre elección del médico’. Cuando alguien se afilia a una prepaga te da una cartilla de prestadores. No puede ir a cualquier lado. ‘Porque tienen que proteger sus costos’, te dicen. Entonces por qué las obras sociales tienen que estar sometidas al sistema de la libre elección, es una barbaridad”, problematiza y advierte que hay que recuperar la atención médica primaria o el médico de familia como guía de entrada al sistema para evitar el abuso que se produce por la libre elección.
Rachid suma otra denuncia “contra algunos sectores médicos” que tomande “rehén al paciente” cuando les indican, por ejemplo, “sin esta prótesis no garantizo la operación’. Y ésa vale 33 mil pesos, cuando existe la que marca el PMO, que es nacional y vale 7 mil pesos’”.

Industrias

Los costos de los medicamentos varían según la obra social, pero en general en nuestro país son muy altos (ver La importancia de los laboratorios públicos). “La industria farmacéutica es la única del país que se permite márgenes superiores de ganancia al mil % en su productos”, denuncia Rachid, quien apoya las iniciativas
como la Unidad de Producción de Medicamentos de la Facultad de Exactas porque es allí donde se nota la diferencia: “cuando el costo de fabricación del paracetamol no alcanza los 30 centavos, se vende a tres pesos. Eso deja ver los niveles de ganancia
y opera sobre las Obras Sociales de manera extorsiva, porque el medicamento está gastando el 33 % del gasto total de salud. Esto no sucede en otros lugares del mundo, en los cuales orilla entre el 12 y el 18 por ciento”. Al mismo tiempo, la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Isabel
Reinoso, suma otra problemática que para ella no puede continuar, y es que “tanto en el caso de PAMI como el de IOMA la industria gerencia los convenios. Esto no puede ser porque la industria es la que pone el precio, trata de inducir la venta de un producto porque tiene un interés económico, y así tiene la potestad de sugerir a la obra social o de establecer qué productos van y cuáles no; manejar el sistema de información, saber qué se está vendiendo en cada farmacia del país; entonces direcciona”. De esta forma, continúa la farmacéutica, “se ha distorsionado todo lo que es la vía legal de comercialización, primero con los medicamentos de venta libre
encontrándolos en cualquier lado y después con los de alto costo porque acá claramente las leyes existen, pero pasan cosas como las que pasaron el año pasado”.
(ver La causa).
Por otra parte en 1993 se eliminó el Nomenclador Nacional que fijaba los precios de las prestaciones. Esto garantizaba un criterio unificado pero, desde entonces “en cualquier lado se negocia de cualquier forma como se puede”, critica Rachid. Lo cual trae consecuencias para las OS y el afiliado directamente, debido a que, con este mecanismo, los prestadores incorporan diferentes precios que muchas obras sociales no
pueden cubrir y es allí cuando “te hacen una demanda judicial. Por más que lo solicitado no figure en el PMO. Esto no es protegido por parte de la superintendencia”, dice el representante de Ospida.
Al respecto, el gerente de Gestión Estratégica de esa dependencia, Jorge Leguiza manifiesta que: “el Decreto Nacional 9/93 dice: “Art. 6 — Déjase sin efecto todas las restricciones que limiten la libertad de contratación entre prestadores y obras sociales, así como aquéllas que regulen aranceles prestacionales de cualquier tipo”. “En este contexto la SSS no está habilitada ni a fijar precios ni a controlar aranceles. No obstante se ha trabajado en distintas instancias con los prestadores cuando se detectan desvíos importantes, a efectos de acercar a las partes”, afirma.
Reglas del juego Desde el punto de vista de Rachid además “el sistema de OS está desintegrado” y en ese sentido manifiesta que está impulsando una ley donde va a tratar de nuclear a todas las sindicales, las provinciales y el PAMI.
Mientras que, según analiza el investigador Daniel Maceira, el mayor problema no radica en la cantidad de OS, sino en la forma de coordinación de las mismas. Si el objetivo es ir en busca de un sistema de salud más equitativo y financieramente más solvente, lo que se debería hacer “es tratar de coordinar las prestaciones e incluso el marco regulatorio de la obra social provincial, los ministerios de salud provinciales y las delegaciones del PAMI. Esas tres instituciones deberían coordinar para poder brindar un paquete de servicios más equitativo y establecer reglas del luego homogéneas” .

Salió Materia Pendiente Nº10

2010-12-04T09:46:00.000-08:00

INFORME CENTRAL

El rompecabezas de las obras sociales

Adhieren a ellas casi el 70 % de la población. Se presentan en variadas formas y con diferentes mecanismos de administración y control. ¿Cuántas hay y de qué tipo? ¿Qué ofrecen? ¿Cómo influyen en la salud argentina? En este número una guía para armar, pieza por pieza, el libre juego de las coberturas médicas.

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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

A la cárcel

El juicio de la Unidad Penal nº 9 y sus consecuencias: las condenas de dos médicos ex docentes de la UNLP.

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Además:
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Medio ambiente

El uso de agrotóxicos en la zona hortícola de La Plata.

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Política académica

¿Qué es ser un buen docente? Diferentes respuestas sobre las condiciones que éste debe cumplir y las limitaciones que se le presentan para que así sea.

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Demandas

La lucha de la Tupac Amaru para lograr que “las villas vayan a la universidad”.

La escuela que supimos conseguir

2010-12-04T09:31:00.000-08:00

Para ser un buen ciudadano, para seguir la universidad. Para que no esté en la calle, para que no esté trabajando. En este informe un análisis de los nuevos desafíos y las apuestas que se redoblan sobre la escuela a partir de las leyes de Educación Nacional y Provincial (2006 y 2007). ¿Cuáles son los cambios que se vienen? ¿Cuáles los que aún no se ven? Las luchas para combatir la deserción y lograr la inclusión y los desafíos de mejorar la calidad del aprendizaje.

Por Josefina Oliva

El olor a guiso de invierno es penetrante y acompaña al crudo frío que continúa al entrar a la Esuela Secundaria Básica Nº 43 de Ringuelet. Los corredores amplios, los techos altos, la bandera izada en el patio, y sus paredes cargadas de afiches hablan de algunas costumbres de la escuela pública –una escarapela, el collage de la clase de plástica, el periódico mural- como también de las apuestas que se hacen sobre ella bajo las consignas del Estado: “la secundaria. Tu mejor futuro”.
A partir de la Ley de Educación Nacional (26.206) de 2006 y la de Educación Provincial (13.688) de 2007 los objetivos de la educación inicial, media y superior se han concentrado, a nivel oficial en la obligatoriedad, la inclusión y la permanencia de los niños y adolescentes.
En la Provincia de Buenos Aires eso implica que la escuela es obligatoria desde los 4 años de edad hasta la finalización de la escuela secundaria que ahora pasa a ser de seis años, al igual que la primaria, por lo cual en este momento se atraviesa una transición, pasando de un modelo a otro: éste es el primer año que se pone en p
práctica el nuevo 4º de la secundaria, que dejó de ser 1º del Polimodal. La transformación que comenzó hace tres años hace que el viejo 7º al que fuimos los ya hoy adultos, por ejemplo, pase a ser primer año de la Escuela Secundaria Básica.
Bajo el lema de inclusión y diversas medidas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) las escuelas se encuentran hoy cada vez más llenas. Es que ya no estamos frente a esa institución a la que asistían las clases medias o altas. Sino que, como explica la especialista en educación Inés Dussel “hoy están llegando grupos sociales por primera vez en su historia familiar, que vienen con menos preparación y capital cultural, menos conocimiento que otro grupos –como las clases medias y altas”.
Según explica Claudia Bracchi, directora provincial de Educación Secundaria, “la escuela secundaria se constituyó para otro proyecto político en el que no era obligatoria. Y la obligatoriedad establece una escuela para todos: los chicos que viven en la ciudad pero también en las zonas rurales, los que deben mantener a la familia, los que están en institutos con problemas legales, los que tienen una discapacidad, los que son mamás o papás”. Por eso, indica Bracchi, “la ley establece y le impone al Estado la obligación de generar las condiciones materiales y simbólicas para la escuela secundaria, que implica también cambios organizativos y curriculares”.
¿Cómo hacer entonces para mejorar la situación de la educación que debe, según la nueva legislación “formar para la ciudadanía, para el trabajo y para seguir estudiando”? “Si el objetivo es que los chicos estén en la escuela está bien, pero si es mejorar la calidad hay que revisar muchas cosas”, plantea Mariana Coloma, docente de la ESB Nº 43 de Ringuelet. “Hay chicos que vienen con muy bajo nivel de la primaria, que a veces no saben leer ni escribir. En ese sentido la ley está bien pero en la práctica falta mucho”.
Por su parte, José Kiefel, profesor de Filosofía y preceptor de la ESB Nº 26 de nuestra ciudad, dice que “no podemos hacer milagros. Uno aporta y le pone el cuerpo donde puede pero la mayoría de los pibes de acá no llegan a la universidad. No sólo por una cuestión del colegio sino por una fragilidad de vida, de sobrevivencia”.

Desde adentro

“¡Basta chicos!” Ordena Coloma en el medio del patio de la escuela mientras transcurre la hora de Educación Física. “¿Ves? Agresión física, verbal. Tratamos de que no sea así. Cuesta pero se logra. Es trabajo de hormiga permanente, pero se logra”, dice con optimismo.
Casos de abusos y de adicciones, chicos que salen a trabajar, “que cartonean toda la noche”, que vienen mal alimentados, que “se turnan para venir con el hermano porque un día uno usa las únicas zapatillas que tienen y al día siguiente las usa el otro”, son varios de los problemas que se ven en la escuela. Sobre este punto Bracchi plantea que “hoy ya no hay más un adentro y un afuera de la escuela”. En ese sentido, explica, el marco normativo de la nueva secundaria incluye no sólo las leyes de educación Nacional y Provincial sino también la de Promoción y Protección de los derechos de los Niños (13.298). Sin embargo, entre ese adentro y afuera, en ese lugar que refleja fielmente la realidad, se sigue notando que muchos de los derechos de los niños no se cumplen.
“El trabajo infantil está prohibido pero hay chicos que sostienen de esta manera la alimentación de sus hermanos. El Mercado Regional de La Plata, que es del Estado está tomando estos chicos para trabajar toda la noche ahí, cuando deberían haberle dado las becas de inclusión, que están pedidas desde junio del año pasado, que fue todo un tema y nunca más tuvimos respuestas”, critica la directora de la escuela Nº 43, Andrea Arrigoni. Además, en esa escuela, hace tiempo se cerró el comedor para el s sector de la secundaria y lo están manteniendo gracias a que decidieron dividir el
presupuesto que se les entrega para la primaria. Aunque no es lo ideal, dicen, es la solución que encontraron hasta el momento.
“Todos sabemos que un chico que no come no puede estudiar”, expresa Graciela Saad, secretaria general de SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) La Plata. “Ahora nos acabamos de enterar que hay problemas con los
pagos a los proveedores en el distrito”. Para la directora del colegio esto es indignante. “¿Cómo es que tenemos que estar explicándole al Estado lo que ellos mismos ponen en práctica, que es la jornada extendida? Si los chicos pasan 8 horas acá adentro tienen que tener desayuno, almuerzo y merienda”.
Desde SUTEBA reconocen que el texto de la ley “es excelente”, debido a que formaron parte de las instancias de debate que dieron origen a la nueva legislación. Pero “para que esa ley se llene de contenido, en principio, hay que poner un presupuesto educativo que exceda el que tenemos hoy que es el 6 % del PBI (ver Ley de Financiamiento Educativo)”, y sobre todo, indican, hay que mejorar las condiciones de infraestructura de las instituciones escolares. “En La Plata tenemos 130 escuelas primarias y alrededor de 40 de nivel medio. O sea que no hay correlación. Si es obligatoria la enseñanza desde los 4 años en el jardín, hasta la finalización de la secundaria, tendríamos que tener como mínimo 130 de cada nivel. No es que hay arreglarlas, hay que crearlas. Más teniendo en cuenta que es universal y obligatoria y que la AUH incrementó la matrícula notablemente”, detalla Saad.
Al respecto Bracchi dijo que está en los planes de la provincia la creación de nuevas escuelas. Sin embargo no dio más especificaciones. Desde la dirección de prensa de la Dirección General de Cultura y Educación no respondieron. Sólo indicaron que se crearían 15 nuevos jardines de infantes para la provincia. De los cuales alguno sería para el barrio de Los Hornos de nuestra ciudad. Mientras tanto en Ringuelet reclaman
por el espacio desde hace un largo tiempo. Ocurre que allí nada más tienen lugar hasta tercer año del viejo sistema.
Por lo tanto los chicos que pasaban a cuarto este año tuvieron que irse, con lo que se pone en riesgo la continuidad de la educación para un montón de adolescentes. Según cuenta Arrigoni “la escuela más próxima es una que queda a más de 15 cuadras, que es bastante. Por lo tanto lo que venimos observando es que muchos de los que terminan el tercer año dejan. Y esto pasa en un montón de escuelas”.
Los mismos alumnos del establecimiento lamentan no poder continuar allí su secundario. Evelin Carrera, de 2º año dice que “están viendo si hacen el 4º. Ojalá que lo hagan porque es muy feo acostumbrarse a otros amigos, a otros profesores. Ésta es una escuela diferente, la definen como de alto riesgo porque está en una villa, pero hay que conocer a las personas y a la escuela. Acá hay un montón de chicos que tienen varios problemas y que como no tienen el apoyo de los padres van a la calle, pero acá te van ayudando y te guían por otro camino”.
Mientras que otra alumna de la escuela, Jimena Fernández, remarca el trabajo que hacen los profesores para que los chicos no dejen el colegio. “Si dejas ellos van y te buscan, hacen lo posible para que no abandones y si tienen que estar insistiéndote todo el año lo hacen porque ellos quieren que estés en la escuela”.
En ese sentido Bracchi indica que se llevan a cabo diferentes propuestas para combatir la deserción, el abandono y la repitencia (Ver Deserción y repitencia) a través de centros de escolarización de secundaria para adolescentes y jóvenes –un proyecto que articula con organizaciones sociales; el plan de Finalización de estudios y vuelta a la escuela; el plan Fines de Nación, y diversas formas de tutorías.
A pesar de las iniciativas, desde la comunidad educativa ven muy difícil que se logren solucionar todos los problemas que enfrenta la escuela pública. En palabras
de Coloma, “el gran cambio pasa por una cuestión de que los padres de los chicos tengan trabajo, que se garanticen los derechos básicos de todas las personas, adultos
y niños. Y hasta que eso no pase no se puede hablar de una mejor educación. No es imposible pero es difícil, el cambio tiene que ser a futuro pero en serio”.

Calidad educativa

Con la nueva legislación se ha hecho especial hincapié en las currículas. De alguna manera, se trata de dejar de lado el viejo enciclopedismo, con el que había que saber un poco de todo, para saber no ya mucho de un poco, sino de profundizar en los procesos de construcción del conocimiento.
“La clave está en el enfo que”, explica Mariel Zabiuk, licenciada en Historia y docente de la ESB Nº 4 de Berisso. “La diferencia está en cómo se abarcan los contenidos, que quizás son los mismos de antes, pero ahora cuando das historia lo
importante es que el alumno aprenda a ver cómo las sociedades en el tiempo van cambiando, en función de las posibilidades que hay actualmente y de pensar cómo son las distintas culturas y estructuras sociales”. profesores están preparados para eso, y que mientras no cambien las estructuras institucionales es difícil que haya una modificación de fondo”.
Para Kiefel, modificar la escuela secundaria no depende sólo de los cambios en las materias, ni tampoco de “ponerle el cuerpo” a las problemáticas que los chicos traen de afuera, como lo hace día a día. Un factor clave para él es el desempeño del trabajo docente, del cual hay mucho para mejorar si se espera una educación de calidad con docentes que sean intelectuales críticos. “Muchos compañeros tienen más de un cargo. Si querés vivir de tu trabajo tenés que sumar horas y horas. En ningún
momento se contempla que el docente tiene que formarse, estudiar, corregir exámenes, presentar proyectos. Ahora parece que iban a poner más capacitaciones en servicio (ver Capacitaciones). Pero con eso no alcanza. El Estado tiene que contemplar el estudio del docente como parte de su trabajo”.

Bajo sospecha

“Hay una fragmentación social muy marcada del sistema educativo. Las escuelas públicas crecientemente son escuelas de sectores pobres y cada vez más homogéneas, mientras que la clase media urbana se fue al sector privado. Cuando yo fui a la escuela pública iba con chicos que venían de familias muy distintas, el hijo del profesional, del portero, el de un changarín.
Hoy eso es casi imposible e implica una pérdida fuerte en términos de lo que era la sociedad argentina más integrada, más mezclada, de poder conocer, convivir, hacerse amigos y tener vínculos con gente distinta”, reflexiona Dussel. Kiefel coincide con esta apreciación. “Para mí en el fondo no ha cambiado nada. El sistema sigue profundamente fragmentado, la educación privada gana espacio abiertamente y la educación pública se sigue convirtiendo en una educación para pobres”. Y si bien se muestra muy crítico de las condiciones actuales de la educación estatal, entiende que
“más que nunca hay que reformar las cuestiones del espacio público. Yo defiendo la escuela pública, pero tratando de crear un espacio nuevo, porque a la escuela también hay que crearla”.
En ese sentido Zabiuk plantea que lo que tiene que cambiar es la estructura escolar. “Si el tiempo de la escuela no comienza a utilizarse de una manera más integrada y a privilegiar el aprendizaje de una forma más libre, los posibles cambios van a seguir dependiendo de la buena voluntad de algunos docentes.
En general la escuela sigue siendo autoritaria, cerrada, conservadora, en la cual
las leyes mismas te llevan a que te tengas que preocupar todo el tiempo por la responsabilidad civil: quién es el culpable si al alumno le sucede algo, si se lastimó o no; si salió del aula”.
Hoy el docente debe estar atento a “los peligros” que pueden atentar contra los chicos y corre el riesgo de encontrarse con más de un problema legal, hasta la pérdida de su trabajo, si algo le sucede a uno de sus alumnos.
Desde ese punto de vista el licenciado en Ciencias de la Educación y coautor de Violencia escolar bajo sospecha, Gabriel Brener, plantea que no es que no haya violencia en la escuela, pero aclara que hay violencia de, en, y hacia la escuela. “De la escuela porque es una institución que tiene personas con desigual relación de poder, hay quienes evalúan y son evaluados, hay medidas disciplinarias, hay una relación de desigualdad que implican que se produzca una relación de violencia simbólica; en la escuela, porque la frontera que separa la escuela de la sociedad es hoy más permeable, entonces muchas de las violencias que ocurren en los alrededores entran sin pedir permiso.
Y hacia la escuela, hay varios planos, uno muy fuerte es el que se refleja en el rol que cumplen los medios. Cuando un titular del diario pone ‘niño es atacado por menor’, se está diciendo que ahí hay dos niños, pero uno es sujeto de derecho y otro de desecho. Antes decíamos desobediencia, indisciplina, conducta. En esta dirección, hoy, todo es violencia”.

Nuevas identidades, nuevos diálogos

Brener habla de la necesidad de una transformación de la escuela en varios sentidos. Pero sobre todo en la relación de los docentes con los alumnos. Porque allí donde “el efecto institución, del siglo pasado, ligado a fortalezas de relatos totalizantes dejó como herencia el rol del adulto como autoridad intachable, en una relación donde primaba el ‘porque te lo digo yo’”, hoy nos encontramos con otro escenario. “A veces la escuela supone un sujeto que ya no está, que es otro. Y ahí está el nudo. Entonces esto hace que los que se prolonguen y repitan sean los monólogos yuxtapuestos, no los verdaderos diálogos. Y ese es el desafío al que nos lleva la política de inclusión”. Indefectiblemente es allí donde aparece otra cuestión a debatir, en torno “a cuánto ingresa en la escuela de la cultura juvenil, que no es otra cosa que el porte identitario de los pibes”, explica Brener. Se trata entonces de encontrar mejores
canales de diálogo, “de no ponerles la tranquera a los chicos y decirles sacate el piercing, sacate esa campera -como el tema de Viejas Locas. Hay que tener en cuenta lo que dice Divididos: ‘¿qué ves? ¿qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad’… Es interesante eso para pensar que ven los adultos en los chicos”.

Despenalizar. Legalizar. Esa es la cuestión

2010-12-04T09:17:00.000-08:00

A causa de la clandestinidad e ilegalidad se pone en riesgo a miles de mujeres. Aquí las diversas perspectivas de un tema en el que se definen los derechos a la vida, a la salud, y a la información; los diferentes proyectos que modifican el artículo 86 del Código Penal; y la propuesta de Ley de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Por Luciana Aon

“La legalización del aborto es un tema de derechos humanos, de justicia social y de salud pública”, detalla Estela Díaz, responsable de Acción por los Derechos de las Mujeres (ADEM – Mujereando) e integrante de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Sin embargo, sostiene, “es además una problemática fuertemente atravesada por discursos morales, éticos y religiosos”. En Argentina se producen aproximadamente 500 mil abortos cada año. Paula Ferro, responsable del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, reconoce que “la situación de clandestinidad y la cualidad de inseguridad del aborto hace que la mujer corra más riesgos en términos de su vida”. Según datos del Sistema estadístico de Salud del Ministerio el porcentaje de muertes maternas por aborto alcanzó en 2007 un 24,2 % y en 2008 descendió levemente al 20,95 %.
Por otro lado, una reciente presentación del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, indica que “una mujer muere por día en nuestro país por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio. Entre 80 y 100 mujeres por año mueren por aborto en Argentina, siendo uno de los tres países de América Latina, junto con Jamaica y Trinidad y Tobago, donde ésta es la primera causa de muerte materna”.
El Doctor en Medicina y profesor adjunto de Obstetricia del Instituto Universitario Hospital Italiano, Mario Sebastiani, detalla que las mujeres en el país abortan “mediante tallos vegetales y mediante la colocación de sondas. Estas dos estrategias buscan que el útero se infecte y de esta manera inicie contracciones. Otras mujeres utilizan el raspado directamente entre las 6 y las 12 semanas, y otras una medicación que estimula la contractilidad uterina”.
En ese sentido Díaz plantea que “las mujeres que viven en situación de pobreza sólo pueden acceder a abortos realizados en condiciones muy precarias, poniendo en riesgo su vida. Aunque parezca una antigüedad, el famoso perejil o la sonda se siguen utilizando en estas circunstancias”. También reconoce que en los últimos años se ha
extendido el aborto con Misoprostol, una droga que en Argentina se vende bajo receta archivada. “Hace algunos meses se creó una línea telefónica para orientar e informar sobre el aborto con Misoprostol, como política de reducción del daño y derecho a la información. Hasta ahora es una iniciativa de la sociedad civil, esperamos pase a ser parte de una política pública de salud” (Ver Más información, menos riesgos).
Miles de mujeres abortan cada año de manera clandestina, insegura y riesgosa en nuestro país. La punibilidad del aborto está estipulada en el Código Penal, salvo en dos excepciones legales contempladas en el artículo 86: “Elaborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente (…)”.
Sin embargo han sido numerosos los casos de abortos no punibles judicializados, según afirma Estela Díaz, “como estrategia para obturar el acceso de las mujeres al aborto legal”. Al respecto Ferro explica que desde el Ministerio “en el 2007 se evaluó la necesidad de elaborar una guía para orientar el accionar de médicos y médicas respecto de estas situaciones; esa guía está vigente y se está actualizando en función de nuevas legislaciones en las provincias y avances científicos”. En definitiva, afirma la funcionaria, “la postura es no judicializar”.
En Chubut, el gobernador Mario Das Neves promulgó una ley que reglamenta los casos de abortos no punibles de modo que se prohíbe el pedido de una autorización judicial para practicarlos; incluso se contempla que “las maniobras dilatorias, el suministro
de información falsa y la reticencia para llevar a cabo la práctica del aborto cuando
ésta se encuadre en el artículo 86 del Código Penal, por parte de los profesionales de la salud y las autoridades hospitalarias, constituirán actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente”.
¿Pero qué pasa en el caso de los abortos punibles? Consultada sobre si se denuncian en los hospitales los casos de ingreso por aborto Ferro destaca que “desde 2005 hay un protocolo de atención pos aborto donde está especificada la atención que se debe dar ante estas circunstancias.
Claramente lo que decimos desde el Ministerio es que no se deben denunciar estas situaciones y que la mujer, ante cualquier riesgo o emergencia, debe asistir al sistema de salud público”. Ferro reconoce que el marco legal en Argentina está restringido y la consiguiente situación de clandestinidad “acrecienta el nivel de inseguridad”. Desde el Ministerio de Salud de la Nación destaca algunos estudios en los que, comparándolos con otros países que tienen legislaciones más amplias, “se evidencia que la legalización no implicaría un aumento en la cantidad de los abortos,
dado que en esos países se presenta un número bastante estable”.
Estela Díaz menciona que “algunas cifras son ilustrativas: en Argentina se practica un aborto por cada nacimiento. Mientras que en Suecia esta relación es de uno cada cinco recién nacidos. La diferencia la hace una política integral, que incluye la prevención de los embarazos no deseados antes y después de un aborto, así como una educación sexual integral en todos los niveles educativos”.
Retomando los principios de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto, Díaz afirma: “Nos planteamos la despenalización y legalización del aborto porque consideramos que esta propuesta forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos que deben garantizarse a todas las personas”.
El doctor Sebastiani se manifiesta en el mismo sentido al declarar que “si estoy en el marco de la salud pública cuento con el acceso a un derecho humano. Si estoy por fuera no tengo acceso al derecho a la salud y por lo tanto tengoque ir a la clandestinidad”.

Una mirada amplia

“La Campaña surge como una iniciativa feminista, pero se han sumado organizaciones y movimientos sociales, organismos de derechos humanos, sindicales, barriales, de mujeres y mixtas. Hay más de 500 personalidades que adhieren y se suman al proyecto de la Campaña y que no son necesariamente mujeres feministas”, describe una de sus integrantes, Marta Alanís, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir en la Argentina.
El objetivo de las distintas organizaciones reunidas bajo el lema de la Campaña fue hacer su propio proyecto de ley, “lo que implicó un proceso de construcción colectiva y participativa que llevó dos años. Hicimos plenarios locales, regionales, nacionales, seminarios internacionales. Se consultó a especialistas de primer nivel del país en aspectos legales, médicos y filosóficos”. Ese proyecto se presentó en la Cámara de Diputados en 2007 y cuenta hoy con 47 firmas de diputados nacionales de
distintos bloques políticos que lo avalan para que después de tres años no pierda estado parlamentario. Un documento difundido por Marta Alanís desde Católicas por el Derecho a Decidir en la Argentina indica que “la visión oficial de la autoridad de la Iglesia Católica está en la jerarquía, para nosotras en la comunidad; para ellos el sexo es visto como pecado mientras que nosotras lo reivindicamos como derecho; la jerarquía masculina entiende la ética como un conjunto de leyes y reglamentos y
nosotras la entendemos como una construcción colectiva siempre dinámica; ellos hablan de una sexualidad heterosexual y en el matrimonio, nosotras reconocemos varias opciones sin que el objetivo esté en la reproducción; mientras ellos consideran al aborto y al placer como pecados nosotras consideramos la libertad de decidir como uno de los principales valores”. Así, se reivindican como católicas pero se oponen a la férrea posición del Vaticano y las autoridades locales de la Iglesia Católica, respecto del aborto, en todas sus formas.
En definitiva, como manifiesta Alanís: “Si consideramos que en este país alrededor de un 80 % de las personas se reconoce católico y existen por lo menos 500 mil abortos por año, esto nos está diciendo que en la vida privada no se tienen en cuenta las posiciones del Vaticano y de la jerarquía local. O sea, existe un desacato silencioso a las posiciones oficiales”.
Ante las negativas doctrinarias de la jerarquía eclesiástica, Marta Alanís recuerda que Argentina es un Estado laico y que debe respetar el pluralismo: “No se puede gobernar o legislar en base a creencias personales”.
En la actualidad hay cuatro proyectos que se están tratando en Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el Senado “que avanzan solamente en modificar el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal”. Tres buscan clarificar las acepciones de la inimputabilidad de modo que, como define Alanís, “se pretende aclarar los términos para que el aborto en caso de violación quede garantizado para cualquier mujer”.
Y el cuarto, de la senadora Liliana Teresita Negre de Alonso de San Luis, es más restrictivo ya que busca, en palabras de Díaz, “eliminar el aborto legal en casos de violación”. En definitiva los sectores más conservadores “intentan hacer una interpretación restrictiva del Código Penal que supone la no punibilidad sólo si la violación es sufrida por una mujer con alguna discapacidad mental. Interpretación cuestionada por una amplia jurisprudencia nacional y provincial”.
Por otro lado, en la Cámara de Diputados espera el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro
y Gratuito, único que avanza en una mirada amplia sobre la despenalización y legalización del aborto. “Toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”, define el artículo primero. Alanís explica que el período establecido es “el consenso que se logró en las plenarias y debates” ya que “las mujeres en Argentina, en un 90 %, abortan antes de las doce semanas. También hay una gradualidad en la importancia que se le otorga a la gestación a medida que pasa el tiempo. Y por otro lado se pone
en riesgo la vida o salud de la mujer en embarazos más avanzados”.
La propuesta de la ley incluye en el artículo quinto el aborto gratuito en los sistemas de salud público “y los de la seguridad social de salud y los sistemas
privados las incorporarán a sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones”.
El proyecto además incluye el aborto en todos los casos de violación, de riesgo de salud o vida de la mujer, y malformaciones graves, más allá de las doce semanas.
Alanís advierte que desde la Campaña no se oponen a los tres proyectos que quieren
clarificar y reglamentar el artículo 86 del Código Penal para evitar la judicialización, pero aclara que su lucha es diferente y determina: “Nosotras estamos
pidiendo más”.
Aunque reconoce que recién está leyendo los distintos proyectos, desde el Ministerio, Ferro hace su balance: “se está debatiendo el tema con diferentes enfoques y propuestas en ambas cámaras; se está discutiendo a nivel nacional la situación de la mujer respecto de la decisión o no en situaciones de embarazo no deseado” .

2010-10-31T22:39:00.000-07:00

Ya salió el nº 9 de Materia Pendiente

INFORME CENTRAL

El último refugio

Después de resistir varias reformas la escuela pública vive hoy una nueva transición hacia un modelo que la propone inclusiva y obligatoria. Se redoblan las apuestas para que entre sus paredes crezca el futuro de millones de chicos. Pero, ¿cuáles son los cambios que se realizaron? ¿Cuáles los que están por venir? El análisis de especialistas y trabajadores de la educación.

SALUD

Aborto. El debate pendiente

Las diversas perspectivas de un tema en el que se definen los derechos a la vida, a la salud, y a la información; los diferentes proyectos y luchas. Por la despenalización y la legalización.

Además:

Encuentros

Una entrevista con la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires Adriana Puiggrós acerca de su proyecto para reformar la Ley de Educación Superior. |

Medio Ambiente

Botnia-UPM antes y después del fallo de La Haya. Reflexiones y debates sobre la política medioambiental que se lleva a cabo en la Argentina.

Política académica

Las discusiones que ocupan la agenda de los centros de estudiantes universitarios en la actualidad. |

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La reforma del 19

2010-10-31T22:13:00.000-07:00

Casi un siglo después, “la Reforma del `18” suele nombrar un puñado de principios de gestión universitaria. Lo vivido entonces se evoca sin demasiado detalle, como un acontecimiento cordobés con amplia repercusión. Sin embargo, hubo muchas luchas, muchos protagonistas, muchas reformas y muchas traiciones. En nuestra ciudad la gran rebelión se dio en 1919/20 y no necesitó ser anticlerical. Una retrospectiva hacia la “huelga grande”, la gestión Taborda y el grupo Renovación.

Por Daniel Badenes.

Hay una cita conocida: “Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”. Hay un actor protagónico: la juventud universitaria cordobesa. Y una fecha conmemorada: el 15 de junio de 1918, cuando irrumpió en una asamblea para desconocer la elección del rector.
La reforma universitaria, hito clave de una historia que hoy se nombra desapasionadamente, nació en esa época, acompañada por las palabras de ese Manifiesto Liminar, y tuvo su epicentro en Córdoba, donde funcionaba la más retrógrada de las universidades de entonces.
Pero a aquel levantamiento juvenil “contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad” le siguieron otros, y el movimiento logró un alcance latinoamericano. En cada sitio tuvo una expresión particular, según la realidad que enfrentaba. Esa parte de la historia se pierde a la distancia, cuando “la reforma” evoca un puñado de principios organizativos aceptados como algo dado, incluso más allá de las convicciones.
El movimiento fue mucho más. Fue más allá de Córdoba, de 1918 y de un reclamo de cogobierno. De Córdoba a La Plata El 15 de junio, cuando empezó la rebelión mediterránea, la federación platense envió un telegrama: “En la lucha que en estos momentos libráis con la esclavitud incivil y anacrónica, la Federación Universitaria de La Plata fraterniza con vosotros. La libertad de la patria no ha de residir en la letra de su constitución, sino en el pensamiento de sus hijos; así ella será una verdad efectiva. Y esa Universidad, al dogmatizarse por obra de sus elementos retrógrados, traiciona al estado a cuyo amparo vive, y a la humanidad, porque su ideal no es la esclavitud, sino la máxima libertad”.
Además convocó a una huelga general para el 19 y 20 de junio. La revuelta había traspasado los límites de Córdoba. El mes siguiente representantes de ambas federaciones se encontraron en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, convocado para acordar un programa de lucha. Uno de los delegados platenses fue Armando Orfila Reynal, quien mucho más tarde se destacaría al frente de
Fondo de Cultura Económica y en EUDEBA, entre otras editoriales. En aquel congreso propuso realizar, a partir de la cooperación estudiantil, campañas de higiene pública y contra el analfabetismo adulto. La acción social estaba en el centro de la agenda
del reformismo local. En 1921 otro platense, Héctor Ripa Alberdi, presidió la delegación argentina al Congreso Internacional de Estudiantes reunido en México, cuando el movimiento había alcanzado una dimensión continental. Al participar de
encuentros gremiales dentro y fuerza del país, los dirigentes establecían lazos
con la intelectualidad progresista de toda América Latina que marcarían la historia de la UNLP.
En La Plata, la organización federada databa de principios de la década del ´10. Desde entonces sostuvieron algunas demandas básicas, como la asistencia libre a clase o la reorganización del calendario académico. El mayor reclamo, sistemáticamente denegado, fue participar en los consejos académicos.
A diferencia del cordobés, el reformismo platense no se alzó contra el dogmatismo de los profesores. La Universidad local, refundada en 1905 por Joaquín V. González con una orientación más experimental que profesionalista, era una institución progresista
para su época. Había nacido anticlerical: aquí no era necesario alzar esa bandera. La institución, incluso, había contemplado la actividad de “extensión”. Con sus limitaciones, pensaba el rol de la universidad más allá de sus muros, por primera vez en la historia argentina.
Otro aspecto distintivo de la nueva institución era que abarcaba todo el ciclo educativo desde la formación primaria. La estrella del proyecto era el Colegio Nacional: tenía sus propios laboratorios, un campo de deportes y dos internados. El predio que hoy ocupan varias facultades era utilizado por unas pocas decenas de alumnos. Laica y con principios humanistas, no dejaba de ser una institución de elite, propia de la Argentina de la Belle Epoque. González, que la gobernó durante cuatro períodos, se retiró justo antes de que estallara el conflicto que señalaba un cambio de época.
En 1918 el fundador dejó la Presidencia a Rodolfo Rivarola, elegido en una asamblea de profesores. Su último discurso muestra los límites de su progresismo: señaló que los estudiantes debían obedecer a quienes “gobiernan enseñando”. Además consideró
que la juventud platense, que empezaba a mostrar orígenes sociales heterogéneos, estaba contaminada por prejuicios y sentimientos contrarios a “la natural superioridad” de los profesores, que debían ejercer “sus virtudes domesticantes o catequistas sobre el alma del neófito”.
El fuego reformista se encendía y González, en retirada, echaba leña. El nuevo rector no se quedó atrás: al inaugurar los cursos de 1919, se manifestó contra la intervención estudiantil en la elección de autoridades.

Hacia la “huelga grande”

Entre marzo y mayo de ese año, el gobierno de la UNLP cedió a algunas demandas. Habilitó la participación estudiantil en el Consejo Superior, con voz pero sin voto. Luego aprobó la “asistencia libre” y la “docencia libre”. Pero el conflicto seguía encendido.
Confrontar con algunas figuras retrógradas fue central en la acción reformista de los estudiantes y de docentes aliados como Alejandro Korn o Ricardo Levene. La mira estuvo puesta en dos protagonistas de la Universidad gonzaliana: Ernesto Nelson, uno de los tutores del Internado, y el pedagogo normalista Víctor Mercante, aficionado
a la frenología, que medía el cráneo de los estudiantes para inferir sobre su carácter y aptitudes intelectuales.
La tensión ardió decididamente a partir de un asunto puntual: la denuncia de la corrupción imperante en Agronomía y Veterinaria, que por entonces conformaban una facultad. El decano querelló por calumnias e injurias a los alumnos, que solicitaron
la defensa jurídica de Palacios. Un aspecto distintivo del caso platense fue la aparición de una organización estudiantil “disidente”, anti-reforma, conocida como Concentración Universitaria. El enfrentamiento con la FULP fue violento. Un estudiante resultó muerto en una mesa de examen. Fue durante el sexto mes de la huelga estudiantil iniciada el 20 de octubre de 1919.
Se trató de uno de los conflictos universitarios más largos, e incluyó la toma de edificios emblemáticos como el Museo. En diciembre, la Federación Universitaria Argentina reclamó al presidente Yrigoyen que dispusiera una intervención para reformar sus estatutos. La huelga continuaba. La FULP decidió tomar la universidad
otra vez, lo que provocó una salvaje represión.
Mientras tanto, diarios como La Nación y La Prensa sembraban sospechas sobre los reformistas. Citando fuentes policiales señalaban vínculos con obreros anarquistas. En el mismo tono intervino el gobernador José Crotto, provocando cruces con el gobierno nacional, que era de su mismo signo político. En una carta al ministro
del interior, el líder de la FUA Gabriel del Mazo contestó con altura las acusaciones: “El señor gobernador no pierde oportunidad de poner de manifiesto la adhesión de los obreros a los estudiantes. Nos acusa por esta circunstancia y nos
sentimos honrados por ella (…) Bien sabemos que es esta la reacción natural del espíritu viejo. La simpatía entre estudiantes y obreros es una resultante lógica y natural del momento histórico que vivimos; y los ideales que animan a la reforma universitaria, conjuntamente con la voluntad de propender al enaltecimiento de la universidad argentina, dan vida a un anhelo de justicia social”. Dos décadas más tarde, Del Mazo secundaría a Palacios en el rectorado de la UNLP, en un breve período
de fuerte inspiración reformista.
En marzo de 1920 Crotto se metió de lleno al ordenar a la Policía bonaerense la represión de los actos estudiantiles.
En abril, cuando ocurrió la muerte del estudiante de medicina David Viera, los reformistas ingresaron al Colegio Nacional y desalojaron a los docentes. Hubo decenas de detenciones. El Consejo Superior decidió expulsar de la institución a los manifestantes. Como respuesta la FUA declaró una huelga nacional. Finalmente, las autoridades no pudieron lograr condenas y perdieron cualquier apoyo del gobierno central. El 5 de junio Rivarola renunció. En menos de un mes, el Presidente de la Nación aprobó un nuevo Estatuto, coincidente con la propuesta reformista.

La gestión y la traición

La agitación no terminó ahí. Los rectores que vinieron después no tardaron en enfrentar a los reformistas. La gestión de Carlos Melo fue efímera y antecedió a la llegada de Benito Nazar Anchorena, un personaje acomodaticio cuya trayectoria
es un ícono de la traición. Antes de llegar a la UNLP había sido decano en Santa Fe, aliado a los renovadores. En los ´30 sería interventor en la UBA y líder de una restauración conservadora. En su paso por La Plata tuvo una actitud intermedia, ambivalente.
Así, el “gobierno de los reformistas” en esta ciudad no debe buscarse en el Rectorado sino en el Colegio Nacional, donde se desempeñó Saúl Taborda, un cordobés con un reconocido ideario americanista y anticapitalista. Taborda había sido estudiante de abogacía en la ciudad. Como tal participó del Congreso Universitario de 1910. Luego
intervino en el Grito de Córdoba. Y en La Plata, poco antes de que terminara la “huelga grande”, dio una conferencia en el Teatro Argentino titulada “Docencia emancipadora”, cuestionando la existencia de escuelas “para ricos y para pobres, para niños y para niñas, clásicas y técnicas, para gobernantes y gobernados, para doctores y para obreros”.
Su designación en 1921 al frente del Nacional fue considerada un triunfo de los estudiantes movilizados. Para entonces se había resuelto el cierre del Internado, representante de “una tradición de favoritismo y nepotismo” y “uno de los más grandes fracasos de la Universidad, desde el punto de vista económico y pedagógico”, según palabras de Alejandro Korn.
Taborda se trasladó a La Plata junto a Héctor Roca –hermano de Deodoro, autor del manifiesto del ‘18- para impulsar una transformación pedagógica. Entre otras cuestiones, reemplazó la férrea disciplina patriarcal por un régimen de convivencia y autocontrol.
Además proyectó una “Casa del Estudiante”, orientada a la formación física y estética de todo el alumnado platense. Proponía situarla en los edificios que poco antes había ocupado el selecto internado, que empezaban a ser objeto de disputa por parte de las facultades. Con el apoyo de la FULP, logró la cesión de esos espacios. Taborda imaginaba la Casa como “un hogar espiritual de puertas abiertas” y por eso lo ofreció como sede a los centros de estudiantes y la Federación Universitaria.
Por otra parte, insistió en promover actividades para y con la comunidad, objetando la forma en que se habían ejercido hasta el momento: “La Universidad arrojó al pueblo una migaja de su tesoro en lugar de entregarle todo el tesoro (…) El sistema de la limosna es una creación del adinerado egoísta; y paralelamente, el sistema de la ´extensión´, del reflejo, del brillo lejano de la sabiduría, sólo puede caber en las concepciones de minorías mezquinas que creen que la ciencia es un privilegio de los signados por el dinero, la suerte o el nacimiento”.
Pronto la gestión Taborda entró en tensión con otros sectores. Es probable que el cordobés haya avanzado más de lo que la estructura universitaria –en reforma pero no en revolución- podía aceptar. Terminó exonerado, acusado de traidor a la patria por propagar ideas “libertarias y maximalistas” y simpatizar con la revolución rusa. Los estudiantes tomaron el colegio y llegaron a constituir sus propias autoridades, pero el Rectorado recurrió a la Policía y retomó el control.

Otra vez en la trinchera

Los años siguientes –sobre todo a partir del golpe del ‘30- la reforma tuvo marchas y contramarchas en todas las universidades. En La Plata, más allá de Taborda, la historia del movimiento es una historia que transcurre en sus trincheras y se recuerda con un nombre característico: Renovación, título del periódico que editó la FULP al inicio del conflicto y luego del grupo donde los reformistas armaron su refugio.
“Al resolverse el triunfo estudiantil en una defraudación –lo que se denominó el nazarismo- los núcleos descontentos que se consideraron portadores del verdadero
espíritu de la Reforma intentaron seguir luchando, primero en torno al Rector Saúl Taborda, en el colegio Nacional en notable como efímera comunidad de estudiantes y profesores, luego en la supervivencia militante del Grupo Renovación”, recordaba uno de sus principales militantes, Guillermo Korn, hace medio siglo. Inspirados en un
socialismo libertario, editaron la revista Valoraciones y formaron una compañía teatral que sintetizó una idea de extensión universitaria que –decíanhabía quedado trunca en la reforma (ver Materia Pendiente n° 2).
Luego, los protagonistas del movimiento platense siguieron distintos caminos. Algunos tuvieron una militancia partidaria –sobre todo en el Partido Socialista-, otros se destacaron en sus áreas de trabajo. Con el tiempo la mayoría entendió que, como reflexionó Deodoro Roca en 1936, “la Reforma fue todo lo que pudo ser. No pudo ser
más de lo que fue, en drama y actores”.
Las palabras del autor del Manifiesto Liminar volvían a señalar los dolores que quedaban: “Sin reforma social no puede haber cabal Reforma Universitaria…”.

Las líneas de la pobreza

2010-10-31T21:51:00.000-07:00

Especialistas, políticos e integrantes de organizaciones sociales acercan un panorama actual de los sectores más desprotegidos, más allá de la polémica desatada en torno al INDEC. Necesidades básicas, canasta alimentaria, indigencia. Números en debate y reflexiones en base a las nuevas medidas del gobierno. ¿Soluciones definitivas o los primeros esbozos de un cambio? Aquí algunas respuestas.

Por Josefina Oliva.

“Nuestro país registró un incrementode la pobreza a través del método de la Línea de Pobreza (LP), que tiene que ver con el consumo privado, es decir el que calcula si ese hogar tiene o no los ingresos suficientes para poder adquirir una Canasta Básica de bienes y servicios que se consideran indispensables para vivir -alimentación, salud, transporte, vestimenta, atención médica, comunicación, esparcimiento, educación, etcétera-, a diferencia de la pobreza medida por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), -la cual indica que tienen que estar todas satisfechas para que un hogar sea considerado no pobre- que bajó”, explica la antropóloga Susana Ortale, quien dirige junto a Amalia Eguía el Programa de Extensión “Educación y promoción de derechos en los barrios La Unión y El Mercadito de La Plata” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP.
“En los últimos tiempos, en la Argentina, se ha visto cómo ha descendido la capacidad adquisitiva del salario, a la vez que ha aumentado notablemente el precio de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), lo cual trae como consecuencia la aparición de, por un lado, lo que se empieza a llamar en los ’90 los nuevos pobres. Comenzó a haber una clase media por debajo de la LP y cayeron un montón de hogares cuyos jefes eran empleados públicos, maestros, jubilados, a los que los sueldos no alcanzaban para cumplir esa Canasta Básica Total; a la vez que se vio una polarización dentro del mismo sector social, porque aumentaron las brechas dentro de lo médicos, por ejemplo, entre los que más y los que menos cobran”, argumenta Ortale.
Pero además, “la población que era pobre por NBI se encuentra directamente sin la
posibilidad de alcanzar sus necesidades básicas. Entonces si antes se encontraban por
debajo de la línea de pobreza pero cercanos a ésta, hoy están mucho más abajo, incluso por debajo de la línea de indigencia”.
Tanto Ortale como otros especialistas aclaran las complicaciones a la hora de exhibir una estadística exacta acerca de la pobreza debido a las polémicas que en el último tiempo se han desatado con respecto al INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos). Según especifica sí es posible seguir los datos del mismo hasta el 2007, reflejando picos elevados de pobreza e indigencia durante el 2001 -con valores de un 35 % de personas pobres y un 11 % de indigentes-, agravándose en el 2002 -de 53 % y un 25 % respectivamente-, encontrando un descenso en el 2003 que se mantiene hasta el 2006. De allí en más, afirma, “el INDEC no nos permite seguir las tendencias porque ha cambiado la metodología. Es un problema técnico”.
El INDEC marcó que hacia el primer semestre de 2009 había un 13,9 % de personas por debajo de la LP y un 4 % en la línea de indigencia. Y según los últimos datos, de febrero del corriente, la CBA para el adulto equivalente estaría en los $166,86, y la CBT en los $366,12. Sin embargo otros estudios dan cuenta de que esos datos alcanzan
más del doble de los valores.
Así, tomando en cuenta la consultora Eco Latina, Ortale indica: “Anuncian que para el mismo período había casi un 32 % de pobres, -casi 13 millones de personas-,
y un 11, 7 % de indigentes, -casi 5 millones de personas-, estimando un valor
de la CBA que es baja: de $261 para el adulto equivalente y una CB total de
$540. Es decir que un hogar tipo en el primer semestre de 2009 tenía que tener
$1700 de ingresos para no ser pobre y $800 para no ser indigente. Creo que es un valor todavía muy bajo”.
Según el informe del año 2008, “Medición alternativa de la pobreza e indigencia”, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (Central de los Trabajadores de la Argentina), la tasa de pobreza estaría a fines de ese año entre el 31,5 % y el 33,8 % y la tasa de indigencia entre el 14,3 % y el 14,9 %, -más de 13 millones de personas y casi 6 millones, respectivamente.
Siguiendo esos datos, uno de los realizadores de ese informe, y quien es también hoy diputado por Proyecto Sur, Claudio Lozano, destaca que “esas son mediciones nuestras, obviamente con la limitación que puede tener cualquier encuesta que tenga una cobertura restringida y que obviamente no puede en ningún caso reemplazar lo que hacía el INDEC. Pero si uno toma incluso los datos últimos de la Encuesta Permanente
de Hogares vemos que el 50 % de los que tienen algún tipo de trabajo, perciben un
ingreso inferior a los $1500, es decir el 50 % de quienes trabajan en la Argentina
están por debajo del salario mínimo”.
Por otra parte indica que de la población que se encuentra en situación de indigencia y pobreza “prácticamente la mitad, en un caso y en otro son pibes menores de 18 años con lo cual lo que hay es un fenómeno no sólo de pauperización de la sociedad sino de infantilización de la pobreza”.

Buscando soluciones

“Como dice la mexicana Larissa Lomnitz al escribir Cómo sobreviven los marginados, el tema no es tanto preguntarse por las causas de la pobreza, sino ver que sin tensiones demasiado evidentes ni conflictos muy masivos están sobreviviendo. Pero ¿cómo?”, se pregunta Ortale y responde: “Agudizando el ingenio, que muchas veces tiene que
ver con el hecho de trabajar muchísimo más, con sacrificar comidas –principalmente
la mujer para sus chicos, con recurrir a los hijos para que participen en las actividades de mendicidad o de trabajar junto a los padres. Obviamente es aquí donde aparecen las relaciones de clientelismo, el Estado a través de diferentes programas, las Organizaciones No Gubernamentales -que proliferaron en los ‘90-, las iglesias”.
A pesar del crecimiento en diversos sectores de la economía el problema de la pobreza en nuestro país persiste y desde el gobierno se ensayan diversas alternativas. Actualmente son varios los planes sociales destinados a los más necesitados, entre los que se encuentran: el Plan de Nacional de Seguridad Alimentaria, que hoy llega a 1.830.899 familias; el Programa Familia por la Inclusión Social, que abarcaba hasta septiembre del año pasado a unas 695.177 familias, y 2 millones y medio de chicos;
el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra”, dentro del cual se encuentra el Programa Jefes de hogar desocupados, herederos del viejo Plan Trabajar, que hacia octubre contemplaba a 1.472.187 personas con un subsidio de $150 por familia. Y los más recientes, el “Programa Ingreso Social con Trabajo, Argentina Trabaja” destinado a personas sin ingresos en el grupo familiar, ni prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales, ni planes del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social o provinciales, que abarca aproximadamente a 100.000 titulares, y se intentaría ampliar a 300 mil; y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Con esta última medida, que había sido promovida por diferentes sectores, se alcanzó, según datos de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) a 3.380.000 chicos de hasta 18 años, hijos de trabajadores desocupados, que no perciben ninguna suma de dinero en concepto de prestaciones, subsidios, planes, jubilaciones y pensiones; y de trabajadores no registrados que perciben un salario menor al mínimo,
vital y móvil (smvm); así como los hijos de trabajadores del sector “doméstico”; y los chicos discapacitados, -para quienes se estipula que el cobro sea de por vida-; contemplando en todos los casos un máximo de 5 hijos. Y se esperaría abarcar a un millón más, ampliando la cobertura a nuevos beneficiarios.
Según los primeros estudios que se han realizado, como el elaborado por los especialistas del Ceil-Piette del CONICET, Demian Panigo, Emmanuel Agis, y Carlos Cañete, “Asignación Universal por Hijo: resultados preliminares” (citado en el
suplemento Cash, Página/12 del 21-03-10), se calcula que los $180 por mes por hijo
se traducen en una caída del 69 % en la indigencia por ingresos. El efecto sobre
la pobreza también es importante pero menor: del 30 %. Eso si se tomara como cierto el INDEC. Pero si se pensara que el costo de la canasta básica es del doble de lo indicado, el impacto solamente es del 13%.
“Aunque sí es un plan de amplia cobertura, no es de carácter universal”, indica
el economista Facundo Barrera en el estudio “La Asignación ‘Universal’ a la Niñez. Los claroscuros de una medida positiva”, realizado junto con el Centro de Estudios para el Cambio Social –del Frente Popular Darío Santillán. “A priori estaría dejando afuera de la cobertura a los menores de la población a partir del sexto hijo; a los chicos cuyos padres sean informales y cobren por encima del smvm, o sean trabajadores autónomos o monotributistas”.
Hay quienes dicen que pudieron acceder sin problemas a la asignación y otros que no acuerdan con el nuevo beneficio “dada la incompatibilidad con otros planes”. Así, Gustavo Giménez, coordinador nacional del Movimiento Sin trabajo Teresa vive acusa que “continúan en forma muy reducida algunos planes de asistencia de $150; el gobierno ha dado de baja a cerca de 600 mil jefes de hogar, y otros tantos del Plan Familia”.
También desde el oficialismo han manifestado algunas falencias de este plan. Fernando “el chino” Navarro es diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente Para la Victoria, y dirigente del Movimiento Evita, y dice que si bien la AUH “no tiene desventajas, sí creo que hay que ampliarla a casos puntuales como aquellos padres que trabajan duro y hacen un esfuerzo grande para enviar a sus hijos a una escuela privada, porque creen que es lo mejor para la educación de sus hijos. Más allá de
que debemos reivindicar y fortalecer la escuela pública, creo que no garantizarle el acceso a la asignación universal a esos padres va en detrimento de esa universalidad
que debemos garantizar”.
Pero más importante para Barrera es lo que puede pasar a largo plazo. En el decreto 1602/09, que instituye la AUH se indica que la misma funcione “hasta tanto se cree empleo digno. Pero hay que entender que esas políticas no son temporarias, sino que deben ser permanentes. Hoy estamos ante una problemática actual que no existía con el sistema capitalista fordista que, al entrar en crisis, la actual conformación hace que no sólo haya trabajadores desempleados, sino que además hay trabajadores pobres, que tienen empleo pero por las formas de precarización, no llegan a cubrir sus necesidades.
Por lo tanto, el Estado tiene que pensar no sólo en dar empleo a aquellos que no se
insertan, sino que debe atender a la nueva problemática que es que entre el 30 y el 40 % de los trabajadores son precarios, cuyos salarios son hasta un 50 % más bajos que los que están empleados en el sector privado formal, y no les permiten pasar por encima de la LP. Dada esta situación, no veo posible que en un futuro todos los trabajadores se empleen”.

Trabajar por el trabajo

Juan Pablo Noceli es integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Desde ese lugar expresa que “ante el contexto que debió atravesar el país en medio de la crisis mundial los movimientos sociales empezaron nuevamente a nutrirse. No al grado de lo que había en el 2001”, aclara, “pero sí volvimos a recuperar un número de compañeros que quedaron sin trabajo. De a poco se fue viendo que la situación empeoraba, los comedores empezaron a tener mayor cantidad de nenes y también de gente adulta”.
Paralelamente reconoce que la situación ha cambiado en los últimos meses “porque incorporamos compañeros a las cooperativas del Argentina Trabaja, saliendo de los planes de 150 para pasar a cobrar $1200. Obviamente eso cambia la situación económica de las familias que componen el movimiento y de muchas de las otras organizaciones”. Aunque explica que “hoy la inflación está llevando a que esos $1200 no alcancen para nada, ni siquiera para la canasta básica, el gobierno dice que está en mil ciento y pico de pesos, pero nosotros vemos que se ha ido cerca de los dos mil”.
Los picos más altos del desempleo se vieron en 1998 y más tarde con la crisis de los años 2001 y 2002, que llegaron casi al 20 %. “Hoy estamos muy lejos de eso”, explica Mariana Busso, socióloga e investigadora del CONICET. “Después de una crisis de ese tipo, inevitablemente, como todo período socioeconómico tiene sus ciclos de alta y baja, podemos decir que el desempleo disminuyó y que en los últimos años hay un amesetamiento hacia la baja, aunque no desciende abruptamente, se mantiene”.
Ante esta situación “El Plan Argentina Trabaja colabora con el mejoramiento del mercado laboral por distintos factores. Por un lado, se genera la obligatoriedad de realizar una actividad laboral, en el marco de una cooperativa donde esto es controlado por los compañeros. Pero por otro, al haber una cantidad de gente que ya no sale a buscar trabajo activamente, le quita presión al mercado, y eso hace que haya posibilidades para negociar mejores condiciones salariales y de trabajo en general”, explica la investigadora. “El Estado debe bregar y debe actuar en pos de diluir las desigualdades económico sociales -a pesar de que en los años ‘90 se nos dijo lo contrario-, sean fuentes genuinas, sea desde los planes sociales, siempre que vayan acompañados por la obligatoriedad de la contraprestación y que esta sea controlada y exigida”.
Según se indica en la página web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, este programa no es comparable a un plan de ingresos. Los aspirantes deben primero inscribirse y luego ser seleccionados para formar parte de cooperativas. “Los cooperativistas perciben mensualmente un adelanto en concepto de anticipo de excedente; esto significa que hay que trabajar para que ese dinero le sea depositado. Está previsto un mecanismo de control de asistencia y, según el caso, de bajas, porque el que no trabaja no cobra y su lugar será ocupado por otro aspirante”.
“De acuerdo a cifras de los medios, hay más de 120 mil personas inscriptas, de las cuales una parte importante hoy están trabajando. Pero de esa gente el 99 % es gente metida por las organizaciones sociales K”. La queja corresponde a Gimenez, del MST. “Nosotros, las organizaciones sociales no oficiales, pese a haber logrado una tanda de inscripción de algunos miles de compañeros en diciembre, no tenemos sino un puñado trabajando y menos cobrando”.
La experiencia del MTD muestra algunas diferencias. Noceli advierte que “les costó varias marchas” pero que finalmente pudieron inscribirse en el Argentina Trabaja, y hoy en día ya están trabajando. “Con otros planes teníamos la presión diaria constante, aquel que era de alguna organización de desocupados sufría la persecución, el hostigamiento del puntero para trabajar de más, para que se vaya o para que se sume a ellos. Pero en aquel momento poniéndole el pecho logramos manejar esos planes nosotros y empezamos a tener independencia y ahora estamos tratando de tenerla en las cooperativas”.
Desde el oficialismo Navarro asegura que la nueva alternativa “nada tiene que ver con el clientelismo”. “En la medida que cada beneficiario participa de manera asociada en función de su trabajo, cobra a través de una tarjeta y está claro que no tiene obligación hacia ningún intermediario. Por eso allí donde aparecen los que quieren hacer picardías o desnaturalizarlo, lo que el beneficiario debe hacer es denunciarlo”.
“Por lo general se liga la existencia de los planes a algo negativo, a tener atada a la gente”, reconoce Busso. En ese sentido manifiesta que “el mecanismo del Argentina
Trabaja blanquea la relación, incluso hace más legítima la organización política, más transparente, para los propios trabajadores y para la gente que lo ve de afuera. Me parece que en algún sentido esto es positivo para los trabajadores y no va en contra de las organizaciones sociales”.

Salió Materia Pendiente Nº8

2010-06-03T13:47:00.000-07:00

Ya salió Materia Pendiente nº 8

Informe central
Vivir al límite
Pocos que tienen mucho, y muchos que no tienen nada, que no pueden acceder al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a la salud. Aquellos que viven bajo la línea de pobreza continúan desamparados, inmersos en un sistema que en lugar de cuidarlos, los señala y acorrala. Ante este panorama desolador algunas señales aparecen. Aquí especialistas, políticos y organizaciones sociales debaten la cuestión.

Miradas al pasado
La reforma platense
Los protagonistas, los reclamos; los logros y los límites de la transformación de la UNLP a principios de siglo XX.

Encuentros
Una charla con el defensor juvenil Julián Axat. La situación de los jóvenes más desprotegidos ante la ley; las verdades del Código Contravencional que se quiere imponer, entre otros temas. |

Medio Ambiente
El hábitat de los que viven en los márgenes. |

Salud
La situación de la atención primaria. Las necesidades más urgentes. |

Política académica
Historias de alumnos extranjeros de posgrado en la UNLP. |

Justicia y derechos humanos
Miguel Bru, Jorge Julio López y Luciano Arruga, tres casos emblemáticos de desapariciones en democracia. |

Después del Saqueo - Minería a cielo abierto en Argentina

2010-06-03T13:39:00.002-07:00

Con el desembarco en los 90’ de nuevas facilidades financieras, las grandes corporaciones llegaron en busca de nuestros recursos naturales. ¿Cuáles son las empresas que operan en nuestro país? ¿A costa de qué y de quiénes? ¿Qué consecuencias trae a las poblaciones cercanas? La palabra de especialistas y ciudadanos afectados. Además la UNLP debate si acepta los fondos de Bajo La Alumbrera.
Por Josefina Oliva

La búsqueda de metales como el cobre, la plata y el oro comenzaron en el planeta hace miles de años. Las extracciones se realizaron durante mucho tiempo por medio de grandes túneles o galerías porque se trataba de mineral vetiforme, de alta ley –es decir, de mayor pureza y más concentrado, y por lo tanto, más caro. “Hoy ya no existe
más mineral vetiforme prácticamente, salvo excepciones. En los últimos 100 años se obtenía cobre 5 % de ley, hoy es inferior a menos de medio punto. Eso habla de la presencia del mineral en el planeta. Quiere decir que cada vez hay menos. Por eso nosotros decimos que lo que queda se lo llevan porque el que lotenga va a manejar el poder”, expresa el periodista e integrante de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Javier Rodríguez Pardo.
Según datos oficiales de la página de la Secretaría de Minería de la Nación, entre los proyectos que se desarrollan actualmente en la Argentina se encuentran Veladero en la Provincia de San Juan; Alumbrera, en Catamarca; Manantial Espejo y San
José, en Santa Cruz y hay otros seis en proceso de construcción.
Las principales empresas que están operando son las transnacionales Barrick Gold (en Veladero y el proyecto en Pascua Lama); y Xstrata Copper, Goldcorp Inc y Yamana Gold. Estas tres últimas conforman una UTE (Unión Transitoria de Empresas) y junto con
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llevan adelante el Proyecto Bajo La Alumbrera, que en los últimos meses ha tomado especial relevancia por el debate que hay en torno a los fondos que las universidades nacionales recibirían por parte de esa empresa.
“La minería es muy abarcativa, es un sector industrial gigantesco”, explica el economista especializado en temas de minería y medio ambiente, Nicolás Gutman. Según indica, en nuestra legislación, la minería incluye “desde turbas hasta oro; puede ser artesanal, como la de los que buscan pepitas de oro aluvial como se hace en los ríos. Creo que lleva a confusión la idea de pensar que la minería a cielo abierto específica, que es la que hoy está generando muchísima controversia, es minería en general y eso da pie a los sectores más pro-mineros a decir: ‘ustedes están confundidos, quieren evitar el desarrollo, todo lo que tienen alrededor es metal’. Creo que la crítica no es específicamente a ellos sino a las tecnologías muy dañinas de minería a cielo abierto”.

Breve historia del saqueo

Con la llegada de las últimas reformas del Código Minero en 1995 se dio luz verde en nuestro país a la explotación de los recursos naturales por parte de empresas privadas. “Lo escandaloso del caso argentino es que la legislación vigente evidencia una clara servidumbre colonial. Establece que la propiedad de las reservas mineras es de los estados provinciales pero les prohíbe explotarlas: están obligados a cederlas a empresas privadas, transfiriéndoles las investigaciones geológicas y los descubrimientos realizados por el Estado”, remarca Fernando “Pino” Solanas en Tierra Sublevada: Oro impuro, su última película.
Se trata de una medida impulsada por el Banco Mundial para llevar adelante la reforma minera en varios países, respondiendo a la creciente demanda de las corporaciones internacionales.
Esos cambios sucedieron en el marco de la Reforma Constitucional de 1994 y “se modifica por estos motivos, no es que se cambió y se aprovechó.
Buena parte de la constituyente del ‘94 estaba relacionada al petróleo y a los minerales”,asegura Gutman.
Entre otros beneficios para las empresas transnacionales que comenzaron a operar en el país, el Código Minero establece un tope de un 3 % de regalía del precio del metal en boca de mina. Lo cual “no quiere decir que es lo único que se aporte, sino que la mayor parte de la ganancia que queda en el país es este 3 %. Pero también las provincias pueden adherir con menos, y esto es el impuesto más efectivo que se cobra sobre el recurso: la regalía”, explica el economista. Además la legislación les otorga 30 años de estabilidad fiscal y no sólo eso: “Tienen muchas exenciones impositivas sectoriales, quiere decir que no se les cobra impuesto al cheque, a los combustibles, al valor agregado, impuestos municipales…”, aclara.
A la reforma del Código Minero se suma la firma del Tratado Bilateral de Minería entre Chile y Argentina de 1997, que da rienda suelta al Proyecto Pascua Lama, permitiendo a los empresarios, por ejemplo, transitar libremente la zona fronteriza.
El Tratado fue escrito por el mismo “José Antonio Rutia, que era uno de los funcionarios del gobierno chileno en la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Un día en una cena con senadores en Santiago de Chile, ese señor no tuvo ningún problema en decir que él fue quien redactó el tratado que presentó la empresa Barrick Gold, y este hombre es hoy uno de los directores generales de Barrick Gold en América Latina”, narra Rodriguez Pardo.
El periodista es autor de Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después, y su lucha por el medio ambiente comenzó contra la instalación de un basurero nuclear en Chubut en 1986 a través del Movimiento Antinuclear del Chubut
(MACH), y posteriormente se integró a la asamblea de Esquel que le dijo “no” al proyecto minero de la canadiense Meridian Gold en 2003.
En su libro da cuenta de otra estrategia de alcance internacional como una de las vías de entrada a la explotación minera a gran escala: “Aquíhay un plan que está concadenado que es el IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional Suramericana), firmado en el 2000 en Brasilia, que prevé una gran base de infraestructuras para explotar los recursos de toda América Latina por parte de las grandes corporaciones: rutas bioceánicas, puertos, hidrovías, represas, para comercializar con mayor rapidez al más bajo costo. Son las vías del saqueo”.

¿Y qué dejan?

La minería a cielo abierto se realiza a través de la voladura de montañas; persigue los minerales que quedan diseminados en las rocas y los separa a través de un proceso denominado lixiviado, con toneladas de sustancias tóxicas como cianuro o ácido sulfúrico, que requiere cientos de millones de litros de agua potable por día (ver “Un cielo abierto de preguntas”).
Bajo estas circunstancias se han conformado decenas de asambleas en contra de esta minería. Varias poblaciones han visto desaparecer sus cultivos y morir a sus animales. Las enfermedades pulmonares han aumentado, al igual que los casos de leucemia, sobre todo en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca, que se ubica a 62 kilómetros, en línea recta de la Alumbrera.
Precisamente de ese lugar es Urbano Cardozo, a quien detuvieron el último 29 e octubre por interceptar el paso de los camiones de esa empresa que al parecer transportaban una carga de concentrado contaminante derramado en la última rotura del mineraloducto. Se trata de un caño de 17 centímetros de diámetro y de 316 kilómetros que transporta el concentrado de metales desde la planta en Catamarca hasta Ranchillos, en Tucumán, donde se encuentra la planta de filtros. “Por ahí pasa la sopa química” como le llaman desde las asambleas, que se ha roto varias veces y que
finaliza en el canal DP2, volcando su torrente en el Embalse de Río Hondo, en Santiago del Estero.
“Le frenamos el paso solamente a ellos. Yo le dije a la fiscal que quería que vea qué es lo que llevan ahí, de dónde viene y como lo llevan porque el artículo 41 de la Constitución Nacional me dice que tengo que preservar el medio ambiente para las futuras generaciones. Y no le gustó”, narra Cardozo, que no logró cumplir su objetivo. Según explica, “llevaban sustancias a cielo abierto, en bolsas, pero no estaban bien tapadas”. El habitante de Andalgalá se muestra indignado ante “la falta de respuesta del gobierno provincial”, que tal como describe, “(a los recursos naturales) los tiene que entregar sí o sí porque necesita dinero”.
Cardozo ha realizado cuatro denuncias diferentes por la rotura del mineraloducto:
“Se rompe y se derraman miles de litros, casi todo el recorrido está en el
lecho de los ríos, el agua de los deshielos de la montaña. Y pasa por ahí, y eso es una sopa química. Imagínese cuando se derrama, no le avisan a la gente porque
saben que están cometiendo un delito”.
Como consecuencia de ello “en Santa María los cultivos ya lo están sufriendo. Antes
había una escuela a 12 kilómetros de la Alumbrera. Ya se fueron todos, la escuela cerró hace tres meses”, cuenta Cardozo:“También hay otro pueblito que se llama
Amanao, que tenía 240 personas hace 10 años. Vivian de la agricultura, de la cría de ganado. Yo estuve por ahí la semana pasada. Y hay un chico que está haciendo un censo y lleva los nacimientos. Hoy son 87 habitantes”.
Norberto Costa vive junto a su familia en la ciudad capital de Santiago del Estero, desde que tuvieron que dejar la finca que tienen cerca del lago de Termas de Río Hondo. “Eso es lo que nos ha afectado: las aguas del dique han contaminado las napas en donde tenemos la perforación de agua”, explica: “Los animales que teníamos se han
muerto prácticamente todos de un día para el otro. Teníamos cría de cerdos y empezaron a enfermar, a morir, hemos ido al veterinario a ver qué pasaba y
ninguno nos supo decir, así que no era ninguna enfermedad normal”.
Al mismo tiempo se ha empezado a registrar cada vez con mayor frecuencia “la gran mortandad de peces en el lago que no había ocurrido nunca hasta hace 10 años”, casi al mismo momento en que empezó a funcionar Alumbrera en 1997.
“En realidad nosotros no tendríamos que haber permitido jamás que se instalen en el país, porque la afectación al medio ambiente es real. Es un saqueo de todos los recursos naturales permitido por los gobiernos”, afirma con gran indignación el geólogo Carlos Seara, quien describe algunas consecuencias que trae aparejadas el funcionamiento de estos megaproyectos mineros: “En los cultivos empiezan a aparecer trazas, o de metales pesados, como sería el caso del cadmio o el cromo, o empiezan a aparecer elementos nocivos como el cianuro”.
En el caso del proyecto Veladero “a partir de la instalación y después de los análisis que se han hecho -hace dos o tres años atrás-, lo que se encuentra es que el
agua del Río Jachal tiene el doble del contenido de arsénico que tenía antes de la
instalación. Esto lleva indudablemente a pensar que los riegos que se están haciendo
sobre esos campos van a traer el problema de que se van a terminar cerrando los mercados en los que tradicionalmente se colocaba la cebolla sanjuanina”. Además de los costos en la salud y en los cultivos, Seara critica ciertos manejos de la Barrick Gold: “En la subida que se hace por detrás del Valle del Cura en San Juan a la mina de Veladero, Vialidad Nacional terminó de hacer el pavimento prácticamente hasta el límite cordillerano y resulta que estos señores de la Barrick han instalado directamente una tranquera, es una puerta de reja en medio del asfalto y desde ese punto hacia adelante uno no puede pasar por la sencilla razón de que ellos están instalados. Y han copado una ruta nacional que la pagó el pueblo argentino. Vergüenzas de ese tipo tenemos para hacer dulces, como decimos en Córdoba”.
Mientras tanto, en cada provincia en donde se instala uno de estos proyectos se redefinen las relaciones de poder, o mejor dicho, se invierten. Al ser tan poderosas “no es la empresa que va a sentarse frente al gobernador sino el gobernador frente la empresa”, manifiesta Gutman. Y en ese sentido indica que “aunque las regalías que dejan en el país sean bajas, en realidad a San Juan le da un beneficio. Veladero entró en explotación y le dio 200 millones de dólares en regalías y para San Juan eso es mucha plata”.
Una vez conseguidas las facilidades legales por parte del país y de las provincias las grandes empresas van por la aceptación de la sociedad. Así surgen “acciones comunitarias desarrolladas por las mineras como la donación de libros a las escuelas de la zona”, manifiesta Seara.
De esta manera Gutman plantea que “te pueden decir sí hicimos la sala de primeros auxilios, el hospital, la sala de atención para chicos en tal pueblo. Pero están explotando 6 mil millones de dólares a cambio de una sala… No hay relación económica entre una y otra cosa”.

Fondos que valen oro

Raúl Montenegro es biólogo, preside la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y encabeza la lucha que se está llevando a cabo para que las universidades no reciban los fondos de Bajo La Alumbrera. Para él las grandes mineras “rompen los tejidos sociales, generan trabajo golondrina, es decir que dura mientras permanece el nacimiento -generalmente de 25 a 30 años- y una vez finalizada se terminan esas fuentes de mano de obra, o sea se genera una actividad que tiene los días contados”. Pero además, agrega, “genera conflictos muy fuertes dentro de las propias familias,
los que trabajan y los que no trabajan. La prostitución es algo que también ha aumentado como consecuencia de ‘demandas de la propia población minera’.
Y generan las técnicas clientelares que lo único que hacen es evitar que una sociedad
pueda generar su propia organización social y sus recursos”.
La historia de los yacimientos que explota Minera Alumbrera comienza a finales de los años ‘40, cuando un profesor de la UNT los descubre y dona los derechos a esa universidad. Más tarde comenzarían a ser estudiados y quedaría conformada la sociedad
YMAD: Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, entre el gobierno provincial de Catamarca, la UNT y el Estado nacional por medio de la Ley 14.771 de 1958.
Es en esa misma normativa donde se detalla que de “las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances” un 60 % irá para la provincia de Catamarca; el 40 % restante para la terminación de la ciudad universitaria de la UTN; y una vez constituido ese proyecto, de ese 40 % la mitad será para “la formación de un fondo
nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado”.
La ley fue sancionda mucho antes de que YMAD constituyera la UTE junto con la multinacional Minera Alumbrera Limited (MAA) en 1997, y los fondos recién comenzaron a girarse en el 2008, momento en el que se complejizaba cada vez más la figura del
vicepresidente Julián Patricio Rooney, puesto en la mira por contaminación peligrosa para la salud.
Más allá de su vicepresidente, las gerenciadoras que conforman Alumbrera han sido “internacionalmente denunciadas por violaciones a los derechos humanos, contaminación, daños a la salud de personas expuestas a sus residuos, violaciones
laborales y graves daños ambientales”, según se lee en el informe elaborado por Montenegro. Es por eso que en los últimos meses ha comenzado a debatirse en algunas casas de altos estudios del país si es o no ético recibir los fondos. El primer rechazo formal lo concretó el Consejo Asesor Zonal de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en septiembre de 2008. Sin embargo el desconocimiento general sobre la remesa inicial de fondos hizo que esto no se conociera.
Cuando los fondos se enviaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por segunda vez –36,8 millones de pesos-, tomó conocimiento público por una carta que el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió al CIN y a los rectores de las universidades nacionales.
Fue entonces cuando se opuso formalmente la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, donde Montenegro es docente, y desde donde impulsan que esa medida se repita en otras universidades. Meses más tarde adhirió a la Universidad de Río Cuarto. Montenegro afirma que “la Ley 14.771 establece un mecanismo de distribución de parte de los excedentes de YMAD, pero no la obligatoriedad de
recibirlos. Además es necesario marcar la diferencia entre fondos procedentes por ejemplo de tabacaleras o petroleras y Alumbrera. Las tabacaleras y petroleras pagan impuestos a la nación por sus actividades y ventas, no van directamente a las universidades. Lo que éstas reciben son presupuestos asignados por la Nación. En el caso de YMAD y esta ley es un envío directo entre Alumbrera Limited, que tiene antecedentes de violación a derechos humanos y graves daños ambientales, y las universidades. Esto es lo inaceptable, lo no ético”.
A nivel local el tema quedó planteado en el Consejo Superior en agosto de este año, cuando el estudiante de Psicología y vicepresidente de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), Lisandro Lértora, leyó la carta de Pérez Esquivel en la que pedía a
los rectores que rechacen los fondos que reparte Alumbrera, asegurando que provienen de una explotación “destructiva y contaminante”. Según planteó el prosecretario de Relaciones Institucionales de la UNLP, Alejandro Echegaray, “si se rechaza o no es algo que todavía no se ha decidido. Hasta ahora lo que se ha hecho es, en el marco
de la ley aceptar un modelo de distribución del CIN, pero no se ha discutido mucho
más. Eso puede darse si es que se empiezan a producir presiones de los consejos académicos o de consejeros superiores”. “La intención del presidente”, continuó el secretario, “es elevar a una comisión para que se empiece a discutir”.
Así comenzarían a “consultar a los expertos, en geología, en problemas de salud, medioambientales, no para opinar panfletariamente, sino con fundamentos. Si luego se rechaza o se acepta habrá sido precisamente producto de una discusión debidamente fundamentada”.
Acerca del posicionamiento de los especialistas en el tema indicó que “muchos geólogos seguramente tienen la mitad de la biblioteca a favor de cómo se están haciendo las cosas en Bajo La Alumbrera y habrá otro tanto que dice lo contrario. Pero ese es el debate que tiene que producir la universidad. Además de tomar posicionamientos políticos, tener un debate de carácter científico, que es lo que corresponde”.
Efectivamente una vez que el tema quedó planteado en el Consejo Superior hubo quienes afirmaron que “no se podía afirmar que Minera Alumbrera contamina”. En esa perspectiva se encontraba el geólogo Ricardo Etcheverry. “No, no usan cianuro, entonces por qué están diciendo que usan cianuro cuando no lo usan. Hay algunas personas que son públicas como Pérez Esquivel que han opinado en contra de eso, pero en realidad para mí están desinformados. Los fondos los está dando YMAD, por una ley de la Nación, y si antes no los dieron es porque en el momento que hay dividendos los empiezan a dar”.
“Minera Alumbrera no usa cianuro”, declaró Jorge Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, en una entrevista en el diario Página/12. Materia Pendiente quiso comunicarse, pero desde la Secretaría no respondieron. Ante estas afirmaciones Montenegro resaltó que no está en cuestión si la empresa contamina. “Alumbrera Limited no utiliza cianuro, pero sus actividades generan un cóctel de sustancias químicas que incluyen metales, metaloides y otras sustancias contenidas en las rocas procesadas, y restos de los insumos industriales. Esos cócteles contaminan el ambiente y generan Derrames Ácidos Mineros (DAM), y se acumulan en depósitos que seguirán activos y sin suficiente seguridad cuando la mina haya dejado de operar”. Es por estos motivos que, para el biólogo, recibir o no los fondos “es una cuestión ética, no legal. Pero cuando la relación se establece entre una empresa contaminadora, por ejemplo Alumbrera, y una universidad pública, el asunto cambia.
Cualquier aceptación de sus fondos, por la ley 14.771 o un convenio, le quita a la universidad objetividad para estudiar sus impactos. No importa que los haga bien y
rigurosamente. Socialmente quedarán sospechados. La universidad no sólo debe ser sino también parecer”.
Sobre este punto Materia Pendiente consultó a Echegaray quien contestó que
“esa es la discusión que hay que promover. Hay muchas facultades que trabajan con
muchas empresas, en todo caso habrá que discutir qué hace la universidad respecto de éste y de otros tantos temas”. En el mismo sentido el geólogo Echeverry dijo: “No
me parece problemático eso que plantean de que las multinacionales te van a condicionar, a nosotros cuando hemos trabajado nadie nos condicionó, puede haber gente que opine que no hay que hacer minería, como puede haber gente que diga que sí
hay que hacer”.
Quien fuera decano de la Facultad de Ciencias Naturales trabaja actualmente en el Instituto de Recursos Minerales (INREMI), creado en 1989. Como se lee en su página web, el mismo “realiza y ha realizado diversos servicios y consultorías. Estos se concretan a través de un convenio marco entre la Universidad y el interesado, o bien por acuerdo directo entre el INREMI y el interesado”. Se trata de “estudios petrográficos y mineralógicos para las siguientes empresas: Aquiline Argentina, Barrick Argentina, Lamgold, Torello Hnos S.A. 2003-2006”. Actualmente trabajan con las mineras San Jorge y Bolland.
Según informaron desde la Secretaría de Administración y Finanzas de la UNLP los fondos ya fueron distribuidos por el CIN, aunque aún no han ingresado. Mientras tanto habrá que esperar, como dijo Echegaray, la decisión que tome el Consejo Superior. Hoy ya son 19 facultades las que los rechazaron, -entre las que se encuentran Humanidades
y Ciencias de la Educación; Ciencias Exactas; y Bellas Artes de la UNLP. Al cierre de esta edición el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo adhirió al rechazo de los fondos de Bajo La Alumbrera .

Un Camino a Seguir - Congreso de Extensión de Montevideo

2010-06-03T13:39:00.001-07:00

Centenares de personas de diferentes países de América Latina se encontraron para
debatir y fortalecer la extensión universitaria.
Charlas, ponencias, conferencias con un gran abanico de temáticas y presentaciones
colmaron las distintas sedes de la Universidad de la República en la capital uruguaya.
Los protagonistas: los movimientos sociales y los estudiantes.

Por Josefina Oliva

“1) Las universidades tienen la obligación de contribuir humildemente a los procesos de cambio de las sociedades de las cuales son parte; 2) Esta posibilidad tendrá más factibilidad de concretarse si generalizamos procesos formativos integrales y críticos en nuestras instituciones en donde la Extensión sea la verdadera guía política y pedagógica”. Con estas dos premisas el prorrector de Extensión de la Universidad de la República, Humberto Tommasino abrió el X Congreso Iberoamericano de Extensión “José Luis Rebellato” que se realizó en Montevideo entre los días 5 y 9 de octubre.
Más de ciento veinte expositores de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Colombia y Venezuela, entre otros países; actividades culturales; conferencias entre las que se destacaron la de Atilio Borón y el uruguayo Alfredo Falero denominada Universidad y pensamiento crítico, y la videoconferencia de cierre de Noam Chomsky desde el MIT ‘Massachusetts Institute of Technology’, sobre Intelectuales, política y poder en el siglo XXI; tuvieron lugar en un encuentro en el que se debatió y se expusierondiferentes posiciones en torno a la extensión y su relación con los trabajadores, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente, la comunicación, la educación y la cultura, y las luchas sociales. Las actividades se realizaron en diez sedes, la mayoría de la Universidad de la República, como la facultad de Derecho, la de Psicología, Humanidades; y en el Complejo Cine Plaza.
Materia Pendiente dialogó con Tommasino sobre las claves del ExtenSO, y la importancia de la extensión. “La idea es esa, que tengamos un grupo que pueda consolidar esta idea de extensión recuperando -y no nos cansamos de decirlo-, la esencia del modelo latinoamericano de universidad, autónomo, cogobernado, de acceso libre, gratuito, en donde se defiendan los derechos humanos como una cosa esencial, en la enseñanza, en la investigación, en la extensión; en donde la formación de los estudiantes y de los docentes sea integral, donde los componentes humanos de la
formación sean los valores claves”.
El ExtenSO se desarrolló en el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales, entre calles y ventanas colmadas de banderas partidarias. Allí, a diferencia de nuestro país, una gran cantidad de votantes exhiben su voto sin timidez. Una de las principales frases que se repetían era el “problema de la inseguridad”; así, como sucede aquí, los debates en torno a las necesidades de los
excluidos quedan disminuidos ante esos otros discursos que copan la escena.
Según explicó Tommasino a Materia Pendiente, en su país “de toda una generación de niños que empiezan la escuela, solamente el 30 % de esos gurises culmina la educación secundaria y es capaz de entrar en la terciaria. Por eso ahí hay un trabajo de la extensión, trabajando con esa comunidad que queda excluida, no en el momento de entrar sino antes, en el camino hacia la educación superior”. En este sentido, como uno de los proyectos uruguayos emblemáticos se presentó Apex Cerro, -donde se desempeñara José Luis Rebellato, filósofo y docente universitario y educador popular que le dio nombre a este Congreso- que trabaja de manera transdisciplinaria en un espacio geográfico, cultural e histórico: la Villa del Cerro, que fue fundada en 1834 para servir de asentamiento a la corriente migratoria que proveería de mano de obra a la pujante industria de la carne instalada en la zona. Hoy cuenta con una población total de 80.340 habitantes que afrontan múltiples necesidades.
Y para el prorrector de Extensión ese es un factor clave a la hora de caracterizarla: conocer y estar en el terreno: “Ahí tenemos que generar los mecanismos de ampliación y de profundización de la enseñanza superior”, afirma. Al igual que en la Argentina, Uruguay se encuentra hoy con un proceso de jerarquización de la extensión que según afirma Tommasino comenzó en 2002, momento en el cual se “salió a trabajar. Fue una situación de flujo, después hubo un cierto reflujo. Y ahora va recuperando ese movimiento, hay una relativa sensación de que estamos entrando en una fase distinta, con comisiones de extensión estudiantiles fortalecidas”.
La presencia de los jóvenes ha sido recalcada más de una vez por el funcionario, quien afirma que “el propietario” del congreso no es él sino que “son todos los gurises” que se ven trabajando.
Pero no sólo ellos fueron los protagonistas de las cinco jornadas que se vivieron “cruzando el charco”, pues éstas estuvieron colmadas de integrantes de movimientos sociales como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), el de Bella Vista y el PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores- Convención Nacional de Trabajadores)de Uruguay, el Frente Popular Darío Santillán, el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), y los trabajadores de fábricas recuperadas como la ex Zanon –hoy FaSinPat, Fábrica Sin Patrones- de Argentina, que repasaron sus experiencias resaltando el importante rol de las universidades como productoras de conocimiento para acompañar las luchas sociales.
“Hay mucha gente inteligente, por ejemplo el viejo Zanon, el empresario que nos despidió, era un tipo muy formado, pero lamentablemente lo utilizó para explotar a los trabajadores. Es muy interesante si todo ese conocimiento que se adquiere en la universidad, en la primaria, donde sea, se utiliza para defender a los trabajadores, para buscar un cambio social y para construir una sociedad más justa”, señalaron los representantes de la fábrica de cerámicos.
En este marco Tommasino especificó cuáles son a su criterio los motores de cambio para la universidad: “Los estudiantes organizados pensando en una sociedad y una formación distinta; y los movimientos sociales adentro de la universidad sin que el rol de ésta se pierda. Ahí no hay que confundir. Tenemos roles distintos, porque hay sensibilidades diferentes. Ojalá que algún día sean más próximas y comunes y que tengamos universidades realmente populares en donde todo el mundo sea universitario. ¿Por qué no una universidad en cada fábrica, en cada barrio?”

Desenguetar la extensión

Entre los debates por una extensión que no puede existir sin la presencia de los movimientos populares y una universidad que debe disponerse hacia fuera pero a la vez dejarse penetrar por otras experiencias no podía faltar la referencia al conocido educador Paulo Freire. Si alguna vez existieron discusiones acerca del término extensión “las inventó Freire en la década del ‘70” explica Tommasino, “y el maestro no pudo cambiar el término. Nosotros, humildes discípulos, ¿podremos cambiarlo?”. Tommasino cree que no, que la esencia es avanzar en cosas concretas. Que se le puede otorgar cualquier nombre pero que en definitiva lo que importa es lo de adentro, el contenido y las prácticas (ver “Construir, participar, comunicar”).
“Éste es un congreso de extensión” subraya, “y recupera una esencia de rescate de las tradiciones de los pueblos latinoamericanos. Es lo que dicen los movimientos sociales que estuvieron con nosotros. Lo terminológico hay que definirlo por lo práctico. Que el MST venga a decir que se los está criminalizando porque protestan implica que se trata de un espacio donde le estamos dando voz a los movimientos sociales nosotros como universitarios, y como universidades.
Estamos humildemente contribuyendo con gente que no accede a canales de comunicación muy abiertos, y acá por lo menos tiene una pequeña campana de resonancia”.
En el Congreso se hizo un especial hincapié en las estructuras de las que la universidad no ha terminado de salir. Así, por un lado, Atilio Borón hizo referencia a una universidad conservadora y Tomás Rodríguez Villasante (ver “Crear desde las preguntas”) remarcó la ortodoxia en la que ésta se enmarca, diferenciándola de los movimientos sociales; justamente “es desde ahí que hay que partir”, enunció, desde las experiencias que están por fuera de las paredes académicas. De lo contrario el
conocimiento puede quedar aislado en un laboratorio.
¿Qué hacer para que esto no suceda? ¿Qué hacer para superar estas contradicciones? Para Tommasino la respuesta está en fortalecer la extensión y la educación pero no en forma aislada: “Si nosotros consolidamos un proceso de práctica educativa, -acto educativo-, donde la extensión integra plenamente la formación de los estudiantes y
el trabajo de los docentes, si el docente es integral e investiga, enseña, aprende y hace extensión, y los estudiantes también lo hacen, probablemente reconfiguremos el acto educativo. Si encapsulamos el pensamiento con la extensión se presenta un proceso de enguetamiento”.
Por eso, plantea Tommasino, hay que “desenguetarla, ponerla en la práctica cotidiana del acto educativo”, pero a través de un proceso normal, entendiendo que la extensión es una parte constitutiva de la formación. “La extensión es una relación dialógica y crítica con la gente, es el polo pedagógico que construye una nueva metodología hacia ese aprendizaje, o por lo menos atenta violentamente contra la enseñanza magistral y bancaria. Es la actividad extensionista la que debe estar junto con la población ampliando y democratizando el acceso a la educación superior”.

Una experiencia para mirar

Hacia el final del ExtenSO, después de calurosos foros de debate, entre medio de espectáculos de humor y música, y después de que miembros de organizaciones sociales se levantaran para expresar sus conclusiones, en la sala del Complejo Cine Plaza alguien alzó la voz y preguntó: “¿Estamos en condiciones de decir que nos vamos a comprometer y que vamos a seguir trabajando por la construcción de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, más digna, para todos los que estamos acá, para nuestros hijos y para todos los que vendrán? Si es así hagamos el gesto de levantar la mano como el acto más democrático que tenemos entre compañeros de dar un sí, una aprobación de la forma más democrática posible”. Y todos levantaron la mano.
De esa forma finalizó un encuentro que se retomará en el 2011 y que tendrá sede en la Argentina. Un congreso que según Tommasino quedará como “un palito hacia donde mirar, un mojoncito de construcción de una forma y un contenido de la universidad diferente a la hegemónica, o modestamente contrahegemónica.
Esa es la pretensión que tenemos”.

“La universidad debe definir su agenda con una lógica social” - Encuentro con Atilio Borón

2010-06-03T13:21:00.000-07:00

Es politólogo y sociólogo, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesor de Teoría política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente coordina el
Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED) del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Fue además secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y ha escrito numerosos
libros y artículos. Atilio Borón acaba de recibir el Premio Internacional José Martí de la UNESCO y en esta entrevista habla del rol de la ciencia ante la situación de crisis mundial; de las universidades y de la educación en Latinoamérica y Argentina;
de los tiempos de la reforma universitaria y la influencia del Banco Mundial. De la CONEAU. De ideología, ciencia y política.
Por Darío Andrinolo y Josefina Oliva

- En su libro Consolidando la explotación. La academia y el Banco Mundial contra el pensamiento crítico da cuenta de la influencia que el Banco Mundial (BM) ha tenido en la educación en los ‘80 y los ‘90 en América Latina. ¿Cómo ve ese proceso hoy?

Si yo produjera un retrato de lo que era el sistema educativo y quién opinaba
sobre la educación en los años ‘60 hasta principios de los ‘70 y otro sobre quién opina hoy, se vería que en aquella época la voz autorizada era la UNESCO. Hoy es el Banco Mundial. La UNESCO ha sido desplazada, quedó completamente desfinanciada y ese papel lo pasó a jugar el Banco Mundial, que es la institución que decide qué es lo bueno y qué es lo malo en materia de educación, no sólo la superior sino también en la escuela primaria, la secundaria, los jardines de infantes. Esto tiene que ver con el avance de lo que ha sido el proyecto de globalización neoliberal, porque esto no fue un fenómeno espontáneo, fue un proyecto claramente direccionado para imponer
el neoliberalismo y la concepción capitalista del mundo, incluyendo todos los órdenes de la vida, y la universidad cayó víctima de ese embate. Y a partir de ahí comenzó a reproducir un patrón de trabajo, de docencia y de investigación que va lentamente transformándose en el único de todo el mundo. Ese es el modelo que el Banco Mundial elabora como la gran propuesta de las reformas universitarias en América Latina en la década de los ‘80 y de los ‘90, y que llega por la vía de gobiernos autoritarios militares.

- ¿Cómo se da esa transformación en Argentina? ¿Qué se perdió de la reforma universitaria y qué conservamos?

Todavía se conservan algunas cosas, por ejemplo el cogobierno, que es un principio muy importante aunque no rige igual en todas las universidades de la Argentina. Hay algunas provinciales o inclusive en la zona del gran Buenos Aires, en donde el gobierno es casi despótico del Rectorado en acuerdo con las autoridades políticas de la región. Por otro lado se ha perdido la idea del carácter democrático en el proceso de acceso al cuerpo profesoral. Hoy en día eso está muy controlado por las autoridades departamentales o de las facultades y no funciona como debería. Por ejemplo los llamados a concursos que están licitados en función de la coronación de fuerzas de los departamentos a las facultades. Eso no era lo que planteaba la reforma.
Y en tercer lugar me parece que hubo un vaciamiento de la idea de autonomía universitaria que era muy importante y que por lo menos en el caso de la UBA se ha
transformado en aislamiento. La relación entre la sociedad porteña y su universidad
es de extrañamiento mutuo, no se conocen. La UBA está muy encerrada en lo suyo, no tiene prácticamente políticas de vinculación efectivas con el medio y por lo tanto lo que pase con la universidad le importa poco o nada a la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad. La autonomía no quería decir aislarse de la sociedad, sino independencia del poder político de turno y ejercer la libertad de cátedra con total amplitud y sin ninguna clase de restricciones. Hoy es mucho más difícil poder establecer un pensamiento heterodoxo, contestatario, crítico, por la
situación de extrema vulnerabilidad que tienen docentes, académicos, investigadores
y científicos. Cómo se explica que un académico de la Argentina tenga un
nivel de remuneraciones que es la tercera parte de lo que ganaría en Brasil o la
quinta de lo que ganaría en México, en universidades públicas también.

- ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las universidades en la actualidad?

Hay un problema grave de financiamiento universitario, que no solamente refiere al pago de los profesores, sino a la inexistencia de grandes programas de becas; a las construcciones que están en su mayoría obsoletas o desmanteladas o con un mantenimiento más que precario; al atraso fenomenal de nuestras bibliotecas, a la carencia de insumos en laboratorios.
Hay facultades que no pueden pagar la luz ni el gas. En la UBA -pongo el ejemplo
pero creo que La Plata no es muy diferente y Rosario tampoco-, en donde más del 90 % del presupuesto se destina al pago de sueldos y salarios de los profesores y los no docentes, queda menos del 10 % para el resto. Eso nos coloca en una situación de dependencia que implica que en el campo de las ciencias sociales, a la hora de investigar hay que hacerlo en algún organismo del Estado que tiene un préstamo del BM o del BID (Banco Interamericano de Desarrollo); y en las ciencias exactas o naturales, en empresas privadas y grandes laboratorios, que con sus aportes fijan de alguna forma lo que sería la agenda de investigación, con lo cual la universidad en lugar de ser autónoma es heterónoma.

- ¿Cómo influye la Ley de Educación Superior, y con esto los sistemas de acreditación
y evaluación de las carreras de grado y posgrado a través de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)?

Es lo más contrario que podemos pensar al espíritu científico. Si hubiéramos tenido esa estructura de acreditaciones y de controles burocráticos sobre la ayuvida universitaria, (Charles) Darwin jamás hubiera podido ser profesor en una universidad,
su teoría hubiera sido rechazada de plano, lo mismo que la de (Nicolás) Copérnico, la de Galileo (Galilei), la de (Albert) Einstein, la de (Sigmund) Freud y la de (Karl) Marx. Todo el pensamiento innovador hubiera sido impugnado y eso es lo que está pasando ahora, por eso la universidad se ha transformado y ha pasado de ser, como hace 50 años, espejo crítico de la sociedad, a repetidora del saber convencional de los países avanzados. Y la gente está dispuesta a tolerar este sistema porque de lo contrario sabe que su salario va a disminuir. Entonces me parece que hay un control ideológico a partir de la crisis del financiamiento de la universidad pública.

- ¿Cómo ve que la universidad asesore a empresas privadas?

El hecho de que la universidad pueda ayudar a algunas empresas no me parece
mal. Pero ¿se trata de algunas empresas públicas también o sólo las privadas?; si
son sólo las privadas ¿cómo garantizamos que estas empresas hagan un aporte sustantivo en función del apoyo que la universidad pública les está dando? No
tengo una postura dogmática de decir que no debe hacerse nada con la empresa privada, creo que sí se puede hacer.
Pero debemos trabajar primero con las públicas. Lo que pasa es que en este país
no hay más. Vino el tsunami menemista y no hubo ninguna reconstrucción posterior.
Una de las críticas fundamentales que yo le hago a la gestión de lo que ha sido el kirchnerismo es que no reconstruyeron el Estado que fue destruido, arrasado por las políticas neoliberales de Menem. Estamos igual que antes en ese sentido. Si bien hay algunas pequeñas mejorías en algunos terrenos en materia educacional, de fondo seguimos teniendo una situación catastrófica. Otro tema es que la universidad tiene que definir su agenda no solamente en función de una lógica mercantil sino en función de una lógica social. ¿Por qué la universidad pública no está estudiando fenómenos
como el Chagas, o el dengue? El problema es que un artículo sobre el Chagas no
se publica en ninguna revista con referato a nivel internacional y por lo tanto el profesor o el investigador se ve perjudicado en materia económica porque su salario
está en función de eso. En cambio si publica lo que interesa en los países del
norte tiene una recompensa, por lo tanto la agenda se sigue ajustando afuera de la
universidad.

- ¿Qué ha pasado hoy con el concepto de ideología, qué relación se puede decir que hay entre ideología y ciencia, y qué ideología prima hoy en la Argentina?

Hoy se ve una simbiosis ideológica donde hay, primero, individualismo: la universidad está al servicio de formar profesionales; segundo privatismo, o sea, los forma para las empresas privadas con el gran disfraz que indica que se atienden las necesidades del mercado. Tercero: una ideología cientificista en el sentido de que los académicos escriben entre sí y para sí, no hay una preocupación para ver que el debate de ideas que se tiene que dar en la universidad fluya hacia afuera de las aulas universitarias y sea un instrumento de mejor conocimiento de la propia sociedad. Estamos en una regresión ideológica muy fuerte agravada porque hay una penalización a toda forma de
pensamiento contestatario. Y si la universidad tiene que ser algo es el lugar donde
haya pensamientos novedosos, originales, que cuestionen el saber establecido.
Sin embargo se premia al conformismo y se castiga fuertemente a aquellos que
tienen una postura desafiante.

- ¿Cuál es el rol de la ciencia y la tecnología ante la crisis?

La ciencia y la tecnología pueden cumplir un papel muy importante. Justamente en marzo fui convocado por Fidel Castro, a propósito de una ponencia que realicé en un congreso en La Habana –sobre el tema de la crisis actual. Él me sorprendió diciendo que había que apoyar la nanotecnología, porque si bien hay un intento de apoderarse de esas innovaciones por parte de las grandes corporaciones, puede significar un aumento muy importante en la cantidad y en la calidad de los bienes y servicios que se pueden ofrecer a la población. Entonces planteó que en el contexto de esta crisis -y yo concuerdo con esa idea-, el avance en materia científica nos va a permitir hacer un poco más llevadero este momento. Yo creo que es muy importante pero en la medida que tengamos una autonomía tecnológica.

¿Tiene la Argentina autonomía tecnológica?

No. Pero por ejemplo, ¿por qué necesito yo comprar este celular que está diseñado para que dentro de ocho meses sea obsoleto?, ¿por qué no pensar que acá podemos desarrollar, con el parque científico que tiene la Argentina, uno que pueda ser utilizado durante cinco años? Si acá tenemos capacidad para desarrollar no sólo hardware sino también software. No es una utopía que podemos desarrollar tecnología propia.

-¿Qué función le cabe al estado ante esta situación?

Es central. Yo soy graduado de Harvard, uno de los mitos que circulan es que Harvard
se mantiene con los aranceles de 28, 30, 32 mil dólares por año. ¿Cómo se financia
Harvard? Más de la mitad viene por parte del Estado. Yo no digo que tengamos
que copiar eso, sino que aún en ese modelo el papel del Estado es central.
Entonces se puede mantener la centralidad no para empresas privadas, sino para desarrollar empresas públicas que hagan tecnología, como por ejemplo la vacuna. ¿No se veían venir la gripe que tienen que ahora pensar en la vacuna? El dengue ¿no lo veíamos venir? El Chagas, el hantavirus… ¿Por qué no pensar que podemos desarrollar tecnología propia? ¿Por qué los cubanos tienen hoy como un ítem de su comercio exterior la exportación de medicamentos de diversos tipos? Porque tienen una línea de continuidad aplicada durante treinta años, respetan a los científicos y los valoran de una manera extraordinaria, cosa que acá no se hace. Entonces cuando se gana poco y
no se es respetado la gente se va a Ezeiza y desaparece.

V de Vergüenza - El Abandono del Sistema de Transporte Público

2010-06-03T13:03:00.000-07:00

El reemplazo del tren por el sistema automotor. La
reconfiguración de las ciudades y la no reestructuración
de las redes de transporte. ¿A quién le importa que la
movilidad sea un derecho? ¿Alguien toma en cuenta las
alternativas que proponen los especialistas?
Por Luciana Aon

“A comienzos de los años ’90 las empresas del Estado se privatizaron con la promesa de mejorar sus servicios y brindar mejor atención”, narra Fernando “Pino” Solanas desde la voz en off en el comienzo de su película La próxima estación (2008). “La privatización del transporte terminó en un colapso. Los trenes interurbanos que unían las provincias fueron suprimidos, miles de pueblos quedaron aislados y un millón de habitantes emigró hacia las capitales”, agrega inmediatamente. Siguiendo esta línea el director relata que “la carga y el traslado de pasajeros pasó al transporte automotor”, mientras las imágenes muestran rutas, autopistas y calles de las ciudades repletas y saturadas de autos, camiones, colectivos, motos.

El ferricidio

Jorge Blanco es profesor de geografía e investigador del Programa de Transporte y Territorio de la Universidad de Buenos Aires (UBA); desde la perspectiva del equipo de trabajo que conforma plantea que “hay que mirar la trayectoria del sistema de transporte como parte de la historia territorial, porque de alguna manera va dejando cristalizadas opciones de políticas que se van tomando en determinados momentos”.
Así, los ferrocarriles en la Argentina surgieron a mediados del siglo XIX, ligados a capitales ingleses asociados con la oligarquía porteña; luego, el presidente Juan Domingo Perón los nacionalizó en 1946 bajo el lema “los rieles son del pueblo”. El gobierno radical de Arturo Frondizi a fines de los años ’50 terminó con esa “edad de oro”, tomó la idea del general norteamericano Thomas Larkin e inició así la reducción del ferrocarril y su reemplazo por rutas, asfalto, calles. Las dictaduras de la Revolución Argentina primero, y del Proceso de Reorganización Nacional después, profundizaron este modelo. Sin embargo, la política (y el negocio) de las privatizaciones del sistema ferroviario argentino se concretó con la sentencia en 1989 del entonces presidente Carlos Saúl Menem: “Ramal que para, ramal que cierra”.
“Las políticas de transporte son políticas de Estado”, dictamina Horacio Bozzano, doctor en Geografía, Ordenamiento Territorial y Urbanismo por la Universidad de la Sorbona de Francia, y docente en la UNLP: “acá hubo 47 mil kilómetros de vías férreas, más del 80% de la red ferroviaria latinoamericana estaba en el país, y en los últimos 30 años, con lo cual no estamos hablando de un gobierno, se fue desmantelando”.
Entonces, desde ese punto de inflexión que representó la reducción del 80% del ferrocarril en Argentina, se puede analizar comprender cómo las decisiones que se toman respecto de las políticas del sistema público de transporte van construyendo el territorio a lo largo de la historia: El aislamiento y la emigración que significó para cientos de pueblos en el interior del país; la expansión y concentración
de las grandes ciudades en amplios sectores periféricos empobrecidos; la ampliación del sistema automotor para el transporte de carga y de pasajeros; la construcción de rutas y autopistas que pronto rebalsaron; el colapso de todos los accesos urbanos e interurbanos; la contaminación del medio ambiente.

(In)móviles

Las redes de transporte construyen el territorio y éste a su vez se constituye a partir de la movilidad y la circulación. Por eso Blanco advierte que se trata de
una “relación dialéctica” que requiere, en principio, “un diálogo más fluido entre
el pensar la ciudad y pensar el transporte”.
Luego, por la complejidad de las ciudades contemporáneas, destaca que se necesitan “estrategias variadas” y se reconoce como “un partidario de estimular el transporte público, como la principal forma de garantizar el derecho a la movilidad”.
La transformación de las ciudades en las últimas décadas sin acompañamiento de políticas de planificación y reestructuración de los sistemas de transporte público han instalado un modelo de movilidad asociado con un patrón de expansión urbana, “donde todo está lejos y para todo hay que usar el automóvil”.
Blanco, magíster en Políticas Ambientales y Territoriales, describe este patrón como el del “automóvilintensivo”, es decir, la creciente movilidad de ciertos sectores sociales para los cuales no es suficiente tener un auto por familia. “Y junto con ese patrón de hipermovilidad hay otros sectores sociales que están prácticamente nmovilizados”, diferencia. “No disponen de medios ni de dinero, ni de posibilidades para poder acceder a la movilidad porque no pueden costear un auto y la oferta de transporte público es limitada”. Así tampoco pueden acceder a otro tipo de bienes y
servicios, es decir, derechos, entre ellos el trabajo, la salud, la educación.
“En política de estado de transporte urbano, intraurbano, interurbano, metropolitano
y regional, todavía tenemos mucho que aprender en Argentina” indica Bozzano que trabaja en el CONICET desde 1984, en investigación ligada a la intervención. En palabras de Blanco, “hay que pensar un esquema de movilidad para todos”. Se trata, en definitiva, de reconocer y valorar que “el sistema de transporte público es uno de los aspectos desde donde se puede trabajar la equidad social”.

Luz, cámara, acción

La política ferroviaria como un servicio público, nacional, con una fuerte función social es uno de los pilares del “movimiento político, social y cultural” Proyecto Sur con el cual “Pino” Solanas fue electo este año Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, la propuesta denominada “el tren para todos” reúne distintas organizaciones, movimientos sociales, vecinos del interior y ferroviarios que elaboraron un proyecto en oposición al planteo del “tren bala” para unir Buenos Aires, Rosario y Córdoba, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A un modelo que consideran “elitista, antinacional y antidemocrático” oponen un tren “popular, ecológico y económico”.
Bozzano es coordinador científico de la Red Latinoamericana Territorios Posibles, creada con el apoyo de la ‘European Network of Territorial Intelligence’ (ENTI) que desde hace más de 30 años trabaja con poblaciones vulnerables en Europa. Desde ese
núcleo con sede en la UNLP y bajo el lema “otro territorio, otro desarrollo, otras acciones”, el investigador explica que la “propuesta que trabajamos con la cátedra de ingeniería ferroviaria, sociólogos y comunicadores sociales es un modelo de gestión diferente al tren bala que propuso el gobierno nacional”.
Además marca que tiene matices con el plan de Proyecto Sur al que considera que “es excelente” porque conecta los principales centros regionales y subregionales del país
recuperando el ferrocarril interurbano de las provincias, con un carácter “más regional y nacional”. Se trata de “perspectivas complementarias” ya que “lo nuestro va a vincular centros locales y sublocales. Es decir, localidades de entre mil y 15 mil habitantes junto con programas de microemprendedores y otro tipo de desarrollos”.
El equipo con el que trabaja Bozzano ha firmado e iniciado en el mes de julio un convenio por dos años desde la UNLP con el gobierno de Entre Ríos para priorizar la
puesta en marcha de entre 800 y mil kilómetros de vías férreas de tren de los 2800
kilómetros que tiene la provincia. Y así conectar pequeños pueblos. El investigador
explica que “trabajamos desde la teoría de la gestión con los modelos que se llaman ‘bottom-up’ y ‘top-down’, es decir de abajo arriba y de arriba abajo con decisores de alto nivel”. Bozzano cita a “su maestro” Milton Santos con quien comparte la convicción de “que el aprendizaje es vertical-horizontal, y horizontal-vertical”.
“Da gusto trabajar desde la UNLP con las cooperativas, con los gobiernos locales, con los distintos actores, después hay que trabajar para vincular con el gobierno provincial, con el gobierno nacional”, detalla.
“Nuestra mayor satisfacción es que se ponga en marcha un tren. Nosotros estamos trabajando por un ideal, creemos que la Universidad es un lugar donde se pueden legitimar decisiones que escapan a actores políticos, empresarios y sociales. Eso es bueno. Es bueno pertenecer a la Universidad”.

La Plata ¿ciudad sustentable?

“El tema del transporte público es un tema neurálgico ya desde la administración anterior”, dice Paula Andrea Ramírez, magíster en Desarrollo Sustentable y encargada
del Programa de Transporte Público de Pasajeros de La Plata de la Fundación Biósfera. Desde ese espacio y junto a su director, Horacio Beláustegui, han elaborado el informe “Hacia una política pública del sistema de gestión del transporte público de pasajeros de La Plata 2008-2009”. Como explica Beláustegui, consultor internacional sobre temas ambientales “necesitamos planes serios, no de coyuntura”. A partir del diagnóstico realizado, Ramírez destaca la relevancia de considerar que “una ciudad
sustentable es la que desestimula el uso del automóvil”.
Olga Ravella dirige el área de Transporte en el Instituto de Investigación y Políticas Urbanas de la Facultad de Arquitectura de la UNLP. Junto a un equipo de investigadores aborda el “transporte en cuanto a los usos del suelo, a las características de la movilidad en general de la población, a los modos de gestión del transporte, y también en relación a los efectos que produce por sus emisiones contaminantes en el contexto del cambio climático” (ver nota “Panorama tormentoso”).
“Nosotros habíamos planteado fundamentalmente el problema de comportamiento de la sociedad frente a las formas de movilidad. En segundo lugar es un problema de los gobiernos locales, para poder implementar un sistema de transporte que posibilite trasladar los viajes que se hacen en auto por ejemplo al transporte público, que en este momento no tiene las condiciones requeridas”.
Distintos grupos de la UNLP han trabajado durante años en evaluar y proyectar un cambio pensando en “una ciudad sustentable”. “Finalmente hubo una propuesta de zonificación que es la que vemos en la ciudad, pero que se implementó a medias”, menciona Bozzano. Se refiere al Sistema Único de Transporte (SUT) que se estableció en 2002 durante la intendencia de Julio Alak. El doctor en geografía especifica que “tiene que ver con la estructura, la organización, la historia, y las trayectorias del empresariado”, y agrega que no se trata solamente de “una respuesta técnica” sino que “tiene que ir de la mano del poder decisional y de la sociedad civil”.
Para Ravella se conjuga que los gobiernos locales “toman medidas aisladas sin un plan de transporte global” con lo cual no han entendido el tema “como una totalidad”, y además el comportamiento de la sociedad: “tener un auto significa la percepción de tener más libertad, más independencia”.
Desde la UNLP se ha explorado la posibilidad de nuevas formas de transporte considerando incluso la incorporación de sistemas de tranvías. Pero ninguna de
las iniciativas ha encontrado eco en las gestiones de la administración pública local.
Mientras los grupos de investigación se consolidan, para la arquitecta “acá a veces toman a las universidades para que les justifiquen las propuestas que ellos quieren hacer. Y nosotros tendríamos que ser un equipo asesor de cualquiera de los gobiernos sin distinción”.
Por otra parte, Alberto Keim, especialista en ingeniería ferroviaria y docente en la UNLP cuenta que el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) ha planteado en 2007 la necesidad de estudiar “cómo complementar los distintos modos de transporte para descomprimir la ciudad de La Plata”. Porque como explica, si bien el ferrocarril es un transporte masivo que en una formación podría llevar 1000 pasajeros, no “tiene servicio puerta a puerta”. Se necesitan al menos 15 colectivos de media distancia para reemplazarlo, “ni hablar de automóviles”. Por eso indica que
debe haber “concurrencia de modos”. La idea incluía el aprovechamiento de la zona ferroviaria que circunvala La Plata en una primera etapa; “en una segunda ingresar a la ciudad en forma radial llegando al corazón que sería Plaza Moreno, y así desalentar el tráfico automotor dentro de la ciudad, y sumar todos los sectores aledaños al Gran La Plata”.
Un proyecto pendiente “El problema no es dónde ubicar la Terminal Ferroautomotor, sino cómo la incorporás dentro de un proyecto integral, urbanístico, ambiental, y de desarrollo de toda la región no sólo de La Plata”, dice Alberto Antonini Presidente
del Foro Ciudadano La Plata (FOCALP).
Desde ese espacio que también integra la Fundación Biósfera se han opuesto al proyecto de la gestión Alak que tuvo una primera proyección en el año 2000, y luego ha desaparecido y vuelto a provocar polémicas intermitentemente entre el fin de su mandato y durante la actual gestión de Pablo Bruera.
El proyecto que se menciona, con distintos matices a lo largo de todos estos años, concentraría la estación de trenes y la terminal de colectivos en las instalaciones de 1 y 44, y un tren en trinchera, es decir, a nivel del subsuelo, que liberaría la calle 1, históricamente dividida por las vías del ferrocarril Roca.
Según relata Antonini “el único estudio serio que se hizo al respecto lo encarga la administración Alak a la Fundación Cepa. Ellos hicieron una grilla con distintos puntajes y de cuarenta y pico de lugares posibles los dos que mejor
daban eran Tolosa y la zona del Dique. El único de todos los lugares que era inviable, es 1 y 44”. Sin embargo, Antonini relata que se ha mantenido la actual ubicación de la estación de trenes como el lugar donde se desarrollaría la propuesta. “Lo que nosotros denunciamos es que detrás de esto hay un gran negocio, porque hacerla en 1 y 44 se calcula que saldría 600 millones de pesos; y segundo que no tiene un proyecto de integración regional”. En definitiva, dice, “se quiere hacer una terminal shopping, no al servicio de la gente, sino al servicio de los intereses económicos”.
“El único criterio global que tienen es que en las principales capitales europeas las terminales ferroviarias están en el corazón de la ciudad. Pero acá hay dos temas.
Primero que no son ferro ‘automotor’; segundo que tiene sentido cuando como en Europa ingresan y salen varias vías, integrando la región. Pero acá se trata de una sola vía”.
Por eso desde FOCALP han insistido, entonces, en que se abra el debate ciudadano:
“Nosotros no decimos que debe hacerse en Tolosa, sí que es una alternativa que debería estudiarse y debatirse”.
Menciona, entonces, una propuesta que podría ser desarrollada en el predio de la estación de 1 y 528: “desde el punto de vista integral, la construcción en las 36 hectáreas de la actual estación Tolosa, más las 20 hectáreas aledañas al mercado regional. O sea que podrías tener la primera terminal ferroautomotor parque de
Latinoamérica de 56 hectáreas. Y complementario a esto, un servicio de trolebús que es un sistema de transporte no contaminante que usa medios de energía renovable” para que la gente se acerque desde los distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, los docentes de la UNLP tienen otras opiniones. Para Keim, del CIPBA, “en cualquier país del mundo, el modo ferroviario ingresa hasta el corazón de la ciudad”. El ingeniero
cuenta que desde una comisión de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) auditó el trabajo de quienes desarrollaron el proyecto y reconoce que “defendí la postura de mantener el sistema ferroviario en 1 y 44 donde se accedería con dos vías en trinchera; y a su vez, se construiría otra trinchera hacia la zona del puerto para la carga, y no pasar por la estación”. Así explica que se iría por 1 y 530 para evitar la zona urbana.
Bozzano desde su experiencia reconoce que no está en desacuerdo con la propuesta porque la obra “jerarquizaría a la ciudad”. Se podría “planificar de acá a 40 años un segundo centro metropolitano jerarquizado en 1 y 44”. Pero aclara que “sí me preguntaría en un plan de inversiones el monto que significa hacer una gran trinchera, si ese mismo dinero se podría haber destinado a hacer pequeñas unidades ecológicamente aptas”.
Distinta es la postura de la arquitecta Ravella, que considera que “hay un error conceptual profundo”: “Pensaron la relación entre los buses y el tren, pero este tipo de estaciones conjuntas se hacen en países donde el tren es un elemento que une la ciudad con el resto de las ciudades del país, y el ómnibus implica una relación de desvincular a la gente que llega en tren con lugares de las cercanías.
Pero en La Plata el tren es como un ómnibus local, va de Buenos Aires a La Plata, entonces no tiene mucho sentido pensar en un lugar común para la estación de trenes y la estación de micros”. Sin embargo, como Keim y Bozzano defiende la ubicación de 1 y 44: “el tren debe quedarse donde está”, dice.
Desde la Secretaría de Prensa de la Municipalidad de La Plata se informó a Materia Pendiente que aún “no hay anuncio al respecto” y que será el intendente Bruera quien lo hará “en su momento”, porque el Director de Transporte y Tránsito, Federico Nuñez,
“no sabe del tema”.

Fin

“Me parece que los problemas del transporte no son problemas que se resuelvan, en el sentido de que desaparezcan a merced de las acciones, sino que son problemas con los que uno lidia mejor o peor en las distintas circunstancias”, remarca Blanco desde la UBA, y entonces: “para cada tipo de ciudad hay soluciones distintas”.
Pero en el país los ciudadanos padecen las (no)políticas de transporte. El dejar hacer, el permitir incumplir, perdonar multas, y a lo sumo tapar un bache con
una medida aleatoria. Como no hay planificación y la red ferroviaria ha quedado
obsoleta en 30 años de un Estado ausente, las calles se han llenado de vehículos automotores. Así se daña el medio ambiente, y se han incrementado notablemente los accidentes de tránsito y las muertes en esas circunstancias.
“Los trenes se privatizaron porque daban pérdidas. Pero, ¿los servicios públicos están para dar ganancia o para servir a la comunidad? ¿Acaso deben dar rentas
las escuelas o los hospitales públicos?”, reflexiona Solanas en su película

Barajar y dar de nuevo

2009-08-02T22:31:00.000-07:00

¿Cómo fue históricamente la industria nacional? ¿Qué otro modelo
es posible en Argentina? ¿Para quién? ¿Cuál debería ser la relación
con los países vecinos? ¿Qué cambiaría en la relación laboral de los
trabajadores? Aquí, especialistas muestran sus cartas.

Por Luciana Aon

“Nosotros tenemos una industria que ha sufrido muchos vaivenes durante el siglo pasado y lo que va de este siglo”, dice el ingeniero Enrique Mario Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). “En realidad la industria propiamente dicha tuvo entidad a partir de las enormes restricciones a las importaciones de la década del ´30 y de la Segunda Guerra Mundial.
Así, a partir de sustituir importaciones, apareció en el país un tejido productivo muy interesante”, detalla. Entonces, como explica Julio Gambina, profesor de Economía Política
de la Universidad Nacional de Rosario, era “industrialización sustitutiva porque suplantaba una provisión de artículos industriales que provenían del mundo capitalista desarrollado, principalmente de Europa y Estados Unidos”; que por la crisis mundial o las consecuencias de
la guerra ya no se podían comprar. De modo que “la industrialización de la Argentina ha estado vinculada a momentos en que han aparecido problemas en los países capitalistas desarrollados, y esos países son capitalistas desarrollados por haber llevado adelante un proceso de industrialización intensivo”. Se refiere, puntualmente, al caso de Inglaterra al que se puede claramente identificar con la Revolución Industrial del siglo XVIII.
Si esa primera industrialización en Argentina fue “liviana, es decir, la producción de bienes de consumo”, la segunda se dio “en la década del ´50 y del ´60 vinculada con el desarrollo de la
industria pesada, o fábrica de fábricas”.
Esto es la producción de complejos de insumos para el proceso productivo industrial, por ejemplo el acero, la metalurgia y la industria automotriz. De esa manera Gambina describe que “para mediados de los ´70 la Argentina venía completando un proceso de desarrollo industrial integral, atravesando estos dos momentos de industrialización, y mostrándose como uno de los países
industriales y de mayor peso relativo de América Latina”.
Sin embargo, para el director del Centro Cultural de la Cooperación el Golpe de Estado de 1976 determinó que la situación descripta sea “completamente distinta a la actual”. Desde
entonces “el camino de la Argentina no es convergente con otros países de la región, como el caso de Brasil que en los años ´60 desarrolló un despliegue industrial muy importante que va a hacer que la brecha entre Brasil y Argentina crezca hasta la actualidad, donde la Argentina es un proveedor de materias primas a Brasil y un gran importador de bienes industriales”. Mientras uno ha logrado un lugar destacado en el sistema de producción mundial, el otro ha deteriorado
su participación. Como explica Gambina, “a partir de las transformaciones en política económica impulsadas por la dictadura militar, Argentina inició un proceso de desindustrialización relativa.
Y digo relativa porque no es que dejó de haber industria en términos absolutos, ni que no se habilitaron nuevos desarrollos sino que la industria empezó a tener una pérdida de peso respecto a otros sectores productivos, especialmente el de los servicios”, proceso que, considera, continúa hasta la actualidad.
Abraham Leonardo Gak es el director del Proyecto Estratégico Plan Fénix, creado en el año 2000 por un grupo de economistas en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para discutir y proponer alternativas para los problemas de la economía argentina.
Gak también plantea que “en los últimos treinta años se produjo una reversión” de ese desarrollo industrial.
En cambio, Victorio Paulón, coordinador de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Central de Trabajadores Argentinos (FeTIA-CTA), opina que “después de la devaluación de 2002 hubo un incipiente proceso de reactivación industrial. No una reindustrialización pero sí
un proceso interesante que tiene que ver con la recuperación económica”. Martínez, por su parte, explica que “cincuenta años después el mundo no sólo abandonó la doctrina de la sustitución
de importaciones sino que está controlado por grandes corporaciones multinacionales que han ido en algunos casos haciendo quebrar empresas locales y en muchos casos comprándolas, aquí y
en Brasil y en casi cualquier país que tuvo un camino de industrialización”. Por eso la extranjerización de la industria se convierte en un problema central: “Hoy el 70% de las grandes empresas industriales argentinas son filiales de empresas multinacionales, cuyo desarrollo se hace fuera del país, cuyos análisis de marketing se hacen en otro lado, que deciden hoy
trasladar una empresa a Colombia porque allí está más barato el salario”.
La necesidad de otra industria se impone como imprescindible también para Gambina, “puesto que la industrialización actual responde a un modelo productivo cuyas decisiones están fuera
del país, resultado de la transnacionalización del conjunto de la economía local”. Este “es el resultado de la globalización subordinada de Argentina, que está definida por el poder de las corporaciones transnacionales. No existe sector económico de la industria, el agro o los servicios
que no esté hegemonizado por el capital externo”, dictamina. Hay que indagar, entonces, “qué hace falta para su desarrollo y en ese sentido son muchas las asignaturas pendientes: de carácter
regional; como de necesidades insatisfechas de la población”.

Las cartas sobre la mesa

“Hay que ser realista, y a la vez estoico y tenaz”, puntualiza Enrique Martínez: “Es decir, no jugarse a los grandes proyectos y a las grandes alianzas con las corporaciones, porque con las corporaciones no hay alianzas posibles”. En cambio, lo que propone es “construir
desde abajo dos espacios: uno que signifique generar los bienes que satisfacen necesidades básicas al lado de las materias primas que hoy tenemos (que son todas las necesarias para lo que
hace a la alimentación, la vestimenta y la construcción)”. En ese sentido el concepto del desarrollo local es válido y está vigente para la Argentina. “Y el segundo plano es utilizar la inteligencia
de nuestras universidades para complementar esa producción de bienes básicos con fines de capital de cierto nivel técnico, que en algunos planos ya estamos en condiciones de dar saltos importantes, como en maquinaria agrícola, o desarrollar industria biotecnológica, industria
electrónica, hasta nanotecnología, para lo cual tenemos los científicos y los técnicos”. Martínez, de todos modos, marca sus reparos: “Las universidades son un componente importante en tanto y en cuanto no razonen en la línea de la innovación tecnológica que creó las unidades definitiva
genera una diáspora de consultores que trabajan por su cuenta, dándole una proporción pequeña de los ingresos a la universidad, con lo cual se dispersa la posibilidad de potenciar el conocimiento”.
Con un claro apoyo a esos sectores se podría entonces tener una industria de tecnología simple pero de capital argentino y local, y además una industria más sofisticada. Pero, Martínez alerta que “si el Estado se limita a recomendar lo que sería bueno o que la gente estudie tal o cual
cosa, lo que vamos a conseguir es que la gente estudie esas cosas, se emplee en Argentina en filiales de corporaciones multinacionales, en algunos casos, y que en la gran mayoría se vaya al exterior”. Por eso es estratégico “introducir al Estado como elemento inteligente en los eslabones de cada cadena de valor que se considere. Hay muchos caminos para hacer intervenir al
Estado de manera imprescindible”.
Por su parte, Gambina indica que el modelo industrial “debe partir de las necesidades de la población y los territorios provinciales y municipales. Desde allí articular con otros países de la región y del mundo, desarrollando asociaciones virtuosas”. Es decir, aprovechar las
ventajas comparativas de cada país para favorecer el desarrollo integrado en cada uno. “Si Venezuela tiene desarrollos energéticos, Brasil en la industria en general y Argentina en la producción de alimentos, bien podría potenciarse la tecnología de producción en cada uno de
los tres países para generalizar los beneficios a todos y diversificar la industria en cada país”, ejemplifica.
Tampoco considera que “se trate de aislarse, sino de generar nuevas y alternativas divisiones internacionales del trabajo" . De hecho menciona que la situación externa actual “es la oportunidad para avanzar en la desconexión relativa del mundo capitalista en crisis” que “plantea las nacionalizaciones y el proteccionismo para sobrevivir, en una clara alusión al
fracaso de sus políticas hegemónicas”. Es necesario tener un plan industrial integral, y recuperar la propiedad pública “de sectores industriales privatizados en los años ´90”. En ese aspecto es fundamental para Gambina la “participación de los trabajadores y los sectores económicos sociales vinculados a la actividad que se trate”.
Así, también “se debe alentar la pequeña y mediana empresa y fomentar un sector industrial de fábricas recuperadas por sus trabajadores, incluso fomentando la reapertura de fábricas cerradas y capacitar integralmente a los trabajadores” .
Desde su oficina en la Defensoría del Pueblo de Morón, Abraham Gak explica que “tiene que haber una nueva mirada de muy largo plazo porque estamos tan atados a la coyuntura, al quehacer diario que parecería que no tenemos tiempo…”. Entonces, “hace falta una discusión a
fondo sobre cuál es el perfil industrial requerido, eso con la condicionalidad de que tiene que ser un tipo de producción que pueda permitir incorporar mano de obra en cantidad y en calidad, un trabajo que permita una vida integral de quienes lo transitan. Esto obliga a que miremos
qué tipo de producción podemos ocupar, más todavía cuando los problemas de escala nos colocan en cierta indefensión”. Para Gak es necesario pensar qué nichos industriales son los convenientes
para el país, a los cuales hay que darles primacía en el apoyo oficial. “Deberíamos poner énfasis tanto en la biotecnología como sobre los nuevos aspectos de la nanotecnología. Si no hacemos eso
nos vamos a quedar realmente como proveedores de materias primas, sometidos a los dictados de los intereses extranjeros”, define. Como Martínez, también ubica la intervención del Estado como un aspecto fundamental, “porque es el proveedor de recursos iniciales para el desarrollo a mediano y largo plazo”.
Respecto del perfil industrial que debe tomar el país, indica que “no cabe ninguna duda que tiene que cumplir con algunos requisitos básicos. El primero de ellos es un desarrollo muy fuerte del mercado interno, el segundo elemento fundamental es reforzar a la pequeña y mediana empresa por dos razones: porque son mayores proveedores de empleo, y además son los sectores que aplican tecnología con mayor rapidez y calidad”. En contraposición Gak menciona que un
proceso como el de la producción agropecuaria primaria “no puede cobijar a todos los habitantes de este país” porque “el desarrollo extraordinario que ha tenido ese sector ha derivado en una clara disminución de la población trabajadora, de modo que prácticamente cada vez en mayor proporción, el campo da menos mano de obra”. Eso no quiere decir que haya que descartar este desarrollo, sino que “lo ideal sería agregarle el valor agregado que proviene no sólo de
la industrialización, sino de la aplicación de conocimiento científico”. Ahora, esto también “supone un país que tiene que tener una política científica tecnológica de absoluta fidelidad”, lo cual opina que está recién iniciándose con la creación del Ministerio que dirige Lino Barañao.
“Hay que generar un vínculo mucho más estrecho entre la producción tecnológica oficial y la producción científica y tecnológica de las universidades”, define: “Inclusive me refiero a lo que podría ser algo fuera de la mirada del corto plazo industrial como es la investigación básica”.
Este es un punto central, pues “si no tenemos científicos creando bases, aportes tecnológicos suficientes, es muy difícil que las empresas locales puedan competir con los precios internacionales”. Por eso destaca que deberíamos tener un “desarrollo científico endógeno”.
Por otro lado, como “el aislamiento no es una herramienta posible”, indica Gak, “nuestra mirada debe estar dirigida a la región, a la generación de cadenas de valor internacional a nivel local”.
Por su parte, Victorio Paulón de la UOM Villa Constitución, en Santa Fe, resalta la importancia de “vincular la investigación y el desarrollo en un proyecto nacional, que tiene que tener un fuerte
carácter federal para que participen todos los actores sociales”. Y considera que “el actor ausente es el empresariado nacional que es muy débil, que viene de un grado de destrucción muy grande, y por lo tanto ahí va a haber que pensar iniciativas que pongan como actor también a las organizaciones autónomas, es decir, cooperativas, empresas recuperadas, fuertemente vinculado a un proceso productivo”.
El gremialista indica, además, que “vivimos en un mundo que se ha globalizado, una economía que es muy difícil revertir, y que por lo tanto lo que tiene que jugar ahí es un papel muy importante de políticas activas de parte del Estado Nacional”. Sin embargo, aclara, “si bien
yo no pienso que vayamos abruptamente a políticas keynesianas, evidentemente frente a la crisis va a haber tendencias proteccionistas. Y ahí hay que lograr una sólida industria interna para poder competir en un mercado que va a ser cada vez más agresivo”. La propuesta incluye
“contraponer al modelo sojero una política consensuada y federal que implique a todos los actores sociales, conscientes de que si no hay un desarrollo sustentable, industrial y productivo, no tenemos posibilidad de resolver el tema de la exclusión y la pobreza”.
En definitiva, como remarca Paulón, “lo que se impone es la necesidad de buscar un modelo de reindustrialización sustentable que apunte por un lado a la recuperación del mercado interno y por otro la integración regional. Desde ese punto de vista un plan estratégico industrial
es una asignatura pendiente. No sólo del gobierno sino de todos los que de alguna manera estamos sosteniendo un proceso nacional y popular”. Para eso “lo que está faltando es un fuerte
debate y una base política que respalde este desarrollo más allá de los avatares electorales”.

"El Estado no puede controlar todo"

2009-08-02T16:10:00.000-07:00

A pocos meses de haber asumido habla de la importancia de la reconversión
industrial aunque admite que “se trata de buscar conductas amigables, no clausurar
masivamente”. Traza la diferencia entre el doble discurso que predomina y su
acción. El rol de las universidades en las problemáticas medioambientales, Ley
de Bosques, Riachuelo y residuos, son otros de los temas.
Por Darío Andrinolo y Josefina Oliva

Recién alojado en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el platense Homero Bibiloni destacó las acciones que se vienen llevando a cabo desde su asunción en diciembre
de 2008. El abogado, que cuenta con un master Ambiental realizado en la Universidad
española del País Vasco, había sido funcionario de la Secretaría entre el 2003 y el 2004.
Ahora, sentado en su despacho, y luego de haber firmado una extensa pila de documentos, repasa las principales problemáticas medioambientales, haciendo foco varias veces en el “doble
discurso facilista” que predomina al respecto, y afirma que “el Estado no puede controlar todo”.
Por otro lado, resaltó el “fuerte perfil federal” que ha tomado su gestión: “Nuestro gabinete se traslada al territorio para charlar con el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) los problemas comunes. Eso permite a la gente de Ambiente de las provincias tener un intercambio
mucho más fluido, acordar programas, trabajos, recordar expedientes, en vez de que ellos vengan acá y tengan que hacer una amansadora de una hora para ver un funcionario, y cuando quieren ver al otro se les va el avión. Entonces fuimos nosotros a las provincias”.
Bibiloni enumeró a Materia Pendiente los principales desafíos con los que se encontró en estos primeros tres meses de gestión: activar acciones vinculadas a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR); y la puesta en marcha del Programa de Reconversión Industrial (PRI). La Ley de Glaciares y Botnia no faltaron en su agenda. Y por supuesto el decreto reglamentario
de la Ley de Bosques, sobre el que se refirió para remarcar diferencias entre el pasado y su actual gestión. “Lo cierto es que es algo que podría haber arrancado en el 2005, estamos en el 2009 y no arrancó. Estamos llenos de discursos ambientales y bajísima eficacia. Entre un discurso duro y una acción concreta de seis puntos yo me quedo con los seis puntos,porque el ambiente se beneficia”.

- ¿De qué manera se va a trabajar en el decreto reglamentario de la Ley de Bosques con los pueblos nativos?

- El decreto excepciona de muchas cuestiones a las poblaciones originarias porque tienen muy pequeñas explotaciones, entonces se les eliminan algunos planes de aprovechamiento que tienen
que presentar. En eso también va a articular la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales. El pequeñísimo productor, el criollo o el originario que tiene superficies pequeñas están liberados de compromisos que sí tiene otra gente que explota el bosque, con
otra intensidad, con otros usos y otra rentabilidad. En cambio, los otros, lo tienen
como mera subsistencia, es decir casi menos que el salario nominal de una ciudad.

- ¿Cómo se llevarán a cabo los controles con respecto a ese tema?

- Básicamente nosotros tenemos un sistema. Acá hacemos un plan de descentralización,
la Constitución dice que las provincias son titulares y administradoras del recurso, y nosotros lo haremos en términos mayoristas sobre el sistema de monitoreo que tenemos a través de la
UNSEC (Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas), que nos va dando grandes pautas temporales. Igualmente se están implementando sistemas satelitales más avanzados. Todo eso es bueno pero es caro. Entonces cuando se dice ¿por qué no controla el Estado?
¿Un intendente puede controlar 400 industrias con 10 inspectores? ¿Nosotros podemos controlar 31 millones de hectáreas desde la Dirección de Bosques? Son realmente discursos facilistas. ¿Por qué el Estado no lo hace? Simplemente porque no tiene presupuesto suficiente
y porque si tuviéramos el presupuesto suficiente, seríamos un país mucho más
desarrollado, o le quitaríamos la plata a los hospitales, a la seguridad, a la educación, a la justicia, al desarrollo social, o deberíamos aumentar exponencialmente los tributos haciéndolos más
equitativos. Entonces cuando se predican cosas, lo que hay que ver es cómo se resuelve el problema y la complejidad de la resolución.

- ¿Podría admitir que faltan controles por la falta de presupuesto?

- Pero en cualquier actividad que vos tengas faltan controles, en el tránsito, en la seguridad… El Estado tiene una capacidad de control limitado. Lo que nosotros igual estamos haciendo es controlar a través del sistema de centralizados y mayoristas y muestrales. Lo estamos
controlando en la cuenca, tenemos una escalada de inspecciones inéditas y serias, porque antes eran cuasi turísticas, ponían una oficina, anotaban, tomaban unos datos y se iban. Ahora lo estamos haciendo con un perfil distinto. Naturalmente un empresario va a ir por la vía legal si le es rentable, si no la va a tratar de evadir sistemáticamente, por eso se evaden impuestos.

Plazos y controles

- ¿La misma idea va para la reconversión industrial?

- No, la reconversión industrial es obligatoria porque lo marcó la Corte, así que ahí tienen que hacer fila india todas las empresas y empezar procesos de reconversión con metas progresivas,
en la medida que sean tolerables sus niveles de emisiones.

- ¿Quién determina eso?

- Bueno eso lo determinan los parámetros científicos que cada uno tiene que llenar en una planilla...

- ¿Y cómo se efectúa?

- En parte la primera información tiene que venir del interesado y luego se va chequeando la consistencia de los datos. Hay un nivel de análisis, que lo vamos a hacer también con una asistencia universitaria, y por otro lado con una cantidad de inspectores que pueden
hacer equis cantidad por día. Si vos vas a verificar y te dijeron que había taza de té con leche y no encontrás eso, entonces le haces una multa, una clausura, o depende el grado de infracción,
admitís un plan de reconversión.
Se trata de eso, de buscar conductas amigables, no clausurar masivamente, salvo que sea una necesidad por la salud, porque si no quitás el empleo. Lo importante es lograr que la gente entre
al corredor ambiental, reconvierta sus industrias, apoyarlos en lo posible.
Hemos convocado no solamente al sistema científico sino al sector privado a que imagine los negocios que se abren vendiendo tecnologías y asistencias que permitan mejorar la calidad y la performance ambiental. Todo no puede venir del sector público. Es imposible. No hay
presupuesto que aguante.

- En los plazos dispuestos por la justicia, ¿vamos a tener una desindustrialización de la Cuenca de La Matanza?

- No, no, no, probablemente pueden pasar muchas cosas.

- ¿Y se va a poder llegar a tener un río limpio?

- Tiene que pasar mucho tiempo por varias razones. Es un río con poco caudal de agua, no tiene nutrientes importantes, hay que incorporarle agua prudentemente para no mover lo
que hay abajo, cuanto más quietito se quede mejor, y además le tenés que ir quitando progresivamente los factores que contaminan que son cloacas e industrias. Hay una fuertísima acción del gobierno nacional y de la cuenca para dotar de cloacas a la zona con plantas de tratamiento. Entonces lo primero es disminuir y mitigar, o eliminar esos elementos que contaminan. Y el otro tema es el industrial, que se llevará a cabo a través del PRI. Se verá si las industrias son viables o no, si no son viables, no se pueden reconvertir; algunas se relocalizarán,
pero esto es muy puntual de cada empresa, de cada actividad, de la rentabilidad sectorial. Ahora vamos a trabajar sobre lo que es la industria clandestina, porque no solamente está el problema de los que tiran visiblemente, está el problema de los que no están en ningún lado. Entonces hablar de tiempos es difícil.

Residuos

- ¿Cómo se piensa tratar de aquí en adelante el tema de la basura?

- La basura es un problema donde hay una situación de doble discurso de la gente. Nadie quiere la basura cerca, pero nadie deja de producirla. Creo que el CEAMSE es una institución colapsada
por su origen dictatorial y además ha tenido muchos problemas, pero hay experiencias muy interesantes que se están generando en diferentes municipios.

- ¿Entonces el CEAMSE es un proyecto que ya no serviría?

- No, yo digo que primero es un proyecto que tiene origen en la dictadura, después ha tenido innumerables problemas operativos. Entonces creo que hay que pensar en un pos CEAMSE, en una nueva solución y algunos municipios trabajan en eso, otros momentáneamente no ven alternativa y siguen, pero tienden a saturarse, por lo tanto hay una génesis institucional mala, ha habido problemas en el medio y hay un tendencia de colapso porque además como este país
creció mucho los últimos cinco años hay más basura que llega más rápido y satura las celdas disponibles. Así que es un problema de proyección nomás, y además es político.

- La basura trae también otro circuitoque es el de reciclado y recicladores.

- Sí, ahí hay que mejorar en realidad los sistemas de comercialización de los recuperadores, porque generalmente son sistemas muy informales. Hay un aprovechamiento de los que van con la bicicleta, el changuito, el carro, el caballo o a pie, porque se les compra por centavos y ahí no hay escala. Entonces cuando uno organiza un sistema normalmente trabaja con cooperativas.
Tampoco es tanto negocio porque esa gente gana 20, 30 pesos por día. Recuerdo que una vez Graciela, que es una trabajadora social, fue a esa asamblea donde había algunas ONG’ s, que decían “el negocio de la basura…”. Ella se paró, “perdón”, dijo, “yo puedo hablar con mucha autoridad de esto, mi papá se dedicó a esto durante años, yo también, y yo gano 25 pesos por día”.

- La CEAMSE no gana 25 pesos por día.

- No, no, pero a la CEAMSE tampoco todos los municipios le pagan. El problema está en
si las obras en la CEAMSE se han hecho bien o mal, pero ese es otro tema. Entonces yo creo que hay que dar un salto cualitativo en el sistema de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, nosotros vamos a pedir una nueva línea de financiamiento al Banco Mundial para poder fortalecer más municipios en el país que tengan su sistema.

Trabajar en conjunto

- ¿Cómo ve el rol de las universidades en las problemáticas del medio ambiente?

- Es clave. Lo escribí antes y lo digo ahora. Nos permitiría en las áreas ambientales dar un salto de calidad institucional en la integración de datos y de elementos y prácticas que la universidad tiene favoreciendo la extensión. Por un lado le vamos a hacer este planteo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), vamos a trabajar con Lino Barañao en este punto y vamos a identificar las demandas ambientales en el sistema científico a través de la Agencia (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica), y el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) diciendo a la Universidad: “estos son los temas que a nosotros nos importan. Si investigan en esto, estas son necesidades con-cre-tas, útiles, verificables. Nosotros tenemos fondos, esta parte la pueden asignar a estas tareas prácticas, por ejemplo”. El sistema científico apalanca con el doble si lo hacen las universidades. Por un lado el sector público tiene que demandarle a las universidades concretamente qué quiere, y ellas a veces tienen que quebrar su autismo y acercarse con las propuestas que tienen. Y hay que cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con las ciencias duras y el CONICET, donde algunas tareas que son absolutamente pertinentes y de enorme utilidad social no califican. En cambio suma más un paper para leer en alemán, en ruso o en tailandés en un congreso, que algo que a lo mejor benefició a cuatro mil en alguna ciudad, después de una investigación aplicada, o una tarea de extensión de una universidad. Eso al CONICET no le sirve y sin embargo es absolutamente útil, concreto, practicable.

- ¿Usted estaría de acuerdo con un modelo que le permita a un investigador desarrollar una tarea de importancia medioambiental…?

- Que yo la certifique y que le dé una equivalencia a la carrera del CONICET. Lo que tiene que hacer el sistema científico es establecer la equivalencia, cuánto vale un paper y cuánto vale algo
que un municipio, o una provincia o la nación pida, que ha sido de enorme utilidad para su comunidad y que resolvió tal o cual problema. Entonces el mismo sistema científico tiene que abrirse para establecer las equivalencias de las importancias y pertinencias.

- En la Facultad de Ciencias Exactas estamos tratando de jerarquizar la extensión universitaria…

- Sí. Y la reforma del Estatuto apunta a eso también. Sí, son las áreas más pobres de las facultades. Por eso nosotros generamos una demanda puntual. Ya no podés decir “no sabíamos”.
Sabían pero no lo hicieron. A partir de que lo comuniquemos al CIN y al sistema científico, bueno, por lo menos lo informamos. “Si no se enteraron es un problema de ustedes, pero nosotros les informamos".

Salió el Nº 5 - Otoño 2009

2009-05-11T20:35:00.000-07:00

informe central OTRA INDUSTRIA ES POSIBLE: consultamos diferentes voces en busca de las posibles coordenadas. El viejo modelo de sustitución de importaciones. La dependencia o la integración con América Latina. Empleo. Investigación y desarrollo. El rol de las Universidades.
experiencias TALLER DE VITROPLASTÍA
laburatorios FÁBRICAS RECUPERADAS
encuentros ENTREVISTA A HOMERO BIBILONI: el secretario de Medio Ambiente habla de las principales medidas de su gestión.
medio ambiente EMPRESAS CONTAMINANTES
salud PARASITOSIS
política académica EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN
justicia LA UNLP Y EL PROBLEMA DE LOS CHICOS EN SITUACIÓN DE CALLE
¡a la pipeta! CERVEZA PARA HACER EN CASA

Trabajo en gris

2009-03-29T18:53:00.000-07:00

Hacen investigación pero no son considerados trabajadores. Reciben un pago por la labor realizada día a día, pero no se le puede llamar sueldo, y el empleador –que no es otro que el Estado– no cumple con los requisitos del "trabajo en blanco". Con matices, el panorama es similar en el CONICET, la CIC y la UNLP. Aquí, la palabra de quienes están amontonados en la base de la pirámide del sistema científico y las explicaciones de los funcionarios que están arriba.

Por Josefina Oliva

"Definimos nuestro trabajo como un trabajo precarizado. En el sentido de que no tenemos estabilidad en las condiciones de contratación y no gozamos de los beneficios de los que goza un trabajador porque no somos considerados trabajadores", sintetiza Mariana Relli, que tiene una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y que forma parte de Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), un grupo que se formó en 2005 con expresiones en diferentes lugares del país y que plantea un desacuerdo con la figura de "becario".
Relli se refiere a la relación desequilibrada entre las exigencias que se le atribuyen al denominado "becario", por un lado, y los "estipendios" y la ausencia de beneficios sociales, por el otro. A eso se suma la forma "de embudo" que adopta el sistema. "El cuello de botella que hoy por hoy existe, en dos o tres años va a ser peor todavía porque no está agrandándose en la misma cantidad el ingreso a la carrera de investigador con relación al número de becas".
Las condiciones del "becario" varían según el organismo al que corresponda, ya sea el CONICET, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la Universidad (tratándose a un nivel local, diferentes universidades del país tienen sus propios sistemas de becas) u otros organismos estatales o privados. Pero, en general, no percibe un sueldo sino un "estipendio". Así lo afirma Constanza Rivero, coordinadora de becas del CONICET: "La beca es un estipendio, que se paga para realizar un plan de trabajo y se le da al becario para que realice su doctorado o un trabajo posdoctoral. No es un trabajo en relación de dependencia y por lo tanto no tiene aportes jubilatorios, ni licencias, ni antigüedad".
De allí se desprenden las otras características que hacen al "ser becario", y que se generalizan, debido a que el CONICET es hoy el organismo que marca las tendencias.

Nada por aquí, algo por allá

En 2006 la UNLP dispuso una alternativa a través de la cual los becarios hoy gozan de todos los "beneficios" que prevé el derecho laboral. "Cuando uno va a buscar el recibo de sueldo, tiene que ir a buscar medio a la facultad y medio a la Presidencia. El que sale por Presidencia simula un cargo que uno no tiene, una dedicación simple. A través de ella se hacen los aportes, te dan IOMA, todo lo que la beca no te da. Entonces es un sueldo en gris, una parte está blanqueada y la otra llega a tu cuenta no sabés bien cómo", explica Tomás Bover, quien tiene desde este año una beca de la UNLP. El problema, según manifiesta, es que los beneficios sociales se hacen con relación a ese cargo de Ayudante Diplomado con Dedicación Simple, por lo cual son aportes pequeños, ya que se trata de un porcentaje proporcional. Además, el "estipendio" que reciben los "becarios" de la UNLP representa el más bajo si se compara con el de CONICET o el de la CIC. Recientemente la UNLP anunció una suba en sus tres tipos de becas, Iniciación, Perfeccionamiento y Formación Superior, de 1450 a 1650; de 1600 a 1850; de 1750 a 2050 respectivamente.
En el caso de la CIC la beca inicial es, desde hace muy pocos meses, de 2000 pesos, y la instancia siguiente tiene un estipendio de 2200. Por otra parte, en agosto pasado se firmó un convenio a través del cual todos los "becarios"que no tengan obra social ("muchos cuentan con ella porque tienen algún cargo docente", explica José María Ochoa, director de Planificación y Coordinación Científica y Tecnológica de la CIC), tendrán IOMA. Al cierre de esta edición esa medida aún no se había cumplimentado. Según afirman, los tiempos del organismo provincial "son bastante lentos".
En Agencia la obra social ni siquiera está contemplada. El CONICET, en cambio, asignó en 2003 un Adicional por Cobertura Médico Asistencial de 80 pesos por persona, que asciende hasta 260 en caso de tener familia. Además, desde el año pasado, se contemplan 100 días en casos de maternidad, "que no es una licencia, es una autorización para no concurrir al lugar de trabajo", advierte Rivero. Lo mismo ocurre con los días que se otorgan en los casos de accidentes. Y se ha logrado que se consideren 30 días de descanso anual: "no son vacaciones", también se preocupa por aclarar la funcionaria del CONICET.
Aunque "la lucha de los becarios ha producido algunos cambios", según palabras de Relli, parece que aún queda bastante tela por cortar.

Ley del embudo

En el CONICET, igual que en la UNLP, el período de becas tiene una duración de seis años, dividido en tres etapas de dos. A veces puede extenderse con pedidos de prórroga entre una y otra instancia. Pero ¿qué pasa cuando el "becario" finaliza ese lapso? ¿Existe una garantía por parte del Estado para retener a los recursos humanos formados?
"En este momento estamos en proceso de hacer el llamado, que no es abierto a todo el sistema sino para centros propios asociados" contestó a Materia Pendiente Ochoa, de la CIC, donde se puede ser "becario" hasta un máximo de cuatro años, pues sólo existen dos niveles de becas–bianuales– para graduados.
Hacía varios años que dicho organismo provincial no abría el ingreso a la "carrera de investigador". Volvió a hacerlo en el 2007 y la convocatoria fue más abierta que la actual. "Por eso yo me presenté, porque para este año yo ya no me podría haber presentado" cuenta Diego Gutiérrez quien está esperando el aviso para comenzar a cumplir sus funciones en la CIC. Mientras tanto, cuenta con una beca de la Agencia por medio de la cual no percibe obra social, ni se le contempla la antigüedad, ni nada, y debe asegurar sus beneficios sociales por medio de un cargo docente.
La UNLP, por su parte, en el año 2005 propuso al Consejo Superior un programa de Retención de Recursos Humanos que consistía en dar una mayor dedicación por unidad académica a aquellos becarios que habían cumplido cuatro años de beca y que obtuvieron un título de posgrado. "Esto tuvo dificultades en la implementación por una cuestión de recursos económicos", explica Adriana Dertiano, prosecretaria de Gestión en Ciencia y Técnica de la UNLP, por lo que el mismo sólo duró un año. Según afirma la funcionaria, "en estos momentos está en el área de la CICYT (Comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) para ver si se retoma". Pero por ahora nadie asegura la retención. En palabras de Relli: "Si en esos seis años los becarios no pudieron acceder a un cargo en la universidad con una mayor dedicación, quedan igual que cuando empezaron".
Desde el CONICET, en cambio, sostienen que "las posibilidades" una vez finalizado el período de beca son varias: "pueden solicitar una posdoctoral, o el ingreso a alguna institución de Ciencia y Tecnología del país; pueden continuar su carrera docente, incorporarse a una empresa privada o al sector privado de investigación, o pedir el ingreso a la carrera. No hay obligación de ninguna de las partes, ni del becario de solicitar el ingreso a la carrera o continuar con la beca que sigue, ni del CONICET en otorgárselo", reafirma Rivero.
Pero el panorama no parece muy alentador. Para el investigador Martín Isturiz –integrante del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología– al aumentar el número de becas que expide el CONICET, muchos "becarios" quedarán en el camino, sin poder ingresar a la carrera científica. Eso, sumado a que existen muchas más instituciones ya sea estatales o privadas que otorgan becas, hace pensar: ¿qué va a pasar con ellos? ¿tendrán que irse al exterior?
Desde el organismo nacional aseguran que ese peligro es cada vez menor y ponen sobre la mesa el Plan Raíces (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior), ejecutado desde 2003 por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, a partir del cual "se han repatriado 360 investigadores". Para Isturiz, el plan, "aunque bien intencionado, es insuficiente. A partir de 2003-2004, los ingresos de becarios al CONICET pasaron de 500 a 1500 por año, y los de investigadores de 150 a 500 por año". Esta iniciativa "no fue acompañada por medidas a nivel nacional que permitan absorber recursos humanos una vez finalizadas sus becas cuya duración máxima es de siete años". En efecto, "con un ingreso anual de 1500 becarios y 500 investigadores, a partir de 2010 / 2011 van a empezar a quedar afuera del CONICET alrededor de 1000 becarios por año. ¿Qué pasará entonces?".
"Ahora la mayoría de los que terminan sus doctorados están ingresando a carrera de investigador en el CONICET y en otras instituciones", responde Rivero. En ese sentido, desde el Departamento de Ingreso a Carrera del organismo nacional informaron que "de las 800 postulaciones para el último llamado a carrera entraron 400 personas".
Estos números dan forma a un embudo que desde el comienzo es restrictivo. "Qué tipo de carrera hicieron los becarios para poder llegar a ser becarios, esa es la primera restricción que se presenta", resalta Bover.
La exigencia de varios requisitos desde un principio y sus puntajes correspondientes, más los reducidos cupos que se presentan en el camino para la carrera de investigador contribuyen "a un sistema altamente competitivo". Así lo entiende Javier García, "becario" de la CIC, que también ve desde muy temprano la competencia en el sistema. "Que las publicaciones te den puntaje cuando ya te graduaste es una cosa, pero eso se cuenta desde que sos estudiante, y en ese momento no es tan fácil publicar".
El cumplimiento del horario con una dedicación exclusiva, la presentación de informes, las publicaciones, la asistencia a congresos, la docencia a través de un cargo simple, la elección del director adecuado, y el no cambiar el rumbo de la investigación sobre la marcha, son los requisitos para ser "un buen becario". "Si no haces eso no sumás y tu seguridad laboral está en juego", aseguran desde JCP. Lo más conveniente, agregan los investigadores en formación, es atenerse a realizar las tareas pautadas, y no dedicarse por ejemplo a hacer actividades de extensión porque eso "quita tiempo". Y menos participar en alguna reunión para hablar de "la situación becaria": según se dice en los pasillos, eso trae aparejado formar parte de "listas negras" que, a la hora de contar los puntos, resta.

Una pieza fundamental

"Los becarios son una parte muy importante de todo el sistema. Su labor es muy importante, no solamente en su formación sino en el aporte que con ella hacen a los proyectos de investigación", expresa el secretario de Ciencia y Técnica de la UNLP, Eitel Leopoldo Peltzer y Blanca.
Al respecto, explica Gonzalo Marquez, "becario" de CONICET e integrante de JCP: "somos los que terminamos sosteniendo el sistema, porque si vos vas a los números que maneja el CONICET el 80% de su producción está dada por los becarios".
De allí surge otro tema frecuente en estas discusiones: qué se produce, qué se investiga y para qué se investiga. Preguntas que, depende de qué disciplina se trate, se responderán de diferentes maneras. "A veces discutimos qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando, cuál es el objetivo de nuestra investigación", resalta Juliana Huergo, también "becaria" de CONICET y miembro de JCP. "Para formar parte del sistema de CONICET tenés que seguir las reglas de evaluación, que están regidas por un sistema mundial. Por lo general, se hace investigación básica funcional que desarrollan los países subdesarrollados, para que los desarrollados después apliquen. No hay una política científica nacional".
Hoy son muchos los investigadores en formación que muestran su descontento con la situación laboral más allá del grupo de JCP. "Hay que avanzar sobre estas discusiones fuera del marco de los becarios e involucrar más activamente a la comunidad académica. Es necesario que se den estos marcos de discusión, en definitiva son esos espacios en los que uno desarrolla su actividad y en los que se debería demostrar una actitud de acompañamiento en los reclamos", argumenta Manuel Negrín, que cuenta con una beca de la CIC.
De todas formas, tanto Negrín como los demás "becarios", advierten que entre los investigadores "hay de todo". Están aquellos que se suman a los reclamos, sobre todo porque hace muy poco estuvieron en ese lugar de precarización, y están los que se limitan a hacer su trabajo y hasta confiesan a los investigadores en formación que tienen a cargo, que son su "mano de obra".
En definitiva, la mayoría de los "becarios" asume que ellos terminan haciendo "el trabajo más pesado", que si hay una nueva línea de investigación son quienes comienzan a trabajarla, y que así y todo deben cumplir con los requisitos pautados.
Mientras tanto las diferentes denominaciones -investigadores en formación, trabajadores precarizados, "becarios"- siguen sumando preguntas y no se termina de despejar esta zona gris .

Ni voto ¿ni voz?

Dado que no es un régimen con relación de dependencia, los "becarios" no tienen derecho a agremiación. Y parece que tampoco tienen un lugar de opinión. Esto se ve sobre todo dentro del CONICET. Lo cierto es que en las diferentes instituciones el lugar al que pueden acceder los "becarios" es solamente para pedir informes.
Fuera de eso, según cuenta Juliana Huergo, de JCP, "el que ha invitado a charlar es el ministro Lino Barañao". Con el titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva tuvieron varias reuniones. La última fue hace más de tres meses, y "ahí quedó". "Él invitó y han ido grupos de becarios pero de esas reuniones no sale nada en limpio. Como para que nos saquemos las ganas de ir y agotar esa instancia. Él dice que sí, que escucharía y bajaría los reclamos pero que lo tapan de más arriba".

Monocultivo para hoy, hambre para mañana

2009-03-29T18:40:00.000-07:00

Cultivar la tierra para que haya alimentos sanos en cada mesa familiar o producir para la combustión de automóviles del primer mundo. Ambas cosas pueden suceder en el campo: ese que ganó el centro de la agenda pública con la larga disputa entre el gobierno y sectores empresarios del agro, a raíz de una medida fiscal.
El conflicto abrió un debate sobre la producción de alimentos. Los grandes exportadores acapararon la palabra, pero poco a poco hubo otro campo que se hizo escuchar. Voces alternativas que cuestionan la primacía de la soja transgénica y plantean asignaturas pendientes: el combate contra los agrotóxicos, la independencia tecnológica y la defensa de quienes trabajan la tierra.

Por Josefina Oliva y Luciana Aon

"El problema es la producción y la distribución; es que hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. No es que no hay. Estamos en un momento de crisis muy grande en el que lo central es la producción y la exportación de todo". Así resume Leda Giannuzzi, coordinadora de la cátedra de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, la problemática actual que se plantea en Argentina y en el mundo.
En el país el tema se tornó fundamental a principios de este año y durante meses, a raíz de la iniciativa del gobierno nacional de profundizar la política de retenciones a la exportación de soja y otros productos agropecuarios. Se registró una suba de precios en alimentos que integran la canasta básica, que no puede explicarse sólo como consecuencia del desabastecimiento que produjo el lock-out de sectores empresariales del agro. Según explica el economista Marcelo Saavedra, investigador del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), fue causado por diferentes situaciones como "el crecimiento sostenido de China, India y también de los países centrales; y el aumento del precio del petróleo, lo cual por un lado encarece los costos de producción ya que constituye un insumo principal, y por otro hace que sea posible utilizar muchos alimentos como combustible". En ese sentido, explica, "la repercusión en la Argentina es bastante lógica porque es un país abierto; al estar exportando tiene una perfecta relación con estos hechos".

Defender lo propio

"Para nosotros los alimentos son respeto a la vida y a los saberes, y no son una mercancía, como se los toma en este modelo por lo cual se ha generado la llamada ´crisis´ para algunos, que básicamente tiene que ver con una mala distribución o una concentración de los bienes", explica Deo Carrizo, integrante de Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), que forma parte del nucleamiento internacional Vía Campesina. Para estas organizaciones sociales es central advertir sobre una tendencia –liderada por las grandes empresas multinacionales– hacia el cultivo de grandes extensiones de tierra con un único producto, que atenta contra la biodiversidad que sí tienen en cuenta "las comunidades campesinas indígenas, no sólo en Santiago sino en distintas partes de Latinoamérica".
Carrizo alerta que esos monocultivos a los que se están destinando tierras fértiles son exportados a países desarrollados donde se los derivan para los cercos de los animales o para vehículos individuales. Además, se están utilizando "bienes como la tierra o el agua y se empobrece cada vez más a nuestra población, y también desaparecen culturas, comunidades que han venido resistiendo y que se les hace más fuerte esa batalla".
De allí la defensa del concepto de soberanía alimentaria: "los pueblos tienen un derecho soberano a definir y llevar adelante toda la producción, elaboración, comercialización de alimentos de acuerdo a sus propias pautas culturales con una semilla entendida como patrimonio de la humanidad y no como algo patentable", define Giannuzzi, en oposición al accionar de los grandes pools, empresas que no necesariamente tienen la propiedad del suelo pero manejan el capital, la tecnología y los insumos: "para ellas el poder económico es el principal objetivo".
"El problema de la soja es todo lo que ella va desplazando", resume Saavedra pero prefiere hablar de una "agriculturización, que es el desplazamiento de la actividad pecuaria; no es sólo la sojización". El economista reconoce que la soja tiene características "muy eficientes" que implican un menor riesgo de pérdida para el productor y entonces constituye "un gran atractivo desarrollarla".
Otra de sus consecuencias negativas es que desplaza la fuerza de trabajo. "Al ser una agricultura extensiva genera el despoblamiento del campo, porque uno para producir soja en mil hectáreas necesita muy pocas personas. Se tendría que aportar a un tipo de producción más intensiva de mano de obra para mantener el poblamiento del campo", detalla Saavedra. "Si hoy uno es pequeño productor propietario, seguramente no le conviene producir: le va a convenir arrendar su terreno, porque no arriesga nada, cobra antes y ya está". Además, "si lo que antes costaba diez, ahora vale mil, seguramente la tentación inmobiliaria es muy grande", y avanza la búsqueda de tierras en pos de edificar, perdiéndose así lugares para el cultivo. "Son muchas las presiones sobre los pequeños productores, que los van encorsetando y lo van llevando a que les convenga más vender su propiedad que quedársela", concluye el economista.
De esta manera la tierra se convierte en una pieza fundamental para el negocio de grandes pools y la causa de las luchas de otros sectores. "Uno de los temas urgentes es el acceso a la tierra. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley donde hablamos de las suspensiones de desalojos, del inmediato paro del desmonte y de que la tierra cumpla una función social", manifiesta Carrizo y remarca que no es una problemática de los últimos meses: hace años los integrantes del MOCASE luchan por ese derecho al suelo que pisan y cultivan.

Resistir a lo ajeno

Ante la primacía de capitales financieros, que promueven el monocultivo de grandes extensiones de tierra propias o arrendadas, se produce un desplazamiento de los trabajadores del campo y se va perdiendo el conocimiento en torno a los alimentos.
"Lo más grave es que la agricultura es un fenómeno de subsistencia del hombre, y uno cuando pierde la capacidad de generar su propio alimento ya es totalmente una presa. No sabemos producir nuestro tomate así que nos venden el tomate que sea; con o sin gusto, lo tenés que comprar. De eso se trata la soberanía alimentaria: de no perder la capacidad que tiene el hombre de sobrevivir, porque la agricultura es un invento del hombre para la autosubsistencia", argumenta Marcelo Miranda, técnico del Plan Pro-Huerta llevado a cabo a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Desde allí asesora a diferentes sectores de la comunidad en la zona de Berisso y Ensenada, brindando herramientas para que los habitantes puedan crear y sostener sus propias huertas.
"Podés comer el tomate más rojo y redondo que haya, pero quizás te estás comiendo un montón de agroquímicos que le pusieron a ese tomate. ¿Cuál es el problema de lo transgénico? Lo que no se dice de la tecnología transgénica es que para que ese tomate dé así, necesita un kit de agroquímicos impresionante, que es lo que produce Cargill o Atanor, empresas que antes fabricaban matamosquitos y ahora hacen agroquímicos", explica Miranda. Para él, como para los militantes de la soberanía alimentaria, "un pilar es la semilla y el otro la tierra". En ese sentido destaca que, antes, de la producción de un año se obtenían semillas para el siguiente, pero "eso el nuevo agricultor ya no lo tiene: depende siempre de la semilla que le venden, que viene con el kit tecnológico. No te la venden si no pagás el kit". En palabras de Giannuzzi, se trata de la semilla a la que las mujeres campesinas llaman "terminator", porque "se cultiva y se autodestruye; no podes seguir cultivándola, entonces caés en la trampa de tener que comprar otra".
Por eso Carrizo defiende "la multiplicación de las semillas, que tienen un valor muy importante: semillas sanas, que sirven para la producción de alimentos, que no son modificadas genéticamente sino cuidadas sin ningún conservante químico y con la sabiduría que se traspasa de generaciones en generaciones".
Por su parte, Miranda destaca la importancia del Plan Pro-Huerta ya que muchos sectores de bajos recursos pueden obtener sus propios alimentos y éstos son naturales. Aunque advierte que es un proceso que lleva tiempo y continuidad: "Una huerta la empezaste de cero, y el primer año no comiste nada, el segundo empezaste a comer, y cada vez te va dando más, entonces la clave es mantener y sostener. Después casi no trabajás y te da".
Además del aprendizaje de cultivar la tierra, el técnico del INTA señala al contacto con los alimentos a través de la cocina –saber qué se come y cómo está cocinado– como un punto esencial para mantener una alimentación sana. "La gente no sabe cocinar, y al no saber tiene que comprar la pizza que le venden". Lo mismo expresa Jorgelina Tucker, una trabajadora social integrante del Taller de Alimentos que coordina Nora Martínez desde la Facultad de Ciencias Exactas (ver recuadro páginas 22-23): "Los chicos no tienen registro de las mamás cocinando, y en el futuro no van a saber hacerlo".

Producir hacia adentro

"Hoy en día la agricultura familiar puede dar de comer a todo el mundo si está bien organizada", afirma Giannuzzi. "El problema es cómo se comercializa. Hay que asegurar el comercio para el pueblo", plantea en oposición a las prioridades que mostraron las cuatro entidades rurales que se autodenominan "el campo" –con la anuencia de los principales medios de comunicación– y que privilegian el mercado externo.
El rechazo del Congreso, con el voto "no positivo" del vicepresidente Julio Cobos en el Senado, inmovilizó las retenciones a la exportación en el nivel que tenían en marzo pasado, y dejó un conflicto latente entre el Gobierno y ciertos sectores empresariales. "Las retenciones estaban bien, pero hay que ver a dónde iba a ir esa plata", evalúa la coordinadora de la cátedra de Soberanía Alimentaria en Exactas. Para Saavedra esa medida fiscal siempre supone cierto modo "de distribuir el ingreso, más allá de que después esté o no la discusión de cómo se distribuye", ya que cobrar una cuota a la exportación "constituye un modo de evitar que aumenten precios". El economista destaca que "lo concreto es que se le saca dinero a alguien que tiene unas rentas extraordinarias y en última instancia eso va al Estado. Después habría que discutir el rol del Estado, pero no las retenciones". Y en ese sentido aclara que la "Federación Agraria puntualmente focalizó mucho los efectos en todo lo que eran las retenciones. Pero la eliminación no soluciona el problema de los más chicos".
Otro que plantea una mirada distinta a la que predominó en los medios comerciales –que presentaban a un "campo", inocente y homogéneo, atacado por un gobierno confiscador– es Pedro Cerviño, representante del Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF): "fue un conflicto de sectores que están en el mismo bando, están peleando por una renta para distribuirla entre ellos mismos", expresó en una charla dictada en la Facultad de Ciencias Exactas platense: "Por eso la Federación Agraria, que había participado, llegando al punto crítico del conflicto, se ha desprendido completamente del Foro de Agricultura Familiar".
Cerviño explica que el FONAF es "un espacio que se viene construyendo desde hace cuatro años" y que agrupa a pequeños productores, chacareros, campesinos, colonos. Después de un tiempo largo de debates y mucha militancia para consolidarlo, sus integrantes ven con buenos ojos la reciente creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, que "era una de las propuestas del Foro".
Por su parte, desde el Grupo de Reflexión Rural –que surgió a mediados de los años noventa, "en la época en que se habilitan las primeras semillas transgénicas"–, Jorge Rulli considera que la creación de dicha subsecretaría "se ha conseguido como consecuencia del enfrentamiento con el campo, pero no va a cambiar el modelo agrícola sino que va a legitimar el modelo establecido que es el modelo global biotecnológico de la soja transgénica".

Hacia dónde ir

En ese contexto, los pequeños productores son las víctimas de "un sistema de concentración", según palabras del economista Saavedra. Aún así, pese a las malas condiciones en que desarrollan la actividad y a que "siempre se habla de la agricultura familiar como un sector pobre e ineficiente", dice Cerviño, "según datos de la Secretaría de Agricultura del año 2002, este sector representa el 70% de la unidad productiva de la Argentina. Ese 70% tiene el 13,5% de la tierra cultivada, y con ese 13,5 produce el 20% del producto agropecuario. Pero además este sector de agricultura familiar se hace cargo del 53% del empleo rural en la Argentina". Por eso el miembro del FONAF reclama que el Estado adopte "políticas de desarrollo apoyando al sector; políticas diferenciales en un montón de aspectos: el tema de la tierra, de la infraestructura, de la comercialización, de la política tributaria, de la vivienda", todos puntos centrales para vivir en el campo de manera adecuada. "Es necesario un cambio en el modelo de desarrollo agrario que tenga como objetivo la soberanía alimentaria en Argentina y en el mundo, basado en la producción de base familiar. Es esta última la que tiene una concepción distinta para producir".
Desde la perspectiva de Rulli se trata de "cambiar el modelo biotecnológico, establecer un proyecto nacional, un rol del país en armonía con un modelo de producciones basado en procesos amigables con la naturaleza, que se distancie de los combustibles fósiles". "La alternativa es tener un proyecto nacional que rompa con el modelo global. Yo no digo que no sea la agricultura familiar. Digo que sí, que lo sería, pero aquella que reclame desarrollos locales, regionales, ferias, mataderos municipales. No lo puede ser en la medida en que avala el modelo instalado. Hay que revisar todo", sentencia.
Para Deo Carrizo "en estos tiempos de mucha lucha por la defensa de la tierra surgen también otras propuestas: el rescate de nuestros valores y saberes en distintas temáticas, en salud, en educación, en nuestra lengua". Por su parte, Saavedra explica que "la estrategia de supervivencia para un pequeño productor sería hacer producciones alternativas. Por ejemplo, producir frutillas en lugar de hacer soja rendiría mucho más porque el valor de la frutilla es muchísimo más caro, pero el tema es que después no existen los mercados donde colocarlas". En esa dirección destaca que el Estado debe favorecer la construcción de estructuras de acopio y de refrigeración, para que la producción "no se pudra en el campo" y pueda venderse. Y habla de "elecciones de país": "Si queremos tener un campo poblado y que haya otro tipo de producciones intensivas, habrá que actuar en consecuencia: generar infraestructura, mercados de comercialización, canales de exportación e industrialización".

¿Universidad Cromañón?

2009-03-29T18:30:00.000-07:00

La tragedia de Río Cuarto fue una advertencia, pero la actual situación de edificios y laboratorios indica que la historia podría repetirse en cualquier momento. Se trabaja en lugares no aptos que requieren transformaciones estructurales, superpoblados y sin criterios de responsabilidad. El panorama corresponde a la UNLP y a todo el país. Aquí, trabajadores y funcionarios caracterizan dimensiones y posibles soluciones de un problema que no se resolverá de un día para otro.

Por Luciana Aon

La tragedia en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería de Río Cuarto, a fines de 2007, puso en alerta a docentes e investigadores de las universidades nacionales: ¿cuáles son las condiciones
de seguridad e higiene en las que se hace ciencia en el país?
El panorama es por demás complejo y polémico. Incluye el abandono de la Universidad durante décadas por parte del Estado; edificios viejos utilizados y modificados en función de fines diferentes a los de su construcción; y docentes e investigadores trabajando en condiciones paupérrimas. Para Aldo Campana, integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, “la realidad del país hizo que la defensa de la Universidad muchas veces obligara a paliar la situación del mejor modo posible; las más de las veces, administrando pobreza”. En ese sentido Viviana Petrucheli, coordinadora del área de Seguridad e Higiene del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y asesora por parte de la UNLP en las comisiones de seguridad de las Facultades, explica que “al habernos quedado tanto en el tiempo como Universidad, como Estado, sin dar respuesta a las necesidades, hoy por hoy que se están dando respuestas no alcanzan a cubrir la demanda de ahora más la propia del tiempo”.
Ante esas circunstancias, Carlos De Feo, secretario general de CONADU, destaca la importancia de “que la gente entienda el riesgo al que se enfrenta, al que se expone uno y al que expone al resto” pues “no va a alcanzar nunca ninguna regla de seguridad si no es a conciencia del trabajador”. En palabras del doctor Jorge Tezón, gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET, “la población de actores en la investigación se ha incrementado notablemente y tanto la infraestructura como los procedimientos de prevención han quedado desactualizados”.

El alerta

El 5 de diciembre de 2007 marcó un punto crítico respecto de las condiciones de seguridad e higiene con las que se hace ciencia en el país. Ese día a las 10 de la mañana hubo una explosión e
incendio en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería de la cordobesa Universidad de Río Cuarto. Las pericias indican que la tragedia, en la que fallecieron seis personas y más de veinte resultaron hospitalizadas, fue provocada por el derrame de hexano, un solvente altamente inflamable, mientras se desarrollaba un trabajo a terceros: la extracción de aceite vegetal para una empresa holandesa.
Para Carlos de Feo el tema “es gravísimo, por las vidas que se cobró y por la conciencia que tenían los investigadores de los riesgos a los que se enfrentaban, y fijate igual la cadena de errores que se cometieron hasta que se produce el accidente o la explosión”. Ricardo Carrera, profesor de Río Cuarto e integrante de CONADU advierte que se trata de una “responsabilidad compartida” entre directores del proyecto y autoridades de la Facultad y la Universidad.
Para los investigadores y funcionarios consultados, si se hubiese considerado el riesgo no se habrían almacenado más de 15 tambores de hexano en un espacio cerrado, donde además concurrían alumnos y había, a menos de 50 metros, un jardín de infantes. Por otro lado, De Feo cuenta que “cuando pasó lo de R ío Cuarto hacía un año que se venía discutiendo con los rectores el convenio colectivo, en el capítulo de condiciones y medio ambiente de trabajo (ver recuadro página 11), y hacía tres meses que no los podíamos sentar en la mesa a discutir”. Al interior de CONADU, “en realidad Cromañón alertó sobre este tipo de cosas” a fines de 2004.
“El accidente de la Universidad de Río Cuarto marca un antes y un después en materia de seguridad en la investigación en A rgentina”, dictamina Tezón: “Esta tragedia puede ser un punto de inflexión si en materia de seguridad las instituciones priorizan sus inversiones, implantan normativas y exigen su cumplimiento, y los investigadores, becarios y personal de apoyo priorizan la dedicación a estas iniciativas en tiempo y esfuerzo”. Campana reconoce respecto al caso platense que “quien ha recorrido nuestra Universidad sabe que, por nuestra frágil realidad, de ningún modo puede sentirse libre de que hechos similares puedan desencadenarse frente a sus propios ojos”.

Trabajar en peligro

“En algunos casos los lugares de trabajo nunca estuvieron originalmente diseñados para los usos actuales”, comenta Tezón respecto de la situación general de seguridad e higiene en las universidades nacionales, donde predominan los “problemas de edificios inadecuados y abarrotados”. “Muchas instalaciones aptas sólo para dictado de clases o incluso museos fueron adaptados a prácticas de investigación con los consecuentes mayores riesgos de incidentes”. Para el funcionario de CONICET “no se puede decir que las instalaciones no sean aptas de manera irreversible sino que muchas de estas situaciones pueden mejorarse, pero con un esfuerzo mayor en prevención y contingencia”. Petrucheli coincide y admite que “la deficiencia más importante que hay que subsanar es la funcionalidad para la que fueron hechos los edificios y la función actual que están cumpliendo”. Tezón suma otro aspecto crítico en la infraestructura: “No existen instalaciones adecuadas de evacuación o ventilación aún en los edificios más modernos. Los servicios eléctricos están al borde del colapso por la disposición de nuevos equipos y muchas instalaciones de gas son antirreglamentarias”. Acerca de las condiciones en la universidad platense Andrés Fiandrino, coordinador del área de Seguridad e Higiene de la UNLP, explica que “es exactamente igual que en el resto de las universidades, no se escapa a la media”. Funcionarios e investigadores coinciden en que el problema principal está en la falta de presupuesto para infraestructura y, vinculado a ese punto, la superpoblación de investigadores en los laboratorios. Además aparece como central la capacitación del personal.

Infraestructura

“Los edificios históricos de la UNLP son los más sufridos en deterioro, y por ende los que más esfuerzo de recuperación necesitan, acompañado de la adecuación a las condiciones imprescindibles de seguridad”, explica Aldo Campana. En el caso particular del edificio de la Facultad de Exactas, cuenta que “tuvo en sus orígenes el destino de internado; por tanto, estaba pensado para dormitorios, comedor y baños”. “Convertido en Facultad se metamor foseó en laboratorios, se fraccionó con divisorios, taló sus alturas con entrepisos, se precarizó en calidad de materiales, fueron atacados y saturados sus desagües, sus espacios se sobrepoblaron”.
Ante esa situación Campana reconoce que los problemas incluyen “aulas superpobladas, precariedad edilicia, falta de presupuesto, redes de servicios vetustas y saturadas, inadecuadas vías de escape, mobiliario impropio, elevada carga de fuego; en fin, quien ha transitado nuestros pasillos tiene cabal conciencia de la situación”. Sin embargo destaca que “frente a esto, nada peor que optar por la resignación”. Por eso el no docente de Exactas cuenta que una de “de las tareas a valorar” de la Comisión de Seguridad de la Facultad en estos tres años de trabajo es “el manejo y organización de residuos, tanto peligrosos como patogénicos, así como su consiguiente disposición dentro del marco legal”. “En otro orden, los controles de aguas de consumo y la instalación de un ascensor” también ameritan su reconocimiento. Para Carlos De Feo es preocupante la situación de “edificios que ya están colapsando, o son antiguos y no sirven para lo que están”. En su caso personal, como arqueólogo, se ha desempeñado como investigador en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata donde está convencido que “no puede haber laboratorios”.
Roberto Cárdenes es el encargado demantenimiento y explica que se trata de “un edificio intrincado” de 189 por 63 metros cuadrados en 4 niveles y una antigüedad de 124 años. Petrucheli comenta que desde su gestión están “trabajando sobre el patrimonio histórico propio del edificio, haciendo todo un trabajo de conservación” porque “las intervenciones tienen que ser planificadas y autorizadas por Patrimonio Histórico de la UNLP”. Frente a esa realidad y la imposibilidad presupuestaria de trasladar los laboratorios instalados en el subsuelo del Museo, se encaró una política de “adecuación a las normas de seguridad”.
El problema de infraestructura en la UNLP se agrava cuando se lo vincula directamente con la superpoblación de investigadores en laboratorios. Tezón relaciona este tema con la “reciente expansión del número de investigadores y becarios de la Universidad y del CONICET” (20 de los 130 institutos de doble dependencia corresponden a la UNLP) y dice que “es imperioso encarar un plan de infraestructura para que el espacio no se transforme en un ´cuello de botella´ en la tan ansiada expansión del sistema científico”.
De Feo opina que esta “superpoblación en laboratorios hace que a veces no se pueda cumplir con las normas porque en un lugar donde deberían estar trabajando dos personas, hay seis, y haciendo actividades que a veces en sí mismas son peligrosas, que no se pueden hacer juntas”. Como admite Cárdenes respecto del Museo, “hay lugares que eran depósitos y se adecuaron a tareas de investigación”, espacios “con poca ventilación, malas condiciones laborales y hacinamiento; lugares donde podrían estar trabajando en malas condiciones dos o tres personas, hay seis, ocho o diez”. Sin embargo, Petrucheli aclara: “Eso no significa que estén en un punto de explosión”, y además involucra a los organismos de investigación como CIC y CONICET, porque
explica que los becarios perciben un sueldo de los mismos, pero la infraestructura y los servicios dependen de la Universidad, que “hoy por hoy hace todos los esfuerzos”.
Recién ahora el CONICET ha planteado un Plan de Infraestructura para sus institutos de doble dependencia con las universidades: “De todas ellas los institutos compartidos con la UNLP representan un 25% de los casi 400 millones de pesos en obras”, explica Tezón.
Por su parte, Fiandrino menciona otra convocatoria proveniente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, “un programa para los institutos de investigación a los que les habían dado equipamiento y personal a los efectos de que puedan adecuar los lugares de trabajo”. La UNLP presentó “unos trece proyectos de Exactas, Naturales, Medicina, Veterinaria, que suman 3 millones de pesos”.

Responsabilidad de todos

La situación de infraestructura preocupa, sobre todo, porque se trata de un problema que requiere decisión política, una gran inversión y un tiempo prolongado de ejecución. Mientras tanto todos apuntan a la necesidad de una mayor toma de conciencia por parte del investigador, del peligro al que se expone y de la responsabilidad que tiene frente a su grupo de trabajo. En los últimos años se han empezado a desarrollar en CONADU así como en las universidades diferentes cursos de formación en temas de seguridad e higiene para todo el personal comprometido.
Este aspecto también tiene sus puntos críticos en el sistema de investigación, pues como De Feo indica “la producción del investigador hoy se mide por los trabajos que publica, ´presión del paper´ le decimos nosotros, y eso hace que descuidemos muchos caminos intermedios por objetivos finales”. Para Petrucheli estos “atajos” son “uno de los mayores provocadores de accidentes de trabajo por comportamiento”.
Tezón reconoce que “la primera dificultad a vencer es en materia de costumbres,
hábitos o cultura” donde “juega un papel central la capacitación de cada uno de los actores: autoridades, investigadores, becarios, profesionales y técnicos de apoyo como un primer paso para garantizar el éxito de cualquier iniciativa”.

Ocuparse

“Un laboratorio acreditado debe contar con las instalaciones aptas para las prácticas planteadas en un proyecto, los procedimientos deben estar probados y el personal capacitado y entrenado. Solo así las actividades deberían ser financiadas”, dictamina Tezón. Esa exigencia firme y necesaria, plantea, sin embargo, una paradoja: si esos fueran los requisitos a cumplir, ¿cuántos
laboratorios pasarían los controles? ¿cuántas investigaciones en curso no deberían haber sido aprobadas? ¿cuál sería el impacto sobre el sistema científico nacional? Para Petrucheli “después de cuarenta años de abandono de la Universidad, de no inversión por par te del Estado, se está trabajando mucho y hemos avanzado”. Por su parte, el balance de Campana implica
reconocer que “con los años, es como si esa comunidad se fuese suicidando en cuotas”, mientras que “esta etapa, en par ticular, nos encuentra con otras condiciones y expectativas”. Fiandrino explica que desde Rectorado “se está apuntando a la gestión de la salud y seguridad” que consiste en “un método que hay que implementar desde la autoridad máxima: rector, decanos, secretarios y después cada uno de los jefes, que tengan espacios y personal a cargo”.
El debate abierto necesita trabajadores responsables y, fundamentalmente, una definición política respecto de la importancia estratégica del sistema científico y tecnológico nacional, que se traduzca en una fuerte inversión en la transformación estructural de los laboratorios e institutos de investigación.

La hora de las aguas

2009-03-29T18:14:00.000-07:00

Algunos especialistas aseguran que la disputa más importante de este siglo será por el agua. Las zonas donde el recurso se presenta en gran cantidad son el foco de atención de los países más ricos. En Argentina, las privatizaciones consolidaron el trato del servicio como un negocio y multiplicaron el problema. ¿Quiénes toman hoy agua potable? ¿Qué beben los que no acceden a esa red? ¿Saben los peligros que implica? ¿Pueden hacer algo para revertir la situación? Proyectos de la Universidad apuntan al acceso de todos al agua potable, allí donde el lucro privado atenta contra los derechos humanos.

Por Josefina Oliva

La situación de los recursos naturales es cada vez más una preocupación en el mundo actual, por alteraciones que se han dado en el globo en forma natural o, entre otras causas, por la gran devastación y contaminación que día a día sufre el medio ambiente debido a la acción humana y en especial a su actividad industrial. Esta preocupación alcanza a los recursos hídricos y, a la hora de pensar lo que se avecina, el pronóstico que dan especialistas, informes internacionales y hechos concretos, no es nada alentador sino todo lo contrario.
La disputa del agua podría ser la causa de las guerras del siglo XXI. “El agua es un recurso estratégico. Todo recurso estratégico conlleva en sí la hipótesis de un conflicto donde hay poderes y está la posibilidad del enfrentamiento de esos poderes usando al máximo toda su fuerza para resolver el conflicto en beneficio propio”, explica la historiadora Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica y secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), autora de Las guerras del agua. Un recurso escaso en peligro.
Vivimos en un planeta conformado en dos terceras partes por agua, de las cuales el 97,5% se encuentran en mares y océanos, por lo tanto es agua salada.
Solamente un 2,5% es agua potable repartida entre agua superficial y subterránea. Al mismo tiempo, de ese 2,5%, el 90% se encuentra congelada, mientras que de la porción restante –lo que se encuentra en estado líquido–, entre un 30 y un 40% se concentra en los denominados acuíferos subterráneos. Allí radica la importancia del reservorio de América del Sur, compartido por Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, que es el cuarto en importancia del mundo en cuanto a volumen, pero es el primero en recarga anual: el Acuífero Guaraní.
“Si uno ha visto a Irak invadido por el petróleo, a A fganistán invadido por el gas, el golpe de Estado orquestado contra el presidente Hugo Chavez por la oligarquía venezolana con la complicidad y la ayuda del departamento de Estado norteamericano, que tuvo que ver con la decisión de Estados Unidos de apoderarse del petróleo pero también con que Venezuela es una de las ocho llaves que abren la puerta a la Amazonia, entonces no podemos pensar que los países que tenemos agua no vayamos a sufrir intentos de esta naturaleza”, sostiene Bruzzone, que trabaja como asesora ad honorem del Congreso Nacional en temas vinculados a recursos estratégicos: “La Amazonia es la zona más rica del planeta en agua y biodiversidad, y además tiene una serie de minerales y recursos estratégicos de primer nivel”.
En los últimos años, la zona de la triple frontera se ha convertido en un punto estratégico: “En el caso de América del Sur, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero sobre todo contra el narcotráfico, por ejemplo a través del Plan Colombia”, resalta Bruzzone. “Esto ha permitido sembrar de bases todo lo que es la frontera amazónica”. Un dato adicional que evidencia el interés sobre el Acuífero Guaraní por parte de las grandes potencias y sobre todo de Estados Unidos, es que en el año 2000 su monitoreo pasó a disposición del Banco Mundial.
Previamente, en 1994, el geólogo Miguel Auge, graduado de la UNLP y profesor titular de Hidrología de la Universidad de Buenos Aires, junto con un grupo de universitarios de los países que albergan este recurso, había comenzado a investigarlo (ver “Se lo lleva el agua”.)Sin embargo, hoy el estudio y el control están en manos del organismo internacional con sede en Estados Unidos.

Litigios comerciales

En Argentina, el proceso de las privatizaciones también golpeó a los recursos hídricos. Tanto en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el periodo ocupado por la empresa Suez como prestataria del servicio de agua potable, culminó con una cadena de juicios que el Estado tiene que enfrentar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
Argentina adhirió al Ciadi durante el gobierno de Carlos Menem, haciendo un guiño al sector privado internacional. Ahora están en juego, en ese organismo, millones y millones de dólares, tras la rescisión del contrato que se caracterizó por las altas tarifas, los incumplimientos en el orden de extensiones y sustentabilidad, y falencias en la calidad del agua potable.
El último 28 de marzo en Córdoba –la provincia donde la multinacional sigue interviniendo– la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV), organizó un Juicio Popular contra Suez. Además de diferentes organizaciones, participaron muchos vecinos que plantearon su situación. Fue en el marco del tercer “Tinkuyaku”, una actividad que se viene realizando en forma consecutiva desde 2006, cuyo nombre proviene del quechua y significa “encuentro con el agua”.
“Nos conectamos como corresponde. No es la conexión individual sino que es una conexión colectiva, en trabajos comunitarios, en zanjeos comunitarios”, relata desde Córdoba Gustavo Spedale, que fue trabajador de Obras Sanitarias y dirigente gremial hasta el momento de la privatización. Hoy tiene otros trabajos, pero esa experiencia le permite llevar a cabo las “conexiones” que desde la CCODAV empezaron a realizar en 2006. “Hay una valoración por parte de los compañeros vecinos que nos permite decir ´bueno, así hemos obtenido el agua´, y eso ha ido creciendo un poco. Por ahí nos va superando la demanda de cómo podemos organizarnos ¿no?”, dice con una sonrisa. Según calcula, llevan ya 400 conexiones hechas en villas o asentamientos que carecen de agua. "También los otros sectores nos vamos organizando a través del rompimiento de los cepos. Los cepos son los que se ponen en los medidores para impedir que el servicio de agua continúe con normalidad cuando llega al grado de morosidad… A esto le llamamos la apropiación de la red de agua”. “A la empresa privatizada, lo único que le interesa es brindar el ser vicio a los sectores pudientes, a los que pueden pagar”, sintetiza Bruzzone. De esta forma, el agua está pensada “como una mercadería, sujeta a las leyes de ofer ta y demanda del mercado. Algo a lo que yo accedo si tengo dinero, y si no tengo tendré que tomar agua contaminada o morir de sed, o que la suer te me ayude a sobrevivir; y no como un derecho fundamental, a la salud y a la vida, un bien social inalienable que tiene que ser objeto
de política del sector público”.
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, además de la empresa que cubre la mayor parte del territorio (hoy la estatal ABSA, que reemplazó a la privatizada Azurix), existen muchas cooperativas que se encargan de proveer ese bien elemental. Un caso es el de la localidad de Piedritas, partido de General Villegas, donde llevan a cabo esa tarea desde hace más de 10 años.
“El agua que ABSA entrega a General Villegas no es lo mismo, es intomable, es de mala calidad”, plantea Miguel Gonzales, uno de los miembros a cargo de la cooperativa. Allí el problema más frecuente es la presencia de fluor, por lo que llevan a cabo un proceso de ósmosis inversa asegura la calidad del agua.
Pero hay muchas poblaciones que no cuentan con emprendimientos de ese tipo, o a las que no les llega el agua de red. ¿Qué se hace en esos casos? Materia Pendiente consultó al ingeniero Eduardo Leyes, jefe del Departamento de Planes Hidrológicos de la Autoridad del Agua (ADA), quien contestó con seguridad: “La gente que no tiene dinero, ya tiene formas culturales de captación del recurso...” (ver “La voz de la autoridad”).

Fuera de la red

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas dadas a conocer en el 4º Foro Mundial de México (2006), hacia 2020-2030 habrá una población de 8 mil millones de seres humanos, de los cuales unos 7 mil millones no van a tener acceso al agua potable.
Hoy mueren en el mundo 5.500 niños por día debido a enfermedades relacionadas con la falta de agua segura y de saneamiento básico, según indica Bruzzone en su último libro, publicado este año. Los datos son alarmantes y muestran la realidad de las personas que no tienen acceso a un agua limpia y sana, que beben agua de pozo, muchas veces en pésimas condiciones de contaminación, o que directamente mueren de sed.
Como explica el doctor en Ciencias Bioquímicas Patricio De Urraza, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, muy pocas veces el agua de pozos es potable, porque en general quienes los construyen no tienen el suficiente conocimiento para asegurar la potabilidad. Las perforaciones se hacen poco profundas, multiplicando la posibilidad de existencia de bacterias y contaminantes físico-químicos nocivos para la salud. “Hoy nosotros ya sabemos que si vamos a algún lugar y la gente toma agua de pozo, y el pozo lo hizo el vecino y tiene 10 metros de per foración, el agua está contaminada. Esto es acá, en Florencio Varela, en Brandsen...”, explica De Urraza, participante del Proyecto de Extensión “Análisis de la potabilidad de las aguas en La Plata y alrededores”, más conocido como “Taller de Aguas”, donde también intervienen universitarios de las facultades de Trabajo Social y de Bellas Artes. El trabajo comenzó en 1991, por una iniciativa de estudiantes de Ciencias Exactas: se pusieron a trabajar contactándose con gente de diversos barrios a la que no le llegaba la red, para evaluar las características del agua que estaban bebiendo, proveniente del subsuelo.
Hoy el proyecto continúa y sigue encontrando en los barrios que un gran porcentaje de la población de La Plata y alrededores no accede al agua potable. “El objetivo es ir y charlar con la gente acerca de qué significa tener agua potable, que es un derecho, y que es un recurso estratégico hoy por hoy: hay que tenerlo, usarlo y defenderlo. Si bien el objetivo no es llevar agua de red porque no tenemos los medios, muchas veces es la consecuencia, porque una vez que se pone en discusión, la gente va teniendo eso en la agenda y usa las herramientas que les damos para disparar el problema”, comenta De Urraza.
A medida que fue pasando el tiempo se asistió a diferentes lugares. Pero en los últimos dos años se instaló sobre todo en el barrio La Rotonda, de Florencio Varela: “Un lugar al que llegamos por uno de los propios integrantes del proyecto, que vive en la zona y que dio cuenta de los problemas de salud existentes allí, sobre todo en los más chicos”, cuenta la profesora Leda Giannuzzi, directora del proyecto. Se trata de un barrio rodeado de industrias, en el que si bien los habitantes se han encontrado con nuevas posibilidades laborales, los efluentes han ido influyendo en la salud de la población y hoy “es muy alto el contenido de plomo en sangre que se encuentra en los más chicos”, expresa la doctora en Química.
La Rotonda ha sido además el punto de enlace entre el “Taller de Aguas” y otro proyecto, titulado “Determinación de trazas de metales pesados en aguas subterráneas y superficie”, que comenzó en 2007 y que dirige la profesora de la UNLP e investigadora del CONICET María Inés Florit. Desde un principio el trabajo se basó en detectar la presencia de plomo, y posteriormente la de otros metales como cadmio, cinc, cobre, arsénico y mercurio, “que si bien no son tan complicados como el plomo tienen sus dificultades. Todos estos metales pesados son tóxicos a par tir de una cier ta concentración. Plomo no debería haber nunca, ni cadmio, ni cinc.
Porque todos son acumulativos, fundamentalmente en el hígado. Vos te tomás esta semana 100 litros de agua y te comiste un cachito de plomo... aunque la hayas calentado para el mate. Eso está abajo de lo que dice la norma; no te vas a intoxicar. A la semana siguiente te tomas otro y otro y tu organismo no los elimina, entonces tarde o temprano, en el devenir del tiempo, te empezás a intoxicar”, explica Florit.
Los impulsores del proyecto también tomaron muestras en Ezeiza, en las cercanías del Arroyo Seguí y en la zona del río Juan Gómez (Provincia de San Luis), un lugar de intensa actividad minera. En general han tenido en cuenta zonas rodeadas por industrias.
En el caso de Florencio Varela, a esa situación se suma el cercado de la autopista. “Por supuesto las autoridades juran por la luz de sus ojos que en la autopista no pasa nada. Pero la autopista es un dique de contención, las napas están muy altas y los desagües se ven dificultados. Si vos a todo eso, le sumas la presencia de industrias, curtiembres, y a los baches en la calle que los recubrieron ¡con plomo!... Encima la lluvia es ácida. Al lado hay una empresa de baterías,
de fabricación y reparación de acumuladores para autos, eso en su espíritu tiene plomo. Y eso está a cielo abier to, así que las plantas toman el vapor, viene una lluvia y todo eso cae”, advierte la coordinadora del proyecto de extensión.
Naturalmente contaminados Así como hay contaminantes que son producto de efluentes industriales, por lo tanto consecuencia del accionar del hombre, están también los que no lo son y que, por lo contrario, están en las napas desde hace millones de años. Es el caso del arsénico, que se encuentra naturalmente, por causas geofísicas.
En nuestra provincia, sobre todo en la zona de la llanura chacopampeana, el arsénico se encuentra en un alto grado. Hoy en día es muchísima la gente que bebe agua de pozo con ese componente. Y el arsénico no se elimina hirviendo el agua o colocándole cloro.
Teniendo en cuenta esta problemática, en 2005 otro grupo de profesionales, pertenecientes a las facultades de Ciencias Exactas y de Ciencias Naturales pusieron en práctica un proyecto sobre la presencia de arsénico en aguas, sobre el cual venían investigando hace años. En el trabajo, dirigido por la doctora en Química Lía Botto, confluyeron el Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR), el Instituto de Recursos Minerales (INREMI), la Planta Piloto Multipropósito (PLAPLIMU) y el Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas (CINDECA).
Una vez que obtuvieron la forma para eliminar el arsénico, investigaron cuál era la mejor manera de llevar a cabo el proceso en las distintas poblaciones. “Hicimos una experiencia piloto con una capacidad de tratamiento de 2000 litros por día –explica Botto– y el resultado, desde el análisis inicial y el análisis final luego del tratamiento, que no duró más de 5 horas, fue de 150 par tes por billón, que es un valor considerable, a menos de 5”, es decir, un valor por debajo de lo establecido por la OMS.
Para hacerlo se necesitaron tres tanques de 2000 litros cada uno. En el primero se efectuó un tratamiento del agua utilizando un adsorbente natural durante 30 minutos. Pasado ese tiempo se procedió a la decantación del sólido, ayudado con el agregado de una pequeña cantidad de coagulante. Luego, el líquido se pasó a un segundo tanque en el que se ajustó el contenido del coagulante para facilitar la total decantación y eliminación total de la turbidez.
Esos dos últimos tratamientos llevaron un tiempo de aproximadamente dos horas cada uno. Finalmente, el líquido pasó al tercer tanque, en condiciones ya aptas para su consumo.
El volumen con el que se trabajó está vinculado con la cantidad que una población necesita de agua por día. La idea es encontrar la forma para que se pueda hacer el procedimiento con una mayor cantidad, y también con mucho menos, “así cada uno lo puede hacer en su casa”. Podría ser la solución para una parte importante de la población, que no recibe agua de red, y que quizás ni siquiera sabe acerca de la presencia del contaminante, como suele pasar en muchos lugares.
Desde el Autoridad del Agua explican que su tarea “debería ser” contar con un inventario que detalle la calidad del agua de toda la provincia de Buenos Aires, e “informar” a la gente al respecto para encontrar las salidas correspondientes. En ese sentido, según Eduardo Leyes, “hay soluciones caseras” para el arsénico. Pero la tarea de los profesionales que integran el mencionado proyecto de extensión, así como el resto de los especialistas y militantes por el acceso al agua potable, da cuenta de un alto grado de desinformación.
En todo el mundo y especialmente en nuestra región, las condiciones del agua que se bebe en cada sitio están ligadas a condiciones socioeconómicas. A mayor poder, mayor acceso: la fórmula reproduce el valor del agua como una mercancía y no como un derecho humano.

"Debemos mostrar que la ciencia sirve para algo"

2009-03-15T21:54:00.000-07:00

Entrevista a Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Científica.

"Plasmar el conocimiento en actividades productivas es hoy una actividad inherente a la Universidad", afirma. Insiste en la necesidad de fomentar empresas de base tecnológica, si bien admite que "no podemos esperar grandes inversiones del sector privado". Lino Barañao habla de todo: sus prioridades, los lobbys, el financiamiento externo, la propiedad intelectual y los desafíos de la comunicación científica.

Por Darío Andrinolo y Daniel Badenes

Trabajó en clonación para el zoológico de Buenos Aires, intentando conservar células de animales en riesgo de extinción. En los ochenta fue gremialista del CONICET y soñó con crear una cooperativa de científicos. Docente de la UBA, pasó de dictar Química fisiológica a crear una cátedra de Bioética, "porque tiendo a cubrir los vacíos que detecto". Ahora, a los 52 años, doctor en Química con estudios en Pensilvania y el Instituto Max Planck de Alemania, Lino Barañao trata de seguir asistiendo a su laboratorio, aunque pasa sus días entre proyectos, presupuestos y audiencias en un despacho sin lujo, en el piso que ocupa la agencia estatal de promoción científica que dirigía hace tres meses. El año pasado recibió 700 pedidos de entrevistas en una sola jornada y no fue a raíz de declaraciones polémicas o denuncias en su contra. Ocurrió el día que se anunció la creación de la cartera a su cargo: por primera vez, Argentina tendría un Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la zaga incluso de países vecinos como Brasil, donde hay uno desde 1985. "En Argentina se da un cambio que ya ocurrió en los países desarrollados hace unas décadas –explica Barañao–, que tiende a acoplar la generación de conocimiento con la generación de riqueza, entendida no con la connotación negativa que suele dársele, sobre todo en los ámbitos universitarios, sino en lo que realmente implica como creadora de puestos de trabajo y medio efectivo de promover la inclusión social".

– Tener un ministerio generó muchas expectativas... ¿qué garantías hay de que no sea simplemente una cáscara para algo que ya había?

– Creo que hay dos tipos de expectativa. Una es la que tiene la comunidad científica, que vio la creación del ministerio como un éxito corporativo. Otra es la expectativa de la sociedad o el sector político, que realmente creen que la ciencia y la tecnología pueden ser motores de desarrollo. A mí me preocupa más esta última. Más que un ministerio al servicio de los investigadores, este es un ministerio que pretende usar efectivamente a los investigadores para promover el desarrollo del país. Es una visión diferente, en la que deja de tener tanta importancia la inclusión formal de los distintos organismos, por ejemplo. Ese es un reclamo más endógeno que de la sociedad. Creo que la sociedad desconoce siquiera de dónde dependen cada uno de los organismos; ni le interesa demasiado el cambio de estructura en lo formal, sino que espera ver resultados concretos: un problema que se soluciona, alguna cadena que adquiere competitividad sobre la base de incorporación de conocimiento. Para eso no necesitamos incorporar a los otros organismos: necesitamos financiar proyectos de alto impacto que convoquen a investigadores independientemente de dónde revisten. De hecho ya tenemos una experiencia acumulada en este sentido, a través de los instrumentos asociativos de fondos (como FONCYT y FONTAR) que pertenecen a la Agencia, que integran personal que está trabajando en distintas instituciones. Muestran que no es necesario tener a todos los institutos adentro para luego definir los planes, sino a la inversa: hay que formular metas con cronograma, y avanzar en eso. Para eso estamos gestionando distinto tipo de financiamiento. Hay uno destinado a creación de fondos sectoriales de mayor envergadura para atender a proyectos estratégicos: en energía, salud, agronegocios. Otra línea de financiamiento es para creación de empresas de base tecnológica en diferentes áreas. Y próximamente comenzaremos también un plan de infraestructura científico-tecnológica para ampliar y generar laboratorios...

– Se ha hablado bastante de "áreas prioritarias". ¿Cómo se define un área prioritaria?

– Hay dos procedimientos. Uno es convocar expertos para que opinen sobre cuáles son las prioridades en las distintas disciplinas. La experiencia indica que si uno convoca diez expertos indefectiblemente van a aparecer diez áreas prioritarias. Y si uno convoca tres expertos más, para que achiquen la lista, habrá trece. Eso permite definir el universo de lo posible: no se establecen prioridades porque nadie está obligado a declarar en su contra; ningún investigador va a decir que su tema no es relevante. Este ejercicio ya se hizo: tenemos un Plan Bicentenario de Ciencia y Tecnología que define para las distintas áreas cuáles son las necesidades y posibilidades. Ahora, sobre esa base vamos a fijar un orden de ejecución de los proyectos a partir de la consulta a dos sectores que consideramos relevantes. Uno es la demanda social: problemas de salud, desarrollo social, de trabajo, ambientales... Va a haber un consejo consultivo de la demanda social. Y otro de sectores productivos que demandan tecnología. Eso nos permite, por ejemplo, saber la necesidad de crear un instituto tecnológico para la industria automotriz que pueda desarrollar un motor en Argentina. Ese es un proyecto que ya está formulado y que implica desarrollo tecnológico local, que va a convocar desde ingenieros hasta expertos en nuevos materiales. Fue una demanda que surgió del sector automotriz. En el otro extremo, el Ministerio de Desarrollo Social nos ha planteado temas no resueltos como el acceso al agua potable. Lo que uno puede hacer en esos casos es, en lugar de financiar la oferta, licitar sobre la base de la demanda: dónde ubicamos este instituto de desarrollo para la industria automotriz o quién se encarga de producir tal medicamento. Y hemos descubierto que es interesante hacerlo no sólo sobre la base de la existencia de una masa crítica de recursos humanos, sino del apoyo de los gobiernos locales o provinciales. Esto es una garantía del éxito: tenemos casos muy interesantes, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, en la industria metal-mecánica y en el área de maquinaria agrícola como en la industria lechera. Este concepto de distrito tecnológico ha sido muy eficaz en Italia, que tiene una estructura productiva bastante parecida a la argentina en cuanto a desarrollo de PYMES de alta tecnología. Modelos como el americano, el de los países europeos centrales o los de India o China, nos son totalmente ajenos: no podemos pensar en grandes inversiones del sector privado porque no tenemos multinacionales con base en el país.

– Los problemas sociales o medioambientales, como el caso del agua que es un derecho de todos, no se podrían delegar en las empresas... ¿eso correría por medios tradicionales de financiamiento?

– Cuando hablamos de agua, hablamos de solucionar un problema social y de usar conocimientos generados... Hay muchos desarrollos a un muy bajo costo que son altamente eficaces. Y tiene que haber una participación muy importante de las áreas sociales en este proceso. En muchos casos el problema no es tecnológico: hay que cambiar la cultura. Eso hace a consumir agua segura, hace a los hábitos alimentarios. Es inadmisible que un país como la Argentina tenga problemas de nutrición infantil... La India alimenta a 1.100 millones de personas, 60 por ciento de los cuales son vegetarianos; ¿cómo puede ser que en Argentina, con una superficie casi igual y una población que es centenas de veces menor, haya chicos que no comen adecuadamente? Hay todo un tema de repensar los hábitos alimentarios... Es un problema que las madres adolescentes no sepan hacer otra cosa que un bife, cuando tienen, y si no tienen el chico no come. Hay una cantidad de alternativas para brindar una nutrición adecuada sobre otra base, que garantizan que ese chico no tenga problemas de aprendizaje irreversibles. Estamos pensando en la educación del futuro y hay chicos que tienen limitada severamente su capacidad de aprendizaje porque no se ha nutrido adecuadamente

La industria farmacéutica

Barañao tiene sobre su escritorio la primera edición de Materia Pendiente, abierta en sus páginas centrales. Allí está la experiencia de la producción pública de medicamentos, un camino posible hacia el derecho a la salud pero lleno de piedras. El ministro destaca el apoyo a "algunos proyectos relevantes" durante su gestión al frente de la Agencia y anuncia la pronta entrega de casi 4 millones de pesos a un instituto de la UNLP para producir vacunas (ver páginas 14 a 17). "Creemos que la producción pública de medicamentos cumple un rol esencial en el caso de drogas huérfanas y cuando hay actitudes extorsivas de laboratorios en cuanto a fijar en forma monopólica el precio de determinados fármacos. Ahora con el Ministerio de Salud tenemos una política coherente, que antes no existía. No podíamos fijar unilateralmente la política de salud desde Ciencia y Tecnología, que en ese momento era una Secretaría. Si el Ministerio de Salud no demandaba..."

– ¿En qué medida se siente el lobby de los laboratorios?

– Existe. Probablemente sea más un problema en el Ministerio de Salud. Acá tenemos dos demandas que no son contrapuestas. Por un lado hay instituciones públicas que tienen que liderar el cambio haciendo un desarrollo científico-tecnológico de punta. Por otro, tenemos un compromiso de apoyo a la industria farmacéutica nacional, que debemos respetar. La industria farmacéutica puede ser uno de los pilares de la diversificación de nuestro modelo productivo; estoy convencido de que Argentina tiene ventajas competitivas para desarrollar toda una cadena: desde la investigación básica en biomedicina, experimentación en animales, ensayos clínicos y producción de medicamentos con normas de calidad internacional. Creo que puede ser un polo de producción de fármacos para toda América Latina... Hay rubros que tiene que asumir el sector privado, porque la producción es a escalas que no son encarables desde el Estado. En otras el Estado tendrá que asumir la producción. Pero tenemos que diferenciar cuál es la función de cada sistema. La función del sistema público es fundamentalmente generar nuevo conocimiento y marcar tecnología de punta. No tiene sentido que un grupo de primer nivel de la Universidad envase o alicuote un fármaco: ahí estamos perdiendo recursos no sólo financieros sino humanos, que deben dedicarse a desarrollos que sean la base de nuevos fármacos.

– Pero no hacer producción pública a nivel masivo

– Dependiendo del caso. Por ejemplo: si un medicamento para el chagas es fabricado por una sola empresa multinacional, bueno, el Estado tendrá que salir a producirlo para competir. Lo que no tiene sentido es la producción masiva de un medicamento que el sector privado nacional hace en condiciones de calidad y precio adecuados. La función del Estado es garantizar al ciudadano el acceso a medicamentos de calidad. Y debe salir a cubrir aquellos casos donde el sector privado no tenga una conducta conveniente para el país. Pero no tiene sentido sustituir a la empresa privada; de última estamos quitando fuentes de trabajo a los propios egresados de la universidad. Es una competencia desleal que además le hace perder a la universidad su rol específico en cuanto a ser generadora de conocimientos. Eso el sector privado no lo va a hacer en Argentina. El sector privado no tiene una capacidad de inversión en desarrollo que compense la que tiene la Universidad... Por otro lado, también hay que ser cautelosos y garantizar que todo fármaco que se produzca en el sector público cumpla estrictamente con las normas de calidad adecuadas. Sería muy peligroso si se produjera algún problema con un medicamento: el público en general no va a diferenciar. Va a decir: todo lo que es sistema público está mal, yo no quiero una droga de segunda calidad. Así hagamos vacunas, la sospecha abarcaría a todo. O sea, ponemos en riesgo todo el sistema público.

Innovación productiva

A mediados de los ´50, el impulso nacional a la ciencia y la tecnología se dio mediante la creación de institutos específicos, dedicados a la energía atómica (CNEA), la tecnología agropecuaria (INTA) y la tecnología industrial (INTI), además de un organismo de investigaciones más abarcativo: el CONICET. "Funcionaron muy bien y para muchas cosas siguen funcionando", evalúa Barañao, aunque advierte: "son instituciones que adquieren una lógica interna muy estricta, donde el sentido de pertenencia es muy importante y se establecen conductas
tribales bastante difíciles de vencer. Los investigadores del INTA no se identifican con los del CONICET. Y alguien de una Universidad puede tener un odio ancestral a alguien que viene de otra... Para algunas cosas, esa lógica institucional se contrapone a la necesidad de adquirir masa crítica para encarar proyectos de gran envergadura".

– ¿Qué cambios pretende hacer al respecto?

– Queremos superar esa lógica a través de un sistema de financiamiento suficientemente atractivo como para que confluyan grupos de investigación de distintas instituciones. Eso tiene que ver, de nuevo, con la expectativa de la sociedad. Supongamos que queremos hacer un ministerio de fútbol. Cada club diría: bueno, ahora solucionan mis problemas, yo quiero remodelar la cancha, yo quiero... Pero afuera, aquel que no está identificado espera que haya algún seleccionado que gane algo. Bueno: ese es nuestro principal compromiso hoy por hoy. No resolver el problema tribal o local, sino mostrar que la ciencia y la tecnología sirven para algo. Si no, no hubiéramos creado un ministerio. Para seguir con la actividad cultural y con la actividad atomizada bastaba con la Secretaría.

– ¿Y qué rol tendría que cumplir la Universidad?

– Es una pieza clave. Sin una Universidad que acompañe, el cambio cultural que pretendemos inducir no va a tener lugar. La Universidad tiene que adquirir un nuevo rol, que se adiciona a las funciones que tradicionalmente tenía: la de educar y formar profesionales, la de generar conocimiento y la de hacer transferencia. Hoy la innovación, o sea el plasmar ese conocimiento en actividades productivas, es una actividad inherente a la Universidad. Es muy interesante el caso de Noruega donde, por ley, las universidades han incorporado esta función: tienen que crear empresas de base tecnológica para generar puestos de trabajo. Durante mucho tiempo la universidad estuvo formando empleados para grandes empresas, sean estatales o multinacionales. Básicamente toda nuestra educación está destinada a formar empleados: gente adaptable, obediente, con un conocimiento acotado. Lamentablemente, o no tan lamentablemente, ese esquema ya no funciona porque no existen los grandes empleadores.

– Esas empresas a crear, ¿son empresas del Estado? ¿cooperativas...?

– A ver: si yo siguiera mi corazoncito me encantaría que fueran cooperativas de profesionales... Me parece que es el modelo a seguir porque además es el que distribuye mejor. ¿Por qué queremos crear empresas de base tecnológica? Porque son las que distribuyen más naturalmente los ingresos. Una empresa de software reparte alrededor del 60% de las ganancias entre los que programan; a diferencia de una manufacturera donde el margen de ganancia lo tiene el que puso el capital. Queremos que quien pone el conocimiento sea el que gane más. Entonces la Universidad tiene que generar un profesional más flexible, más adaptable, más creativo. Ahora la obsolescencia del conocimiento es muy rápida: las empresas de software tienen el problema de que hay gente que entró hace diez años que ya no les sirve. Ahí tenemos un problema grave, porque ese tipo después no tiene otra posibilidad de inserción. Nos interesa el proceso de formación continua, que la Universidad también tiene que incorporar. No solamente que entregue un graduado a los 30 años y se olvide. Por otro lado, la tecnología avanza de forma tal que todo trabajo reiterativo, de rutina, tarde o temprano va a ser reemplazado. Necesitamos a alguien con capacidad de crear, de innovar, de moverse con cierta independencia: es un modelo tradicionalmente distinto al profesional que se está formando en forma masiva hasta ahora... Algunos grupos de opinión critican el énfasis en lo privado como si fuera una línea excluyente: cuando hablamos de privado, para nosotros, es la PYME de base tecnológica. Es la PYME nacional, que crea puestos de trabajo. Un poco a lo que uno apunta es a crear un nuevo tipo de empresario. Un empresario que surja del ámbito universitario y que tenga un compromiso por estar en deuda con la sociedad que le bancó la carrera. No es el tipo formado con posgrado en Harvard, que siente que no debe nada a nadie, porque sus viejos le pagaron la carrera y entonces su función es tener el mejor nivel de vida posible.

La propiedad del saber

El teléfono suena cinco veces durante la charla pero el ministro no atiende. Se entusiasma con la conversación y el debate, conciente de que tiene más que dos interlocutores. "Algunos grupos de opinión...", dice para refutar críticas al aspecto más controversial de su discurso: el potencial conflicto entre interés general y fomento de la empresa privada. En el encuentro surge la preocupación por el monocultivo sojero. Barañao sabe polemizar: "Nos quejamos de la soja pero, ¿quién paga el costo de no plantar soja? Hay algunos proyectos muy interesantes que se están haciendo con cultivos alternativos". Cita el caso del amaranto: un cultivo de grano que la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) califica entre los mejores alimentos de origen vegetal para consumo humano. Hace más de siete mil años era cultivado masivamente por pueblos originarios del continente, hasta que los españoles lo prohibieron por temores religiosos: el amaranto era utilizado en rituales. "Me parece particularmente interesante: es un cultivo tradicional de Latinoamérica, de mayor calidad desde el punto de vista nutricional y tiene un amplio rango de aplicaciones: desde encontrar las variedades más efectivas para que sea una alternativa a la soja en la pampa húmeda, hasta algunos proyectos que estamos financiando en Jujuy de producción de alimentos para comedores infantiles basados en amaranto, usando hornos solares para no usar la leña... Un proyecto que cierra por todos lados. Ahí no tenés la gran multinacional cerealera como única beneficiaria, sino al habitante de la puna que además recupera su tradición alimentaria original"

– ¿Qué pasa en estos proyectos con la propiedad intelectual y las patentes? ¿Lo comparten la universidad, el investigador y la PYME? Y en casos como el del amaranto, hay una propiedad intelectual de los pueblos nativos...

– Es un tema tremendamente complejo y por lo tanto no tiene soluciones sencillas. No hay lugar para una posición fundamentalista de decir, por ejemplo, "estoy en contra de las patentes porque atacan a la industria nacional". Está muy bien si vos no tuvieras ningún desarrollo nacional. En la medida en que tenés capacidad intelectual, te empieza a jugar en contra. Lo que hay que tener es una posición hábil. Un poco lo que hace Brasil: limita a la multinacional, le dice "no estoy dispuesto a pagar tanto por este medicamento", y protege todo lo que desarrolla. Y después negociar. Está claro que no podemos regalar la propiedad intelectual porque es un valor que se generó con una inversión pública. El tema del conocimiento en los pueblos aborígenes es fundamental; Brasil también está discutiendo eso. A veces es difícil de aplicar, pero en nuestro caso hay algunas áreas en las que sería tremendamente importante. Y el tema de la formación en las universidades también nos preocupa. En este momento no se da una formación en propiedad intelectual. Ni siquiera se enseña cuál es la dirección de la base de datos de patentes, que es pública, para poder buscar. Se busca en las revistas internacionales y no en la base de patentes; lo que hace que estemos financiando proyectos de investigación que ya están patentados hace diez años. Es un problema del Estado: el investigador dice "no hay nada publicado en este tema", y en realidad no hay nada publicado porque ya está patentado... Muchas veces nos damos cuenta cuando el investigador dice "encontré esto, creo que lo puedo patentar". Y ya estaba patentado antes de que él empezara a hacer su investigación con recursos públicos. Nosotros estamos asesorando, pagando las patentes de las universidades y apoyando la formación de núcleos de recursos humanos. Me contaron que en biotecnología una patente está tardando siete años, porque no hay profesionales expertos en el tema. Cuando sale la patente ya es vieja... El tema propiedad intelectual es clave; tenemos un área particular para esto, con esta óptica: una posición de independencia y cierto margen de dignidad, de defensa de lo que es propiedad del Estado.

Presupuestos

Salvo que lo consulten, el ministro no habla mucho del presupuesto, aunque su aumento y sus destinos deben ser una preocupación de la gestión. "Tenemos una proyección casi para diez años de presupuesto creciente", explica.

– ¿Hay una meta de porcentaje del PBI?

– La meta es llegar al 1% del PBI.

– Más o menos como Brasil

– Más o menos como Brasil.

– No vamos a ser Corea, pero...

– No todavía.

– ¿Ese 1% incluye la participación pública y privada?

– Si... Creo que acá vamos a llegar al 1% y va a seguir siendo 80% pública. Esperamos que a través de la creación de fondos sectoriales (en los que se da a una empresa un subsidio por el 50%, por lo que forzosamente tiene que invertir el otro 50%) logremos traccionar fondos de ciertos sectores que tienen ganancias muy altas. Si uno ve lo que mueve el sector energético y le aplica un porcentaje de 0,005 por ciento, tenés una cantidad de plata imposible de gastar en un futuro cercano... Vamos a hacer un esfuerzo por traccionar inversión privada. Sobre todo porque como las grandes compañías no tienen sede acá, nunca vamos a tener los porcentajes e inversión del sector privado que tiene Estados Unidos, donde una sola compañía farmacéutica te invierte todo el presupuesto de Argentina, porque invierte allá también las ganancias de acá. Nuestro país es más similar a Italia, donde hay muchas PYMES y el Estado les hace el desarrollo...

– En el tema del presupuesto se habla mucho de la cantidad de dinero que se usa de préstamos del BID. ¿Eso va a cambiar?

– Está cambiando. El presupuesto para los Proyectos Científico Tecnológicos (PCT), que en principio eran 62 millones del BID, lo vamos a pasar al presupuesto nacional. Todo lo que es investigación básica lo va a financiar el Estado y vamos a destinar los fondos del organismo multilateral para algunos programas específicos. En definitiva son fondos del Estado, digamos, lo que pasa es que en otros períodos estos organismos ponían condiciones y eso condicionaba las políticas. Hoy por hoy estos organismos tienen ciertos problemas en ubicar sus fondos y el país está en una posición muy diferente para negociar. En el período 2001-2002, por ejemplo, si no hubiera sido por los fondos del BID, hubieran tenido que cerrar los laboratorios. No había plata del tesoro por ningún lado... El financiamiento del BID tiene algunas ventajas, más allá de que no se puede comprar a China o a Cuba, que uno lo puede hacer en paralelo con fondos propios. Hace que uno tenga que discutir con gente que conoce del tema, y pueda contrastar con lo que pasó en otros países. Y una vez que se aprobó, garantiza la llegada de los fondos año a año, o sea que no depende de discusiones del presupuesto nacional. Además impone mecanismos que son sanos en cuanto a la competencia, la evaluación por pares, que no era un sistema instaurado cuando los fondos venían exclusivamente del Estado. Ya la comunidad lo asumió, nadie aceptaría una distribución arbitraria de los fondos, pero bueno: durante mucho tiempo eso fue una imposición, que ahora se ha hecho carne y no necesitamos esa justificación. Pero pretendemos dejar de tener financiamiento multilateral, ya sea porque progresivamente incorporamos un porcentaje al tesoro nacional, como en el largo plazo, la creación de estos fondos sectoriales como hizo Brasil. Y estamos pensando sumar fondos para encarar proyectos de gran envergadura, que necesitan la confluencia de mucha gente (ver recuadro: "En Pocas Palabras"). No vamos a sacar recursos a nadie, no quiero que mis amigos que hacen ciencia básica se sientan amenazados. Se trata de tener proyectos de alta visibilidad social que nos permitan incluso generar más fondos para la investigación básica. Pero si aumentamos el presupuesto varias veces y lo único que ocurre es que pasa de 1,2 a 1,7 el promedio de publicaciones por investigador, estamos mal.

Algunas pistas para salir de la oscuridad

2009-03-15T21:26:00.000-07:00

Ya nadie niega la crisis. Se tomaron medidas como el cambio de huso horario y el reparto de lámparas de bajo consumo, pero cuesta revertir la falta de planificación heredada de los ´90. Estiman que en menos de diez años se agotarán los recursos locales de gas y petróleo, de los que depende la abrumadora mayoría de la energía utilizada en el país. Aquí, especialistas analizan las claves de un escenario que requiere nuevas soluciones. Y cuentan experiencias en curso con energías renovables.

Por Josefina Oliva

Las medidas tomadas por el gobierno nacional y el clima vivido en torno a la problemática energética en los últimos meses ha llegado a tal punto que es necesario un replanteo acerca del camino a tomar. Se trata de un tema que en nuestro país tiene una larga historia que compromete no solamente a la economía actual y el manejo de los recursos. Sino también al abastecimiento de los servicios a empresas y residenciales. Al mismo tiempo crea preguntas sobre el medio ambiente y es allí donde se pone en discusión las alternativas a los tipos de energía utilizados hasta el momento.
Para comprender de qué se trata la denominada “crisis” actual hay que retrotraerse muchos años atrás, sobre todo al gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando la privatización de la sociedad del estado Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) profundizó la política de extranjerización que se venía dando. No solamente se entregaron los yacimientos nacionales sino que además se dio vía libre a la exportación de los hidrocarburos desabasteciendo el mercado interno. Las medidas que continuaron no ayudaron a revertir la situación: cada vez menos se planificó en función de las demandas de energía.

El 2004, el presidente Néstor Kirchner creó la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa). Pero el actual escenario, con el plan de racionamiento energético por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como epicentro, evidencia las dificultades que atraviesa el país hoy y augura las que habrá en los próximos años.

Falta de planificación

El Plan de Ahorro Energético lanzado en diciembre pasado abrió el debate entre especialistas. ¿Basta con medidas como el cambio en el huso horario y el reparto de lámparas incandescentes por las de bajo consumo? ¿O son simples "parches"? "Pudieron haber estado dentro de un proyecto de largo plazo y no están", señala Jorge Barrera, un graduado de la UNLP que se doctoró en Economía de la Energía en la francesa Universidad de Grenoble. "En la década del ´90 se abandonó algo que en la Argentina se había hecho siempre, que es la planificación del sector energético. Hemos dejado de hacer y por lo tanto nos hemos atrasado en cuanto al manejo de herramientas y de tecnología para trabajar en planificación a largo plazo".
En el mismo sentido, el ingeniero y profesor de carrera de Ingeniería Electricista de la Facultad de Ingeniería de UNLP, Mario Beroqui, indica que "de la cantidad de energía que se consume, tanto en la Argentina como en cualquier lugar del mundo, alrededor de un tercio es residencial, y de ese residencial, es otro tercio lo que se gasta en iluminación. O sea que del consumo total de la energía, lo que una sociedad gasta en iluminación es un 10%... Es un ahorro realmente muy chico el que se puede hacer. Siempre es mejor ahorrar que no ahorrar pero el impacto que eso va a tener, no va a cambiar la ecuación de la energía de una sociedad".
La mayoría de las opiniones dan cuenta de que esas medidas no solucionan el problema de fondo, vinculado a que durante un largo período de tiempo, tanto el petróleo como el gas han sido exportados, dejando de lado que se trata de recursos no renovables. A eso se le suma que el Estado no ha tomado partido a la hora de fomentar el desarrollo de inversiones de la mano de las empresas privadas en nuevas exploraciones.
Como lo explica Barrera, "lo que queda es el petróleo más difícil". El "más fácil de hallar" ya se fue utilizando; por eso las petroleras deben dedicarse a la exploración off shore (en el mar), lo cual presenta más dificultades que en tierra y, además, es más caro. Sin embargo, desde el grupo que se identifica como "Nuevo Proyecto de Energía Latinoamericano" (NPEL) remarcan que el mayor nivel de exploración off shore en la Argentina se desarrolló entre 1972 y 1982, cuando los hidrocarburos se hallaban en manos de YPF S.E. Por lo tanto, las empresas ya tendrían un largo camino recorrido. En el libro Saqueo Petrolero, firmado por el grupo NPEL, indican que Repsol YPF y Petrobras "decidieron volcarse a la exploración y explotación marítima porque Enarsa les ofreció un muy buen negocio, (…) porque los mayores y más grandes esfuerzos exploratorios ya han sido efectuados por la YPF estatal y ahora sólo resta confirmarlos, ampliarlos y perfeccionarlos" (Ediciones del IPS, 2007, pág. 73).
La energía utilizada en la Argentina depende hasta el momento en un 94% del petróleo y el gas. Pese a eso, las exportaciones no cesaron. El condicionamiento de frenarlas hasta no haber abastecido el mercado interno tampoco parece ser la solución.
"Creímos que éramos un país que podía exportar recursos naturales no renovables y ahora caemos en la cuenta de que en muy pocos años vamos a ser importadores netos de energía", advierte Barrera y detalla: "La relación reservas-producción, es decir, el cociente entre las reservas comprobadas y la producción anual nos da valores de entre 8 y 9 años para petróleo, y aproximadamente lo mismo para gas. En los últimos años, la actividad privada, las grandes empresas petroleras, no hicieron inversión en exploración. Entre
El 2004, el presidente Néstor Kirchner creó la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa). Pero el actual escenario, con el plan de racionamiento energético por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como epicentro, evidencia las dificultades que atraviesa el país hoy y augura las que habrá en los próximos años.

Rentas ajenas

Muchas fueron las inquietudes que se abrieron con la creación de Enarsa. "La empresa -que nace por decisión de los mismos que defendieron a capa y espada la enajenación de YPF- contará con apenas 25 agentes, y deberá lidiar en el mercado energético con gigantes como Repsol, Petrobrás, Shell y Esso. Las acciones de Enarsa estarán distribuidas de la siguiente manera: 53% Estado nacional, 12%, para las provincias, y 35% abierto al sector privado", indicó el periodista Jorge Vilas en un artículo titulado "Las penas son de nosotros, las rentas son ajenas", a partir del trabajo del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO).
El porcentaje destinado al sector privado mantiene las dudas acerca de la política llevada a cabo por la empresa para que la Argentina lograra obtener nuevamente mayores beneficios de la actividad petrolera. Esto se profundizó en 2006, cuando Enarsa procedió a la firma de convenios para ceder a manos extranjeras la posibilidad de explorar los recursos marítimos.
Asimismo, la decisión del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, de renegociar el convenio con la empresa Pan American Energy para la explotación de los recursos del Cerro Dragón hasta el 2047, acentuaron el problema de la no planificación. En ese sentido, José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA) y vicepresidente del MORENO, expresa: "Argentina no tiene empresas nacionales que representen sus intereses, sino que representan los de cualquier empresa, como Repsol, y otras tantas. Enarsa no es como PDVSA, que es el Estado nacional, al igual que YPFB, en el caso de Bolivia, al igual que Petrobras en Brasil, que aunque sea una multinacional en el exterior, dentro del país es una empresa del Estado". A su vez, Rigane se refiere a que en Bolivia, Venezuela, Ecuador y otros países han recuperado la renta estatal en un 80%, mientras aquí "un 70% de las divisas de las empresas salen del país sin ningún tipo de control. Ni siquiera habiendo pasado por el Banco Central".
Por otra parte, el economista Félix Herrero, otro integrante del grupo MORENO, explica que además de la pérdida de la renta petrolera, con la privatización se perdieron también los recursos naturales, la conformación empresaria y los puestos de trabajo. "YPF tenía más de 55 mil empleados, de los que sólo quedaron uno 6 mil al cabo de la privatización. Cutral Có y Plaza Huincul, General Mosconi, Tartagal, Berisso, Ensenada, Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Luján de Cuyo, Caleta Olivia, son ciudades donde se sintió el impacto de la caída de empleos y la red social que sostenía la YPF estatal", indica Herrero.
La situación de los trabajadores es otra pieza en el rompecabezas de la problemática energética. Mientras a nivel nacional se habla de la composición de Enarsa con unos miles de puestos de trabajo, en Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), ese número alcanza más de 50 mil.
Además, los conflictos entre el gobierno nacional y las distintas empresas petroleras en cuanto a los niveles de precios y exportaciones derivan en diferentes presiones a los trabajadores. Desde NPEL, cuya base está en la Patagonia aunque tiene adherentes en otros puntos de América Latina, han expresado su solidaridad en esos conflictos laborales, que recuerdan las luchas que se antepusieron para impedir la privatización. Marcelo García, uno de los miembros fundadores de la agrupación, habló con Materia Pendiente desde Comodoro Rivadavia: "Los trabajadores en el sur son a nuestro entender los únicos que le disputan renta a las empresas privadas. Con cada una de las huelgas, piquetes y tomas
de las empresas, les están arrancando parte de las ganancias a los empresarios. Habiendo una ganancia tan abultada, de casi 42.000 pesos por minuto (ver página. 20) cualquiera podría pensar que conseguir un aumento de sueldos, tras 15 horas de trabajo diario, no sería difícil y por el contrario las luchas de los petroleros tienen que ser cada vez más duras y firmes para poder sacarle plata a los empresarios". Según relata García, actualmente los trabajadores "siguen ganando bastante menos que antes de la devaluación, con un alto nivel de productividad y explotación, y es por eso que se siguen dando constantemente huelgas en el sector de los hidrocarburos del sur del país".

La miopía del mercado

La "crisis energética" se hizo visible en diciembre y habrá que ver cómo continúa el panorama luego de los tiempos de calor, cuando se avecine el invierno y las falencias no sólo se noten en la electricidad y el combustible, sino también en el gas. Hay que planificar, para no seguir dando manotazos de ahogado.
"Eso también depende de decisiones políticas", plantea el economista Jorge Barrera, que integra la Asociación Latinoamericana de Planificadores Energéticos, entre otras organizaciones dedicadas al tema. "El mercado es miope en todo lo que es el largo plazo y la energía está vinculada al largo plazo. Entonces, el mercado puede funcionar para las decisiones de corto y mediano plazo, y está bien que funcione así, pero las decisiones estratégicas, deben ser tomadas por el conjunto del país, a través de una planificación, con participación de la mayor cantidad de sectores posibles. El Estado se descapitalizó en gente, en técnicos. ENARSA no es el sustituto de YPF, no lo va a ser nunca".
En la entrevista con Materia Pendiente, el ministro Lino Barañao anunció que uno de los "fondos sectoriales" a crear será en esta área, "para cubrir esa falencia que hay de investigación en energía en el país. En una época había institutos como el de YPF cuando era empresa nacional, que hacía investigación relevante, y ahora no existe. Necesitamos no sólo financiar proyectos de mayor envergadura, es decir que trasciendan a un grupo particular, sino crear alguna infraestructura relativa a ese tema: tal vez uno o varios institutos de investigación en energía... También hemos propuesto que la cooperación bilateral con Brasil tenga como eje la producción de energía sostenible: fuentes alternativas, no sólo las clásicas...".
Las políticas que se puedan llegar a tomar presentan diferencias a la hora de pensar un plan que considere las necesidades de los distintos sectores, y que prevea las distintas alternativas que pueden desarrollarse en Argentina. "Nosotros manejamos la energía a través de tres conceptos: como un bien social, como un derecho humano y como un problema de todos", enfatizan en el grupo MORENO: "Se trata de un modelo que toma la energía no como un commodity, como una mercancía, donde la venden al mejor postor, con los criterios de mercado, sino como un valor estratégico".
En ese contexto, hay quienes afirman que hace falta un proceso de integración energética, pero no solamente en cuanto a infraestructura y tecnologías sino a un "intercambio de saberes", en palabras de Barrera: "Nosotros no debemos importar gas de Bolivia para resolver solamente nuestro problema, tiene que ser un intercambio equilibrado. Ellos tienen un recurso natural y tiene un valor cada vez más importante. Entonces hay que darle valor a eso, y hay que devolver con inversiones y con transferencia de tecnología, formas que ellos necesiten. De alguna manera tiene que ser eso, digamos, intercambio entre hermanos, entre países hermanos y pueblos hermanos, en donde cada uno aporte lo mejor que tiene".

Las alternativas

Es sabido que los combustibles fósiles (gas y petróleo) no son renovables; si bien eso parece no haberse tenido en cuenta a la hora de elaborar planes energéticos en la Argentina.
Ese tipo de recursos presentan una desventaja en su uso habitual: por ejemplo, a la hora de cargar gas oil, se aprovecha sólo el 20% de la energía. A eso se suma el grado de contaminación ambiental que producen.
Ante esta situación, existen alternativas vinculadas al uso de fuentes primarias de energía, como la eólica (producida por los vientos -imagen 1-), la solar, la geotérmica. Walter Triaca, investigador del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, trabaja en un proyecto basado en la utilización de energías primarias renovables (sol, viento) combinado con el uso de tecnologías del hidrógeno, lo que configura un sistema sostenible de energía, saludable para el medio ambiente. Según describe Triaca, se trata de "un sistema de alta eficiencia, con prácticamente emisión nula de contaminantes" (imagen 3). "El hidrógeno es una sustancia que se puede generar fácilmente a partir de energías renovables primarias. Además tiene la ventaja que es el elemento más abundante de la naturaleza como constituyente del agua, es la sustancia que almacena la mayor cantidad de energía por unidad de peso y se puede almacenar bajo distintas formas".
El sistema, entonces, actúa de modo tal que a partir de la fuente primaria, energía solar o eólica, se produce electricidad. Con ella, posteriormente, a través de un proceso denominado electrólisis, se produce hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se almacena convenientemente y luego se transporta al centro de consumo donde su combustión produce una energía útil, por ejemplo electricidad. Como las energías primarias son intermitentes, esto es, que por momentos no hay luz del sol o merman los vientos, se necesita una forma de preservación para esos momentos. De ahí la importancia del hidrógeno como almacenador de energía.
A eso se le suma la importancia de las celdas de combustible (imagen 4), "que pueden convertir el 70% de energía primaria en electricidad y el 20% se puede usar como calor. O sea la eficiencia total llega casi al 90%, lo que indica que esa pequeña diferencia también se puede aprovechar", explica Triaca.
En cuanto a las aplicaciones, el sistema es útil en lo que se denomina "generación descentralizada de electricidad", en zonas que están alejadas de las redes de alta tensión. En ese marco, la Facultad de Ciencias Exactas, a través del INIFTA, tiene un convenio en trámite con la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires, para introducir las tecnologías del hidrógeno en un plan para proporcionar energía a zonas rurales o aisladas. También se está prestando asesoramiento en ese sentido al gobierno de Chubut, a través de Secretaría de Infraestructura y Planeamiento de esa provincia.
"El costo de capital para tender una red de alta tensión es muy grande. En Argentina existen alrededor de más de un millón y medio de personas que carecen de electricidad por estar situados en zonas rurales o aisladas. Aún en la provincia de Buenos Aires, el estado más rico de Argentina, hay alrededor de 300 escuelas rurales que carecen de electricidad. En ese sentido este sistema contribuye a la generación de energía eléctrica, además de proveer también calefacción, porque es un sistema que así lo permite. Se aprovecha todo", indica el investigador.
Consultado por los costos de este proyecto, Triaca explica que "teniendo en cuenta que el valor del barril del petróleo, que está cambiando continuamente, está en el orden de los 100 dólares, la producción de hidrógeno con la tecnología más limpia, que sería la electrólisis del agua, es totalmente competitiva con el costo de un combustible como el de la gasolina o el gas oil con sus costos actuales. A eso se le suma la ventaja de no contaminar el medio ambiente".
Otra alternativa para tener en cuenta es una novedosa experiencia que lleva
Ese tipo de recursos presentan una desventaja en su uso habitual: por ejemplo, a la hora de cargar gas oil, se aprovecha sólo el 20% de la energía. A eso se suma el grado de contaminación ambiental que producen.
Ante esta situación, existen alternativas vinculadas al uso de fuentes primarias de energía, como la eólica (producida por los vientos -imagen 1-), la solar, la geotérmica. Walter Triaca, investigador del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, trabaja en un proyecto basado en la utilización de energías primarias renovables (sol, viento) combinado con el uso de tecnologías del hidrógeno, lo que configura un sistema sostenible de energía, saludable para el medio ambiente. Según describe Triaca, se trata de "un sistema de alta eficiencia, con prácticamente emisión nula de contaminantes" (imagen 3). "El hidrógeno es una sustancia que se puede generar fácilmente a partir de energías renovables primarias. Además tiene la ventaja que es el elemento más abundante de la naturaleza como constituyente del agua, es la sustancia que almacena la mayor cantidad de energía por unidad de peso y se puede almacenar bajo distintas formas".
El sistema, entonces, actúa de modo tal que a partir de la fuente primaria, energía solar o eólica, se produce electricidad. Con ella, posteriormente, a través de un proceso denominado electrólisis, se produce hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se almacena convenientemente y luego se transporta al centro de consumo donde su combustión produce una energía útil, por ejemplo electricidad. Como las energías primarias son intermitentes, esto es, que por momentos no hay luz del sol o merman los vientos, se necesita una forma de preservación para esos momentos. De ahí la importancia del hidrógeno como almacenador de energía.
A eso se le suma la importancia de las celdas de combustible (imagen 4), "que pueden convertir el 70% de energía primaria en electricidad y el 20% se puede usar como calor. O sea la eficiencia total llega casi al 90%, lo que indica que esa pequeña diferencia también se puede aprovechar", explica Triaca.
En cuanto a las aplicaciones, el sistema es útil en lo que se denomina "generación descentralizada de electricidad", en zonas que están alejadas de las redes de alta tensión. En ese marco, la Facultad de Ciencias Exactas, a través del INIFTA, tiene un convenio en trámite con la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires, para introducir las tecnologías del hidrógeno en un plan para proporcionar energía a zonas rurales o aisladas. También se está prestando asesoramiento en ese sentido al gobierno de Chubut, a través de Secretaría de Infraestructura y Planeamiento de esa provincia.
"El costo de capital para tender una red de alta tensión es muy grande. En Argentina existen alrededor de más de un millón y medio de personas que carecen de electricidad por estar situados en zonas rurales o aisladas. Aún en la provincia de Buenos Aires, el estado más rico de Argentina, hay alrededor de 300 escuelas rurales que carecen de electricidad. En ese sentido este sistema contribuye a la generación de energía eléctrica, además de proveer también calefacción, porque es un sistema que así lo permite. Se aprovecha todo", indica el investigador.
Consultado por los costos de este proyecto, Triaca explica que "teniendo en cuenta que el valor del barril del petróleo, que está cambiando continuamente, está en el orden de los 100 dólares, la producción de hidrógeno con la tecnología más limpia, que sería la electrólisis del agua, es totalmente competitiva con el costo de un combustible como el de la gasolina o el gas oil con sus costos actuales. A eso se le suma la ventaja de no contaminar el medio ambiente".
Otra alternativa para tener en cuenta es una novedosa experiencia que lleva más de una década, que comenzó el profesor Carlos Cebeiro junto con sus entonces alumnos Juan Ignacio Brardinelli, Fernando Yaninello y Sergio Laurella, hoy docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, en una escuela técnica quilmeña conocida como "El chaparral".
Se trata del uso de aceite vegetal aditivado (ver recuadro) para el desarrollo de energía eléctrica; una alternativa que, a diferencia del biodiesel, no presenta altos costos. "El biodiesel es una modificación del aceite vegetal; se le incorpora otra molécula, que es de origen no vegetal, que es el caso del metanol. El biodiesel es un excelente combustible pero el valor agregado que tiene el biodiesel lo hace inviable para la industria argentina", explican. Durante febrero de 2008, junto con la Subsecretaría de Energía, la distribuidora CAMESSA y la empresa Centrales de la Costa Atlántica (imagen 2), se probó con una experiencia que el sistema funcionaba: se quemaron 25 toneladas de una mezcla de 80% de gasoil con un 20% de aceite. Los cálculos y ensayos de laboratorio mostraban que era factible generar electricidad con ese biocombustible, pero nunca antes se había validado con una prueba de esa naturaleza.
El proyecto apunta básicamente al aprovechamiento del aceite extraíble de semillas que hasta el momento se están quemando o no se están utilizando, en diferentes zonas del país. "A lo que apuntamos es a soluciones regionales", destaca el técnico químico Juan Ignacio Brardinelli, hoy estudiante de Biotecnología en la Universidad de Quilmes, y ejemplifica: "en Tartagal está el aceite de tártago, y actualmente están tirando las semillas. Ellos muy bien podrían usar esas semillas como fuente de energía para Tartagal. Otro ejemplo: el Chaco, por ley, tiene que quemar la semilla de algodón. Esto es: de la cosecha, hay un bajísimo porcentaje con el que se produce aceite de algodón, para un único cliente que hay, y el resto de las semillas se queman. Es una locura. Lo que pasa es que esas semillas, si se amontonan y las dejan por ahí tiradas, producen plagas que afectan a la cosecha de algodón. Pero están quemando oro. Porque ese aceite es un excelente combustible que se podría aprovechar para generar energía, que hace falta no sólo por la crisis energética, sino a niveles regionales, en todos lados. Cuando Gandhi decía que los países pobres no se pueden dar el lujo de no investigar, creo que se refería a eso y no tal vez a las grandes investigaciones de punta que se hacen en el país".
La puesta en marcha de proyectos como éstos dependen en primer término de decisiones políticas. Luego, habrá que tener en cuenta que hay que preparar a una sociedad que vivió más de cincuenta años dependiendo de los recursos fósiles, para pasar a una forma de vida dependiente de las fuentes de energías primarias. Pero eso no impide la discusión acerca de qué hacer con los hidrocarburos y el replanteo de cómo se debe abastecer la demanda de energía en el país. Las distintas pistas están a la vista. Habrá que ver cuáles son las más acordes para el problema argentino.